Los casos contra jueces, fiscales y periodistas anticorrupción tienen un vínculo en común. La estructura que opera desde el Ministerio Público (MP) está detrás de la operativización de los casos que ha llevado a la cárcel o al exilio a varios. Ese mismo grupo, apoyado desde el gobierno central, es el que ahora atenta contra el orden constitucional al buscar por todos medios el bloqueo de la participación del partido Semilla en la contienda por la Presidencia.
Por Prensa Comunitaria
Armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas se presentaron los integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) que realizaron un allanamiento en el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos.
En el lugar secuestraron documentos de esa unidad del TSE, sin realizar un procedimiento que garantice la cadena de custodia. Los expedientes fueron extraídos de los archivos físicos y puestos en cajas plásticas sin ningún cuidado ni inventario según lo muestran los videos dados a conocer por diferentes medios de comunicación.
El grupo que realizó la diligencia fue dirigido por Cinthia Monterroso, la misma que llevó el control de la acusación del Ministerio Público (MP) contra el periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora y quien en febrero pasado pidió la investigación contra periodistas y columnistas del mismo medio de comunicación.
Es la misma fiscal a quien, en 2021, la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán pidió investigar por la obstrucción en investigaciones de casos de impacto. El nombramiento de Monterroso para atender casos importantes de la FECI fue autorizado por la misma Fiscal General, pese a las denuncias de investigaciones ilegales en su contra.
La diligencia de este jueves en la unidad del TSE se realizó horas después de que el juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana, ordenara a petición del MP, la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla, una de las organizaciones políticas confirmadas por el TSE para disputar la Presidencia de la República.
Orellana también es un personaje conocido. Es el mismo juez que ordenó la captura de Zamora, que solicitó la extradición del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, que procesó a la fiscal Samari Gómez y quien llevó el caso contra Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado en una parte del proceso contra el periodista. Orellana también es el que, en una fotografía, aparece armado junto al abogado de Gustavo Alejos, señalado en varios casos de corrupción y de manipulación de elección de las Cortes.
No es el único antecedente contra el juez. En abril de este año, la Sala Tercera de Apelaciones revocó un fallo de Orellana, quien había liberado al militar Walter Vinicio Contreras Munguía, acusado de ser parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
Doce horas antes de la diligencia en el TSE, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche anunció la investigación contra el partido Semilla. El fiscal está incluido en la Lista Engel por entrampar casos e investigaciones de alto impacto. “Obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y miembros de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en julio de 2022.
En esa misma lista de actores corruptos ha sido incluida dos veces Consuelo Porras, la fiscal General y la responsable de los nombramientos de Curruchiche y Monterroso al frente de la FECI. Porras ocupa un segundo periodo como jefa del Ministerio Público luego que con la ayuda de la Corte de Constitucionalidad, la cual ordenó a los comisionados incluirla en la nómina de candidatos, obtuviera la venia del mandatario Alejandro Giammattei.
El anuncio de la Fundación contra el Terrorismo
El anuncio de la preparación de un caso contra Semilla se conoció desde abril pasado por medio de cuentas de integrantes de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y de cuentas anónimas que se suman en cada caso donde ellos anuncian que serán querellantes.
Sin embargo, la agilización del proceso contra Semilla se reactivó y agilizó luego del resultado de las elecciones en donde la agrupación sorprendió al colarse a la segunda vuelta electoral y dejar en la cola a los partidos aliados al gobierno que se disputaban tranquilamente la Presidencia.
La información sobre la intención de la FECI para obstaculizar a Semilla y suspender su personalidad jurídica se anticipó en las cuentas de Twitter de los integrantes de la FCT, como ya había ocurrido en casos contra jueces y fiscales anticorrupción, que ahora están exiliados o en prisión preventiva.
Un comunicado y una reja sorpresa
El lunes pasado a las 7:00 a.m. Giammattei publicó un comunicado en donde aseguró que existía una campaña de desinformación en su contra y mencionó que el plazo para el que fue electo como presidente finalizaría el 14 de enero de 2024. La comunicación generó polémica, primero, porque el fin de su mandato está establecido en la Constitución y no depende de él definirlo; y segundo, porque el mensaje se hacía en medio de la tardanza del TSE de oficializar los datos de la primera vuelta electoral.
Estimados guatemaltecos: pic.twitter.com/27m7CT6xLv
— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) July 10, 2023
Dos días después, el 12 de julio, horas antes del anuncio de Curruchiche sobre las acciones contra Semilla, una reja de metal con soporte interno se elevaba alrededor del edificio del MP, lugar en el cual se ubica el despacho de la Fiscal General y la sede de la FECI.
Ese es el mismo lugar donde ahora grupos de ciudadanos están convocados a manifestar contra las acciones llevadas a cabo por esta estructura que atenta contra del orden constitucional.
