La Asociación de Periodistas de Guatemala urgió a Ruth Camey, jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, que resuelva un amparo presentado que pide utilizar la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, de rango constitucional, en casos de criminalización a periodistas y ciudadanía y no la ley Contra la Delincuencia Organizada.
Por Regina Pérez
En la antesala de la conmemoración del Día del Periodista en Guatemala, uno de los gremios periodísticos se pronunció respecto a la criminalización en contra de periodistas y profesionales que están siendo perseguidos penalmente por el Ministerio Público (MP), por opiniones vertidas en medios de comunicación y redes sociales, utilizando la Ley de Delincuencia Organizada.
La Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) recordó que en mayo pasado presentaron un amparo en contra de la decisión del juez Jimi Bremer, por la investigación en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico, quienes informaron del caso de su fundador Jose Rubén Zamora y la exfiscal auxiliar Samari Gómez.
Este amparo busca que las autoridades de justicia reconozcan que la Constitución de la República tiene supremacía sobre las leyes ordinarias, sobre todo en materia de libertad de expresión, señaló Byron Barrera, presidente de la APG. En referencia a la Ley de Emisión del Pensamiento que tiene rango constitucional.
Sin embargo, desde su presentación en la Sala Civil, del Centro de Justicia Civil, los jueces se inhibieron de conocerlo y lo remitieron a una Sala de Apelaciones que también se inhibió. El amparo llegó al despacho del juez Jimi Bremer, quien se excusó de conocerlo, aduciendo conflicto de interés y porque el proceso está a su cargo.
#LibertadDeExpresión 📢 CSJ sin resolver amparo presentado a favor de la libertad de expresión.
Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas señaló que se sigue aplicando la Ley del Combate del Crimen Organizado a casos de libertad de expresión. 🧶
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Finalmente fue el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Ruth Noemí Camey Equité, quien tramitó el amparo y lo envió a la Corte de Constitucionalidad (CC), que acogió los argumentos de la APG, señaló el abogado Esteban Celada. La CC fijó un plazo al Juzgado Segundo para resolver, sin embargo, hasta la fecha no ha respondido.
Barrera indicó que los casos relacionados a la libertad de expresión ha sido conocidos bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada, específicamente con el delito de obstrucción a la justicia, que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) imputó a periodistas y columnistas.
Actualmente, otras seis personas, entre estudiantes, profesores y sindicalistas, que en su momento se opusieron al fraude en la elección a rector en la Universidad de San Carlos (USAC), están siendo perseguidas, al igual que el binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
En el caso de Arévalo y Herrera, así como de diputados de varias bancadas, el MP pidió un peritaje al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para que analizara los mensajes publicados en redes sociales sobre la toma de la USAC. Uno de los delitos que el MP quiere atribuirles es el de “asociación ilícita”, también contenida en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Hay mucha discrecionalidad, hay una interpretación antojadiza de la ley por parte del MP y de algunos jueces, señaló Barrera al referirse a este nuevo caso.
El amparo busca beneficiar a personas a quienes se les señala por emitir opiniones en casos como el de Jose Rubén Zamora y de periodistas en el exilio.
“Cacerolazo” por la libertad de expresión
La APG también anunció una Campaña por la Libertad de Expresión que se llevará a cabo el 30 de noviembre, Día del Periodista en Guatemala, y que se difundirá través de medios televisivos, radiales y radios comunitarias.
Por ello, convocan a diferentes sectores, incluyendo la iglesia y la ciudadanía, para replicar campanas, sonar bocinas y “cacerolas” a las seis de la tarde, en un “cacerolazo” por la libertad de expresión como una muestra de unidad de la ciudadanía guatemalteca ante situaciones que vulneran la libertad de expresión.
El objetivo de la campaña es demandar la solidaridad de la población, “no solo con periodistas y medios sino con todos los actores sociales que denuncian y demandan el respeto a la democracia y al proceso electoral que está siendo cuestionado por grupos minoritarios cuando se determinó que Guatemala ya decidió”, dijo Mario Recinos, vicepresidente de la APG.
“No queremos que Guatemala sea como Nicaragua, donde no se puede emitir opinión, los medios están silenciados y la mayoría de periodistas independientes están en el exilio”, señaló Recinos.
Organizaciones presentan amparo contra juez Jimi Bremer y fiscal regional del MP
