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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

El Ministerio Público busca investigar al diputado Samuel Pérez por la comisión de un delito, lo señala de haber incurrido en “actividades contra la seguridad interior de la nación” al haberse pronunciado contra la Corte de Constitucionalidad al opinar sobre una resolución. 

Por Alexander Valdéz

El Ministerio Público (MP) anunció nuevas acciones legales contra otro miembro del partido Movimiento Semilla, esta vez, contra el diputado Samuel Pérez. La solicitud para investigar al legislador fue presentada por la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.

Dicha fiscalía acusa al diputado de Semilla del delito de “actividades contra la seguridad interior de la nación”, por haberse pronunciado en rechazo a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) y que avaló la represión de manifestantes que piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Según el MP, el 18 de octubre de 2023, Pérez publicó en su cuenta de redes sociales un mensaje en el que compartió dos fotografías del comunicado publicado por la CC. La fiscalía considera que puede generar desestabilización al Estado Democrático de Derecho que debe imperar en la República.

“Aunado a ello, se presume que publicaciones como esta pueden prestarse para que grupos de personas aprovechen la coyuntura nacional y puedan atentar en contra del régimen jurídico y democrático del Estado de Guatemala, por tanto, se considera que pueden ser constitutivos de ilícitos penales y encuadrar en hechos que atentan contra la seguridad interior de la nación”, dijo el MP en un comunicado.

“Que tenga claro el MP que su persecución lo que me da es risa. Cerraron el caso de corrupción de la Alfombra Rusa de Giammattei, sacaron a Sinibaldi, cierran el caso de corrupción en el Instituto de la Víctima. Y resulta que me quieren investigar por un tuit que borré”, reaccionó el diputado Samuel Pérez.

El 18 de octubre, la CC ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) y a la Policía Nacional Civil (PNC) habilitar el acceso a las sedes del Ministerio Público y detener a los implicados en las tomas, en un plazo no mayor a seis horas. Los magistrados de la máxima corte fueron más allá solicitando al Ejército de Guatemala intervenir en dicha acción.

La CC anteriormente ya había ordenado que se desalojara a los manifestantes en el expediente 1322-2023. Sin embargo, el ahora exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos se negó a reprimir a la población, por lo que el pasado lunes 16 de octubre presentó su renuncia al presidente Alejandro Giammattei.

“Consuelo Porras ha llegado a límites ridículos y es un peligro para la libertad de expresión”, señaló el presidente electo Bernardo Arévalo.

La acción contra el diputado Pérez también hizo reaccionar a muchos usuarios de las redes. Varios incluso le recordaron al MP que según la Constitución en el Artículo 161 inciso b, los diputados gozan de irresponsabilidad por sus opiniones.

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Al MP no le gustan las opiniones en su contra 

Esta no es la primera vez que el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras busca investigar y callar opiniones o comentarios de ciudadanos en redes sociales.  En agosto pasado Porras pidió a la CC un amparo con el cual buscaba censurar los comentarios en su contra y contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso vertidos en redes sociales por ciudadanos, periodistas y activistas.

Según el análisis que hicieron los magistrados, y por el cual no otorgaron el amparo en esa ocasión, los comentarios que hicieron los ciudadanos no pusieron en riesgo el orden público ni limitaron el trabajo del ente investigador, como intentó hacer ver el MP.

Tampoco es la primera vez en accionar contra integrantes del partido Semilla cuyo binomio ganó el 20 de agosto pasado la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Desde la primera vuelta electoral tanto el MP apoyado por el juez Fredy Orellana han buscado inhabilitar al partido pese a estar en medio de un proceso electoral.

Las acciones se han extendido hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en donde ya hasta secuestraron las actas originales de los resultados de la primera vuelta electoral.

Dicha acción ha sido severamente rechazada y criticada a nivel nacional e internacional.  Desde el 2 de octubre pasado se inició el Paro Nacional Indefinido convocado por las autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala. Las manifestaciones se mantienen luego de 26 días de protestas continuas en las cuales se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y del juez Fredy Orellana.

La sede central del MP en la capital de Guatemala es incluso una de las tomas más importantes de las protestas.

Este miércoles 25 de octubre, el subsecretario de Estados para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols señaló luego de una visita y reuniones con diferentes sectores en Guatemala que había severas preocupaciones por los ataques al proceso democrática y electoral en Guatemala, y reiteró que usarán todas las herramientas necesarias para sancionar a los actores que atenten contra la alternancia del poder.

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