El contexto político actual de constante persecución a voces disidentes y a quienes denuncian la corrupción y la defensa del Estado de Derecho repite las tácticas usadas por gobiernos durante los años de conflicto armado, para evitar críticas a las acciones que violentan los derechos de la población. Actualmente se repite el patrón y según expertos, podría agravarse si se concreta un golpe de Estado para el próximo año.
Por Shirlie Rodríguez
José Esteban, es un joven de 23 años que reside en Quetzaltenango. Desde marzo de este año se integró a organizaciones sociales para informar a la población sobre el proceso electoral, pero después tomó un rol activo para las manifestaciones realizadas en defensa de la democracia y del voto popular.
Usó un seudónimo para dar esta entrevista porque desde hace meses el temor de ser perseguido o acusado de cualquier delito por estar en estas actividades lo mantiene cauteloso. “Me dijeron que ya me tenían ubicado, también que tenían mi número de teléfono y además nos toman fotos en las manifestaciones. Hay mucha desconfianza y en algunos momentos temor porque no sabemos hasta dónde pueden llegar”, explicó Esteban al referirse a las acciones que pueda tomar el Ministerio Público (MP) para reprimir a quienes manifiestan.
Así como José, hay más personas que fueron parte de las movilizaciones y manifestaciones en distintos puntos del país y que se sintieron perseguidos o en tensión por su participación activa en las manifestaciones.
Para el abogado Ramón Cadena, esta es una táctica que también se utilizó durante los años del conflicto armado, se perseguía a quienes supuestamente eran comunistas y se oponían al régimen. El profesional dijo que este fenómeno de criminalización es cíclico y se presenta desde diferentes actores y en diferentes temporadas.
Cadena explicó que después del periodo del conflicto estas acciones para perseguir a las voces disidentes continuaron y durante la pandemia el gobierno de Alejandro Giammattei criminalizó a la prensa y a quienes denunciaban actos de corrupción en la atención de la crisis sanitaria. También ha existido un constante asedio a dirigentes comunitarios desde los territorios que defienden los recursos naturales y se oponen a empresas multinacionales.
Con el inicio del Paro Nacional, miles de personas se concentraron en carreteras, calles, barrios, avenidas y lugares clave que lograron paralizar al país. El 9 de octubre después de una semana de manifestaciones, Consuelo Porras y Alejandro Giammattei dijeron en mensajes en cadena nacional que se cometían crímenes contra la salud y seguridad de los guatemaltecos.
#ParoNacionalIndefinido Los presuntos infiltrados que están provocando la agresión aún se encuentran en la Plaza de la Constitución
Mientras, Giammattei en cadena nacional criminaliza a los manifestantes que llevan ocho días en protestas pacíficas. La misma postura optó Consuelo… pic.twitter.com/6K3gqQNEpf
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 10, 2023
Esa noche un grupo de infiltrados provocaron disturbios en la zona 1 capitalina y con esto existió la intervención de antimotines con gas lacrimógeno.
El MP liderado por Consuelo Porras mantenía su postura para pedir que la fuerza pública interviniera y desalojaran a manifestantes de los distintos puntos.
Líderes o dirigentes comunitarios y autoridades ancestrales rechazaron estas acciones de criminalización hacia las manifestaciones y a través de las redes sociales y medios de comunicación se evidenciaron las formas de protesta que incluían el arte, baile y concentraciones pacíficas.
El abogado Cadena explica que en la fase actual de la coyuntura política se está persiguiendo a quienes defienden la democracia y son varios los grupos más afectados: jueces, fiscales, líderes sociales y periodistas.
“El régimen ataca a aquellos que defienden el Estado de Derecho, así es como se ha venido dando la criminalización en la guerra y en la posguerra. No son etapas que precluyan, sino que se ataca a diferentes sectores y es lamentable porque también provoca detenciones arbitrarias”, agregó.
Para el antropólogo Rigoberto Quemé Chay, la forma actual de cómo reacciona el gobierno en contra de la ciudadanía sí es similar a las tácticas que se utilizaron en tiempos del conflicto interno. La finalidad de la criminalización es mantener las voces críticas calladas, que no se opongan a los actos de corrupción y por lo tanto las denuncias, encarcelamiento y persecución se hace a personajes visibles, así la ciudadanía comienza a temer al expresarse.
