La máxima corte determinó que las publicaciones vertidas en redes sociales de ciudadanos, periodistas y activistas no alteraron el orden público ni limitaron el ejercicio del MP.
Por Alexander Valdéz
Durante una reunión plenaria sostenida por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la mañana de este lunes, resolvieron no otorgar el amparo provisional solicitado por la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
La resolución representa un revés judicial para la fiscal general y los dos fiscales de la FECI, quienes buscaban censurar los comentarios vertidos en sus redes sociales por ciudadanos, periodistas y activistas contra el Ministerio Público (MP).
Según el análisis que hicieron los magistrados, los comentarios que hicieron los ciudadanos no pusieron en riesgo el orden público ni limitaron el trabajo del ente investigador, como intentaron hacer ver en el amparo.
“En este particular caso, analizado los informes circunstanciados, particularmente el rendido por el Director General de la Policía Nacional, esta Corte advierte que el derecho de manifestación fue ejercicio por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público, por lo que, conforme el estado actual de la situación imperante, esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional; además, no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por lo que no procede otorgar amparo provisional”, concluye la CC.
Porras buscó censurar comentarios en su contra
En el amparo, la jefa del MP hizo a la CC una serie de peticiones para que, según ella, se garantizara la “autonomía e independencia” de esa institución. La acción legal se planteó el 24 de agosto.
De acuerdo con Porras, diversas publicaciones de redes sociales atentaban contra el cumplimiento del mandato constitucional del ente a su cargo. Ante ello, pidió a la CC que ordenara la actuación del presidente Alejandro Giammattei, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil.
Según planteó en el escrito, las convocatorias para manifestar y pedir su renuncia, así como la del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la agente fiscal Cinthia Monterroso, violentan también sus derechos.
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Actores sancionados por estados Unidos
Tanto Porras, como Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso tienen en común que fueron incluidos en la lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. Ese señalamiento lo obtuvieron por ser los principales promotores de la criminalización y persecución de exfiscales, periodistas y abogados de Guatemala.
