Mientras el Ministerio Público (MP) continúa con diligencias para revertir el proceso electoral, la Contraloría General de Cuentas (CGC) de Frank Bode emitió disposiciones para la entrega y toma de posesión de los cargos públicos municipales.
Por Prensa Comunitaria
El lineamiento principal establecido por la Contraloría General de Cuentas es la entrega de documentación mínima que contenga la información acerca del estado en que se encuentre la gestión al momento del cambio de mando.
De esa manera, se deberá elaborar un formulario de control de traslado de información, además de un acta que tendrá que emitir y utilizar la Auditoría Interna Municipal como resultado de su participación en el proceso de entrega y toma de posesión.
El alcalde o el auditor interno que recibe el puesto verificará y hará constar en el acta que la información requerida y los documentos señalados obren en los registros de la municipalidad. Posteriormente, se deberá enviar una certificación a la CGC.
El objetivo de estos pequeños lineamientos, según la citada entidad, es modernizar y adaptar al sistema de control interno y gestión de riesgos la transición de puestos en los distintos municipios del país.
Los cambios de autoridades municipales se harán el 15 de enero de 2024. Un día antes, tomarán posesión el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, los diputados del Congreso y del Parlamento Centroamericano.
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Respecto a si emitirá disposiciones para el cambio de mando en el Ejecutivo, la CGC no se pronunció. En tanto que el MP ha enfocado sus esfuerzos para que al binomio presidencial electo se le retire la inmunidad.
Por su parte, la Contraloría denunció a los magistrados electorales Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Custodio Franco y Ranulfo Rojas, por la adquisición del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.
La CGC aseguró que hubo una mala calidad del gasto público en la compra del software, derivado de una planificación deficiente. El programa tuvo un costo de Q148.85 millones y se le pagó a la empresa Datasys.
En el Congreso de la República los funcionarios también han sido cuestionados por la compra, pero por otra denuncia. Esta semana, el pleno de diputados podría decidir si les retira la inmunidad.
La Contraloría dijo que su denuncia no tiene relación con los resultados electorales, ya que no tiene competencia para conocer o fiscalizar el resultado de los comicios y señaló que esa es una tributación única del Tribunal Supremo Electoral.
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