Refirió que una de las características de un país democrático es permitir que el pueblo se exprese y no sea vituperado por ejercer este derecho, pero ahora Guatemala criminaliza las voces disidentes y empieza a tener rasgos de países en dictadura.
Criminalizan a la ciudadanía y a la prensa por tuits
En agosto pasado, antes de la segunda vuelta electoral, la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en el que pidió protección para ella, para el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche y para la fiscal Cinthia Monterroso. En el documento legal presentó como pruebas las impresiones de publicaciones y opiniones en la red X (antes Twitter) de ciudadanos, activistas y periodistas. En las mismas, los ciudadanos expresaron su rechazo a las acciones del Ministerio Público por atentar contra el proceso electoral y hostigar al partido Movimiento Semilla, cuyo binomio ganó la presidencia y vicepresidencia de la República para el periodo 2024-2028.
Esta acción fue denegada por los magistrados de la alta corte porque mencionaron que estas publicaciones no representaban riesgo al trabajo del ente investigador o alteraron el orden público.
El abogado Oswaldo Samayoa dijo que esta medida buscaba vulnerar los derechos de la ciudadanía que están garantizados en la Constitución Política de la República, porque parte de lo que pedía la fiscal general era evitar que la población se expresara y con esto vulnerar el derecho de la libertad de expresión.
El argumento de la jefa del MP fue que a través de estas publicaciones se estaba convocando a manifestar en su contra para el 25 de agosto lo cual ponía en riesgo la autonomía e independencia de su trabajo. El recurso fue planteado en contra del presidente Alejandro Giammattei, del ministro de Gobernación Napoleón Barrientos y del jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Ardiano, a quienes pedía que se tomaran medidas preventivas para garantizar su trabajo.
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CC niega amparo solicitado por Consuelo Porras en contra de ciudadanos que exigen su renuncia
Mario Recinos Lima, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó que es nefasto que se utilicen los medios judiciales para poner obstáculo a la libertad de expresión que afecta directamente a la prensa, pero también a la ciudadanía en general.
El diputado del partido Movimiento Semilla Samuel Pérez mantiene un proceso abierto a consecuencia de un tuit que hizo el 27 de octubre en el que reclamó que la CC priorizara un amparo a favor del CACIF para intervenir contra las manifestaciones con la fuerza pública.
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MP acciona contra el diputado Samuel Pérez por una opinión en redes sociales
“Actividades contra la seguridad interior de la nación”, es el delito que supuestamente cometió Pérez y por el cual el MP a través de la fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia y Sindicalistas pidió que le retiren el antejuicio.
Que tenga claro el MP que su persecución lo que me da es risa.
Cerraron el caso de corrupción de la Alfombra Rusa de Giammattei, sacaron a Sinibaldi, cierran el caso de corrupción en el Instituto de la Víctima.
Y resulta que me quieren investigar por un tuit que borré 🤡🤡 https://t.co/fGt7VhawD3
— Samuel Pérez Álvarez 🌱 (@samuel_pz) October 27, 2023
Pilar Bagur es integrante de la Multisectorial de Occidente y reacciona a este tipo de acciones que realiza el MP indicando que con el hecho de que la fiscal general no dé la cara a la ciudadanía se demuestra que es la mayoría la que critica de forma negativa su gestión, pero al tener un Estado cooptado, tiene las armas para callar estas voces.
Bagur añadió que denunciar a personajes visibles como al diputado, a activistas y líderes indígenas, están incrementando el descontento ciudadano y el claro ejemplo son los más de 30 días de manifestación para exigir su renuncia.
Mordaza a la libertad del ejercicio periodístico
Para Recinos Lima, vicepresidente de la APG con el paso de los meses durante este año se reflejó un claro ataque a la libertad de prensa al criminalizar las investigaciones periodísticas y lo que se denunció a través de estas son tomadas como parte de procesos legales para afectar a algunos perseguidos, pero también están limitando el trabajo de periodistas en el país.
Son varios los casos que durante este año reflejan que a través del MP, se ataca a la prensa por realizar su trabajo, uno de estos fue al momento de conocer en audiencia uno de los procesos en contra del periodista del medio elPeriódico, Jose Rubén Zamora.
