En San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, a menos de dos meses del cambio de gobierno, un grupo de vecinos representantes de 70 comunidades, manifestaron pacíficamente el pasado 23 de noviembre, para exigir la renuncia del sindicato de empleados municipales del gobierno local, tras saber que el actual alcalde, Timoteo Velásquez, planearía firmar con ellos un pacto colectivo, mientras que las poblaciones de este municipio tienen problemas para acceder a servicios básicos.
Texto y fotos por Omar Pérez
“El nuevo gobierno que entre con gente nueva, el que termina su periodo que recoja a su gente”, expresaron los pobladores de 70 comunidades contra la permanente del Sindicato Municipal de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
La municipalidad funciona como un monopolio que trata de adueñarse del patrimonio de quienes ahí viven. No solo con las concesiones mineras, sino con el bloqueo presupuestario para que las comunidades pueden tener acceso a los servicios básicos, dijo Oswaldo Méndez de Chilive, uno de los dirigentes, antes de iniciar la caminata pacífica.
“Mientras hay carencia en estos temas, la corporación municipal presupuesta el salario de los empleados del sindicato que siguen viviendo de la muni, aun cuando 70 comunidades han quedado en el abandono de la administración”, manifestó Méndez.
La manifestación pacífica del 23 surgió en el marco de los más de 50 días del paro nacional indefinido, que promovieron las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y otros más, para exigir el despido de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, además, de la renuncia del juez séptimo Fredy Orellana.
Una movilización que hasta ahora, ha sido ignorada por el gobierno central, pero que cada día se organiza mejor para hacer presión contra las autoridades.
Ligado a este movimiento de resistencia de los pueblos es que los comunitarios de San Miguel Ixtahuacán se han dado cuenta de que no es suficiente pedir la renuncia del Pacto de Corruptos (así llamado al grupo de políticos detrás del golpe a las elecciones y la cooptación estatal), sino que hace falta fijarse en los actores políticos locales que posibilitan la gran corrupción.
“Nos hemos dado cuenta que en nuestro pueblo hay un grupo de empleados municipales que por muchos años se han aprovechado de las arcas municipales, con sueldos desde Q7 mil en adelante, mientras que no hay oportunidades de trabajo para los jóvenes”, fue el mensaje de los comunitarios.
El problema, en realidad, con el sindicato parte de dos vías. La primera, su relación con el gobierno que sale (señalado por vecinos del desvío de fondos y de obras públicas cuestionables) y la vinculación de este con el Pacto de Corruptos y, la segunda, con una mala distribución del presupuesto anual que los tiene sin posibilidades de vivir dignamente.
“Estamos en contra de tres funcionarios públicos en el Ministerio Público y pedimos su renuncia, pero debemos empezar en el municipio con los que por años han estancado parte del desarrollo de San Miguel Ixtahuacán, al sindicalizar los empleados municipales. También han promovido un pacto colectivo para no dejar su puesto, lo que queremos es que cada gobierno municipal electo llegue con su gente para darle oportunidad a los jóvenes y no seguir alimentando a un grupito con honrosos sueldos”, resaltó Méndez.
Pero el sindicalismo es legal. El artículo 206 del Código de Trabajo, define a los sindicatos como “toda asociación permanente de trabajadores o patronos, cuyo objetivo es el mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes”.
Según las mantas portadas por las comunidades, se encontró que al menos tres de los trabajadores de la municipalidad forman parte del renglón 11 y ganan entre Q7 mil y Q14 mil mensuales.
Ellos son: Wilhem Estuardo de León López, auxiliar de dirección, quien gana Q14 mil 104.10; Manases Abimael Cinto Aguilar, encargado de contabilidad, con un salario de Q9 mil 217.58 y Dulce Analucía Guzmán Mérida, auxiliar de secretaria, con Q8 mil 794.56.
En el país hay más 618 sindicatos inscritos. Y aunque fueron creados con el fin de proteger a los trabajadores, algunos han cometido abusos que reflejan que, más allá de cumplir con su objetivo, pueden ser instrumentalizados por el gobierno para mantener el control territorial.
Tal es el caso del sindicato de la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. La permanencia del sindicato permitiría, según las comunidades inconformes, que sigan controlando la corporación que ahora dirigirá el alcalde de CREO, Jorge Pérez, quien se llevó más del 26% de los votos, según el sistema de transmisión de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La pugna de poderes en San Miguel Ixtahuacán
La pugna de poderes en San Miguel Ixtahuacán, es complicada. En este municipio, existen dos grupos rivales. Uno, que está a favor de los proyectos mineros que han afectado a la comunidad entera y que se consolidaron en posiciones de poder al formar el sindicado municipal en el período del alcalde Sergio Elías Gonzales, mismo que fue quien abrió las puertas a las transnacionales mineras.
Hace cuatro años, un segundo grupo dentro de la municipalidad decidió apartarse de las cuestionadas prácticas en el uso de los fondos de la minería, e iniciaron un frente político de oposición con Ramiro Soto a la cabeza. En 2016, el grupo de Soto ganó las elecciones, pero también fue cuestionado por su gestión. El exalcalde, quien también fue contratista del Estado, falleció en 2020.
