El Ministerio Público (MP) realizó indagaciones sobre las personas que participaron en las protestas en el municipio de Ixcán, Quiché, del 2 al 20 de octubre. Solicitando información a la municipalidad sobre la “autorización” de las manifestaciones. Abogados indican que para manifestar no se requiere autorización de ninguna autoridad o funcionario público para ejercer este derecho.
Por Regina Pérez y Joel Pérez Alvarado
La Fiscalía Municipal de Ixcán, Playa Grande, en Quiché, pidió información a la municipalidad sobre los permisos de las movilizaciones que se registraron del 2 al 20 de octubre en ese municipio como parte del Paro Nacional Indefinido, que encabezan las autoridades ancestrales para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios.
En un oficio enviado, con fecha del 10 de noviembre, el auxiliar fiscal 1, Aarón Estuardo Quej, solicitó al alcalde Antonio Elías Calel información sobre la autorización de las reuniones o manifestaciones realizadas en el kilómetro 512, ruta Franja Transversal del Norte; en el puente Chixoy, en el kilómetro 522 cruce Aldea Virginia; y en el 524, en la ruta a Barillas, Huehuetenango.
Esos fueron los tres puntos tomados por quienes se sumaron a la movilización de diversas aldeas de ese municipio durante los 18 días que duró el paro.
#URGENTE 🚨 MP inicia persecución contra dirigentes comunitarios y autoridades indígenas de Ixcán, Quiché, que lideraron manifestaciones durante el #ParoNacionalIndefinido
Según un oficio enviado al alcalde municipal, la Fiscalía Municipal de Playa Grande pide información de… pic.twitter.com/YMnc0mRHIB
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 15, 2023
En el documento se menciona a cuatro personas, quienes supuestamente organizaron las movilizaciones contra la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
Sin embargo, ninguna de ellas dirigió las protestas y tampoco tuvieron un rol activo en las manifestaciones.
Prensa Comunitaria consultó a representantes del Movimiento Social de Ixcán sobre la información, e indicaron que la analizarían y que por el momento no darían declaraciones sobre el caso, que consideraron de criminalización contra manifestantes.
La alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Luz Emilia Ulario, una de las personas que ha encabezado el plantón permanente frente a la sede central del MP, opinó que la población no necesita permiso para manifestar y que si el pueblo está descontento debe hacerlo.
“Sí consideramos que es una criminalización la que se está cometiendo contra los compañeros, más les conviene que no estén intentando criminalizarlos, porque están atentando más contra la democracia”, indicó.
Ulario dijo que son los funcionarios del MP los que provocaron la movilización social, “no es que nosotros queramos estar en las carreteras” y advirtió que no deben continuar con estas investigaciones y provocar a la población.
¿Qué dicen abogados sobre la petición del MP?
El abogado Rafael Maldonado señaló que el derecho de reunión y manifestación no requiere autorización de ninguna autoridad, sino únicamente se debe avisar y, aún si no lo hicieran, no se comete ningún tipo de infracción.
“Que el MP pida cosas que la ley no ordena es lamentable y demuestra la poca capacidad que tiene y que todo es un tema de querer criminalizar la protesta social”, dijo Maldonado.
El abogado constitucionalista Oswaldo Samayoa analizó la solicitud del MP desde tres puntos de vista. Desde el análisis jurídico, dijo, quieren intimidar a las personas u obtener información que tenga la municipalidad sobre ellas.
Desde el punto de vista antropológico, indicó, se está cayendo en una práctica de reduccionismo, para que un pueblo tenga que pedir permiso para manifestar, “eso es de tiempos coloniales”. Y desde la perspectiva de gestión, considera que el MP “está en trapos de cucaracha” al querer criminalizar la libre y espontánea manifestación de las personas.
Por su parte, Eddie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, señaló que el derecho de manifestación está regulado en la Constitución y se ejerce de forma espontánea. “Que un funcionario tenga que dar autorización para la manifestación no es constitucional; segundo, la autoridad que debiese conocer por competencia es la Gobernación Departamental de Quiché, a quien se debió poner en conocimiento que se iban a realizar esas manifestaciones, pero no se necesita autorización de ningún funcionario público”, agregó.
Criminalización de las protestas por las autoridades
Está no es la primera vez que el MP ha querido criminalizar el derecho de manifestación. El 24 de agosto la fiscal general presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que buscaba censurar a la ciudadanía, que desde el 12 de julio, mantenía protestas frente a la sede central del MP criticando a Porras.
Pese a intento de censura, manifestantes piden la renuncia de Consuelo Porras
El 18 de octubre, la CC amparó a Porras y ordenó desalojar a los manifestantes frente al MP en el barrio Gerona, zona 1 de la ciudad capital. En su resolución autorizó al Ministerio de la Defensa “prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario”.
Gracias al diálogo entre manifestantes con la Policía Nacional Civil (PNC) y la medicación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el desalojo no se llevó a cabo.
La misma Corte de Constitucionalidad resolvió que las autoridades determinaran “si las acciones vandálicas y violentas producidas en el marco de las manifestaciones no pacíficas han producido, incluso, delitos de lesa humanidad por provocar el “exterminio de civiles”, resaltando dichas palabras.
El 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresaron su preocupación por las denuncias recibidas sobre acciones que buscaban limitar el derecho a la protesta, entre ellas declaraciones estigmatizantes y amenazas de criminalización provenientes de altas autoridades. Entre ellas la resolución de la CC.
El pasado viernes 9 de noviembre, el alcalde indígena de Sololá, Misrahí Xoquic, dijo en el plantón de la CC que las autoridades ancestrales han recibido amenazas de muerte y de meterlos a prisión. Otras autoridades también han denunciado este tipo de intimidación, aunque prefirieron no ampliar la información.
Sobre la investigación del MP en Ixcán, Cux indicó que el MP ha roto las formas, ha atacado el proceso electoral y la democracia, quebrando el orden constitucional. Las averiguaciones contra manifestantes “sería otra mancha más al tigre que plantearía una actitud autoritaria fuera de la ley de parte del MP al querer criminalizar este derecho”.
Para Samayoa, la manifestación y el derecho de petición no puede ser investigado, sin embargo, dijo que estamos ante un MP que no respeta la Constitución.
La movilización en Ixcán duró 18 días
La población de comunidades de Ixcán, Quiché, durante más de 18 días, se concentró en tres puntos para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y el juez Orellana, quienes según los comunitarios atentaron contra la democracia del país.
Durante esos días los puntos de concentración fueron el puente Chixoy; la carretera que conduce hacia Barillas, Huehuetenango; y la carretera hacia la frontera con México. Aunque en la movilización no se registraron incidentes, durante los últimos días personas cercanas al partido oficial Vamos irrumpieron y bajo amenazas obligaron a los manifestantes a que se retiraran del lugar.
Las manifestaciones encabezadas por las autoridades indígenas comenzaron el 2 de octubre y a las mismas se unieron diversos territorios y municipios que hasta la fecha mantienen una resistencia pacífica frente a la sede central del MP.