El 28 de febrero de 2023, la fiscal Cinthia Monterroso pidió al juez Jimmy Bremer que se investigara a los periodistas que trabajaban para elPeriódico porque supuestamente ocurrían en el delito de obstrucción de la justicia por las publicaciones periodísticas que hicieron sobre la detención del periodista Zamora.
El juez aceptó esta solicitud indicando que: “Si se está afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o diputados, o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal de una causa, que se investigue”.
En julio pasado el MP también solicitó información de “las publicaciones en elPeriódico del 22 de julio de 2022 hasta la última publicación” de los periodistas: Jose Rubén Zamora, Gerson Ortiz, Julia Corado, Christian Vélix, Rony Ríos, Denis Aguilar, Alexander Valdéz, así como de los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy.
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MP pide información de periodistas que laboraron en elPeriódico
Mynor Toc, presidente de la Asociación de Prensa Quezalteca explica que en el artículo 35 de la Constitución Política de la República remarca la garantía para ejercer el ejercicio periodístico y que hay formas de cómo reclamar o pedir alguna aclaración a través de procesos que la misma ley define.
Uno de los párrafos del artículo 35 de la Constitución señala que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Otro ejemplo contra el ejercicio periodístico se registró en abril de 2023, en una audiencia del caso de la exfiscal de FECI, Virginia Laparra. la jueza Carmen Acú del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango dijo que la prensa tergiversó información sobre el proceso y por lo tanto no le otorgaron medidas sustitutivas.
El MP en esta misma audiencia hizo referencia a publicaciones de prensa sobre el caso de Laparra. La fiscal a cargo del caso mostró tuits de medios de comunicación a la jueza diciendo que eran en apoyo a la exjefa de FECI y por lo tanto se podría manipular la información que pondría en riesgo el caso.
El 26 de octubre el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto dijo en una entrevista radial que la prensa tenía responsabilidad de la situación del país y que tenía que colaborar para detener las manifestaciones y acciones que tomaba la ciudadanía.
“Los medios tienen mucho que ver en esta crisis, que para mí no es la crisis que muchos miran, y lo voy a explicar más adelante. Pareciera como que el país se está incendiando por todas partes, pero parte de las llamas están en los medios de comunicación, y pareciera que invitan a gente que en lugar de llegar a apaciguar las cosas, venga uno con su leño para hacer más grande el fogarón”, dijo al periodista Luis Felipe Valenzuela de Emisoras Unidas.
“La prensa no ha escapado de la criminalización, a raíz del movimiento de pedir la renuncia de trabajadores del MP, creemos que evidentemente hay una campaña y todo un plan no solo de deslegitimar el papel de la prensa sino también criminalizar al movimiento”, explica Lima de la APG. Agregó que desde este colectivo se evidenció que hay inversión y una estrategia que busca criminalizar el trabajo de la prensa, lo cual se agravó después del proceso electoral.
Tiempos críticos para la libertad de expresión y de prensa el LATAM
El Programa de Protección a Periodistas, Autocuidado y Libertad de Expresión de la Agencia de Noticias Kilometro 169 evidenció que el 2023 ha sido el año más violento para la prensa y las cifras vienen en aumento desde el gobierno de Jimmy Morales.
Hasta agosto fueron 219 actos de violencia en contra de periodistas los que se reportaron y que incluyen violencia física, persecución judicial, acoso en redes sociales, restricciones a las fuentes, censura, amenazas, atentados, entre otros.
“El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas, la desinformación en línea y la vigilancia y el espionaje”, fueron algunos de los factores que denunciaron varias organizaciones desde 2022 como parte del detrimento de la libertad del ejercicio periodístico y de expresión en Latinoamérica.
La Sociedad Interamericana de Prensa, Voces del Sur, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y Artículo 19 hicieron un llamado a defender la libertad de expresión porque la violación a estos derechos eran un sinónimo del deterioro democrático en los países principalmente de Centroamérica.
La clasificación mundial de libertad de prensa evidenció que Cuba es el país con menos libertad de prensa, pero países con índices menores a los 55 puntos, se encontraban en una situación difícil.
Los expertos consultados concuerdan en que aún hay una esperanza para detener el retroceso en la criminalización y persecución a la ciudadanía guatemalteca, pero se debe concretar la toma de posesión del binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Si el golpe de estado se termina de consumar, esto solo se agravará.
