Los exoperadores de justicia participarán en una audiencia ante la CIDH, en la que presentarán información actualizada sobre las consecuencias de esta política de persecución y criminalización en su contra.
Por Prensa Comunitaria
Los operadores de justicia que trabajaron en el Ministerio Público (MP) u Organismo Judicial (OJ) y tuvieron que salir del país a causa de la criminalización expondrán en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis que enfrenta el sistema de justicia guatemalteco.
La audiencia está programada para este miércoles 8 de noviembre a las 15:00 horas de Guatemala y las 16:00 horas de Washington, Estados Unidos, donde se realizará la diligencia ante el organismo internacional. Se espera la participación del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, entre otros abogados anticorrupción que tuvieron que salir del país.
Según las organizaciones, “la intervención de los exoperadores de justicia tiene el como objetivo poner en conocimiento de esta Comisión información actualizada sobre el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala como consecuencia, entre otros, de la profundización de la política de instrumentalización del sistema penal por parte del MP para perseguir a operadores de justicia, abogadas y abogados litigantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos”.
Aseguran que presentarán información actualizada sobre las consecuencias de esta política de persecución y criminalización, tanto individuales para las personas funcionarias de justicia y defensoras, así como colectivas, y las graves violaciones que está generando a los derechos humanos en Guatemala.
“Nos referiremos a situaciones de violación a los derechos humanos que son extremadamente preocupantes, entre ellas las detenciones arbitrarias y los hostigamientos que han obligado al exilio a decenas de personas que han participado en la lucha anticorrupción. Considerando que la mayor parte de personas detenidas son mujeres y han sido sometidas a condiciones contrarias a los derechos humanos, abordaremos esta información desde la perspectiva de género. Nos referiremos finalmente a la extensión de la estrategia de criminalización en el marco del proceso de elecciones nacionales de 2023 y las consecuencias políticas y sociales que la misma ha generado”, indican.
Una red de criminalización operada desde el MP
Los casos contra jueces, fiscales y periodistas anticorrupción tienen un vínculo en común. Una estructura integrada por fiscales y políticos que opera desde el Ministerio Público y que está detrás de la operativización de los casos que ha llevado a la cárcel o al exilio a varios.
Ese mismo grupo, apoyado desde el gobierno central, es el que ahora atenta contra el orden constitucional al buscar por todos medios el bloqueo de la participación del partido Movimiento Semilla, que ganó la Presidencia en la contienda pasada.
La mayoría de actores que han dirigido los casos contra operadores de justicia están señalados e incluidos en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos, entre ellas, la fiscal general Consuelo Porras, quien fue incluida dos veces. Porras ocupa un segundo periodo como jefa del MP luego que con la ayuda de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual ordenó a los comisionados incluirla en la nómina de candidatos, obtuviera la venia del mandatario Alejandro Giammattei.
Casos como los de José Rubén Zamora, Virginia Laparra y Claudia González, los tres en prisión preventiva, son ejemplos de situaciones en las que quienes expusieron corrupción tuvieron que pagar el costo de enfrentar al sistema.
La exfiscal anticorrupción Virginia Laparra y la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, encabezaron casos de corrupción contra funcionarios, políticos, empresarios y narcotraficantes. En la actualidad ambas están en prisión por denuncias de las personas que figuraron como señaladas de acciones corruptas en el país.
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La estructura que opera contra jueces, fiscales, periodistas y ahora partidos políticos
La semana pasada, el Comité de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones unidas (ONU), recomendó al Estado de Guatemala la liberación de las abogadas anticorrupción Virginia Laparra y Claudia González, ambas detenidas por diferentes casos de “criminalización”.
Dicho comité elaboró un informe sobre la situación de las mujeres en Guatemala, en el que incluyó a las defensoras de derechos humanos. En esta parte de su análisis mostraron su preocupación por la situación de las mujeres que han ejercido funciones judiciales en Guatemala.
El Comité señaló que está “profundamente preocupado por los ataques selectivos, el acoso, la intimidación, la criminalización y los casos de represalias contra defensoras de derechos humanos en funciones judiciales”.
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Alto Comité de la ONU recomienda liberar a Virginia Laparra y Claudia González
Laparra fue detenida en febrero de 2022, ha pasado más de 20 meses en prisión preventiva. En uno de los casos fue condenada a cuatro años de prisión conmutables, pena que aún no está firme. En este caso se le acusó de abuso de autoridad en forma continuada por haber denunciado al juez Lester Castellanos, de posible filtración de información.
En un segundo caso, la Fiscalía de Asuntos Internos la acusó de filtración de información confidencial, en ese proceso tiene pendiente iniciar un segundo juicio. Aunque obtuvo libertad condicional, no ha podido salir de prisión.
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