Créditos: Emmanuel Andrés
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Funcionarios estadounidenses, la OEA, partidos políticos y diferentes sectores rechazaron las acciones del MP realizadas este jueves en contra de estudiantes, docentes, abogados, sindicalistas, políticos de oposición y del binomio presidencial electo.

Por Shirlie Rodriguez

La resistencia universitaria en defensa de la autonomía de la Universidad de San Carlos se inició en mayo de 2019. La comunidad estudiantil rechazó las acciones realizadas por grupos afines al oficialismo para cooptar la única universidad pública del país.

Estudiantes y catedráticos se pronunciaron en redes sociales, en actividades públicas, en la toma de las instalaciones para denunciar la rectoría de facto de Walter Mazariegos Biolis, quien bloqueó la participación de otras agrupaciones. La denuncia y constante protesta por el fraude está siendo usado por el Ministerio Público para criminalizar y desacreditar la denuncia de fraude en las elecciones de la USAC y continuar la persecución contra los integrantes del partido Movimiento Semilla, cuyo binomio ganó las elecciones generales.

USAC: 200 días de lucha y resistencia contra el fraude

Contra los integrantes de la resistencia en la USAC, el MP presentó, este jueves, órdenes de detención contra el binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, contra cinco diputados y un diputado electo. Además informó que solicitará el retiro de su antejuicio.

En ese escenario, la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su condena por la solicitud de antejuicios en contra del binomio presidencial electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

El secretario general Luis Almagro dijo a través del comunicado que con las acciones cometidas por el MP se estaba violando lo establecido en los artículos 2, 3 y 4, de la Carta Democrática Interamericana.

“La criminalización y la intimidación contra actores políticos y sociales en un marco de persecución política es una grave violación del Estado de Derecho y se aparta de los principios de la democracia”, dice el pronunciamiento.

Los artículos mencionados por Almagro refieren a que los países de los Estados que integran la OEA tienen como elementos esenciales la realización de elecciones libres y justas como soberanía popular, y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“El fortalecimiento de la democracia requiere de transparencia, probidad, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del poder público, respeto por los derechos sociales, libertad de prensa, así como del desarrollo económico y social”, dice el artículo 4 de la Carta.

“Estas decisiones del Ministerio Público constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”, señala el comunicado.

La OEA también condenó las acciones intimidatorias en contra de congresistas, estudiantes y activistas sociales, lo cual provoca un ambiente de inseguridad e incertidumbre para el pueblo guatemalteco.

Denuncian impedimento para la transición

Apenas este 15 de noviembre el presidente de la OEA, Luis Almagro señaló que el proceso de transición de la presidencia se ha desarrollado en medio de la injerencia del MP.

Con el voto de 20 Estados, el Consejo Permanente emitió una resolución para pedir que las instituciones nacionales dejen de intimidar e interferir a funcionarios electorales, a los integrantes del partido Movimiento Semilla y candidatos electos. La representación de Guatemala votó en contra del pronunciamiento.

https://prensacomunitaria.org/2023/11/oea-denuncia-que-el-ministerio-publico-busca-impedir-la-transicion-de-poder-en-guatemala/

En su resolución, el Consejo “denuncia los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, los cuales socavan el proceso democrático y los compromisos de Guatemala bajo la Carta Democrática Interamericana”.

“Enfrentarán las consecuencias”

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols condenó los operativos que realizó el Ministerio Público (MP).

“Aquellos que intenten interferir con una transición pacífica hacia el presidente electo enfrentarán consecuencias”, escribió en su cuenta de X el funcionario estadounidense. Además, dijo que se están preparan sanciones para funcionarios guatemaltecos que atentan en contra de la democracia del país.

Bernardo Arévalo tomará posesión como el presidente del país y, los ataques a su partido, y los esfuerzos para impedir una transición democrática son inaceptables”, agregó.

La Junta Directiva de los 48 Cantones, de Totonicapán, también se pronunció en rechazo a las acciones del MP que, dijeron, pretenden infundir miedo y burlar la voluntad popular.

Luis Pacheco, el presidente de 48 Cantones, expresó su preocupación por las acciones del MP y las calificó de espurias y llamó para que respete la democracia. “Nosotros estamos en asamblea permanente. Hacemos un llamado para que respeten a las autoridades indígenas ancestrales, La ancestralidad tiene más tiempo que las instituciones públicas, incluso que el Estado”, agregó.

En un comunicado también argumentaron que defender la democracia no es un delito, que se demuestra con el caso planteado que pretenden meter a prisión a los críticos de la corrupción e impunidad.

“Este acto es un insulto descarado a la inteligencia de la población pues miles de denuncias que se presentan a diario en el MP son desestimadas… pero cuando se trata de mantener la corrupción e impunidad no escatiman en esfuerzos para poner a las instituciones al servicio de los golpistas”, detalla el documento.

El abogado Juan Solórzano Foppa dijo que el golpe de Estado continúa en desarrollo y que muestra de ello fueron las solicitudes de antejuicio presentadas en contra del binomio presidencial y diputados.

Para Foppa, que los diputados Carlos Barrera, Aldo Dávila, del partido VOS, y que Adán Pérez, de Winaq, y Karin Herrera hayan expresado su apoyo a la movilización de la comunidad de la Universidad San Carlos, en contra de la elección de Mazariegos, se está tomando como un delito.

Rechazan persecución

La Asociación de Estudiantes de Física y Matemática de la Universidad de San Carlos dieron a conocer que su compañero Javier Alfonso de León Gómez estaba próximo a graduarse y además la Universidad Autónoma de México lo había becado para estudiar un postgrado.

“Javier representa lo que Walter Mazariegos odia: un estudiante brillante y comprometido con el desarrollo del conocimiento y de su país”, señala el documento. De León fue una de las personas detenidas está mañana como parte del caso de la Toma de la USAC.

Otras organizaciones que se pronunciaron fueron la asociación de Estudiantes de Agronomía Robin García y la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación, también de la USAC.

Las bancadas de los partidos Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Winaq pidieron el respeto a la democracia y condenaron la detención de integrantes de la comunidad estudiantil. De este último partido también se pidió retiro de inmunidad al diputado Adán Pérez y Pérez.

Quien también se pronunció fue Pedro Vaca, el relator de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien expresó la gravedad de la criminalización de la protesta universitaria. “La preocupación aumenta si los liderazgos que se expresaron por o sobre la protesta también son criminalizados. Y si estos liderazgos son el presidente electo y su equipo lo que está en jaque es la democracia y los derechos humanos”, dijo.

Por otro lado, en la capital del país y en Quetzaltenango se realizaron pronunciamientos en rechazo a estas acciones que criminalizan a quienes participaron en la resistencia contra el fraude de la USAC.

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