Por Marta Elena Casaus Arzú
De la elección al golpe
El triunfo inesperado y sorpresivo de Bernardo Arévalo en la primera vuelta causó estupor y conmoción a las élites gobernantes y de poder. Con una campaña sucia y mentirosa y con el apoyo de todos los partidos políticos intentaron por todos los medios desbancar a Bernardo y apoyar a la candidata Sandra Torres, antes odiada y tildada de “comunista”. De la noche a la mañana empezó a ser bendecida por los evangélicos, adorada por la oligarquía. Ciertas redes familiares se volcaron especialmente en apoyos y en blanquear su nombre y su filiación “comunista”. Hasta los militares y kaibiles la entronizaron como defensora de los intereses de la nación.
Sin embargo, nada pudo contra el arrollador triunfo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera en segunda vuelta, con más de un millón de votos. Desde entonces inició una estrategia de descrédito y de intento de impedir la toma de posesión de la presidencia de Bernardo Arévalo, promoviendo toda una serie de recursos de fraude presentados por los partidos -especialmente la UNE- y los allanamientos de las urnas del MP. Fueron vanos intentos y el TSE declaró a Bernardo Arévalo presidente electo.
Sin embargo, el golpe técnico ya iniciaba su curso, con los avisos del candidato ganador de varios intentos de asesinato y noticias de que se estaba fraguando. El primero en sacarlo a la luz fue Roberto Arzú, quien sin duda por su cercanía con las élites, tenía muy buena información. El segundo en denunciarlo clara y contundentemente fue el mismo presidente electo, avisando que había “un golpe de Estado en curso encabezando por Consuelo Porras”, con el fin de revertir el resultado de las elecciones.
A partir de ahí, los golpistas se agitan e inician este proyecto de acoso y derribo, liderado por el trío compuesto por Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso y apoyado por jueces corruptos como Fredy Orellana. Pero, sin duda alguna, es un plan diseñado y avalado por el presidente Giammattei, su compañero sentimental y la misma camarilla que, durante todo su gobierno ha ido cooptando al Estado, al poder judicial y sus cortes. En ella conviven antiguos militares vinculados a los CIACS, redes familiares que detentan grandes monopolios y abogados vinculados a la contrainsurgencia y con el apoyo de carteles del narcotráfico que los financian.
Los actores más empeñados en abortar este cambio irreversible
Sin lugar a dudas, los que tienen más que perder en esta contienda son los más miopes, ignorantes y corruptos, vinculados con la contrainsurgencia, cuya candidata era Zury Ríos, son y cuyos voceros son la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal, Liga Propatria. Estas asociaciones ya han sido denunciadas sobradamente por apoyar el golpe y varios de sus representantes se encuentran en la lista Engel.
Sus argumentos son tan simples y dicotómicos que dan risa. Plantean que todo ha sido una trampa, que el TSE fue cómplice desde el inicio en la compra del sistema electoral; que es imposible que Arévalo ganara porque iba en octavo lugar; que este candidato es un comunista, amoral y ateo. Y que la sublevación de los “inditos” u “hordas salvajes”, “ignorantes, falsos, vendidos y traicioneros” – en palabras de estos racistas trasnochados[1]-, la lidera y provoca Bernardo Arévalo, la promueven las oenegés, los organismos internacionales, el comunismo internacional, y el Departamento de Estado es el que los financia.[2]
Siguen mostrando su ignorancia y su racismo en contra de los pueblos originarios y sus autoridades ancestrales; sacan en libelos y panfletos las caras de los supuestos culpables del levantamiento popular, criminalizan a algunos manifestantes, de quienes facilitan fotografías, número de DPI y placas, lo que evidencia su relación con cierto sector de la inteligencia militar.
Creen que basta con acusarlos y con culpar a Semilla, responsabilizar a Bernardo Arévalo y criminalizar a los pueblos indígenas y a sus autoridades para acabar con el levantamiento popular. No se dan cuenta de que es un proceso irreversible. Tarde o temprano triunfará, aunque el costo en vidas, sufrimiento y desesperación y las consecuencias serán mayores para la ciudadanía, para el conjunto del país, y sumirá a todos en un proceso de crisis permanente e ingobernabilidad.
Las declaraciones de Ricardo Méndez Ruiz, exigiendo la renuncia de Giammattei y del ministro de gobernación -pero no la de Consuelo Porras- resultó bastante significativo. La renuncia de Barrientos por el hecho de no querer reprimir las manifestaciones pacíficas, y la aceptación de su renuncia por el presidente muestran la fuerza de la Fiscal y, a mi juicio, revela la pugna entre el Ejecutivo y el Judicial, que resulta muy evidente en los dos últimos dictámenes de la Corte de Constitucionalidad.
Muestran con claridad cuáles son las intenciones de un golpe de Estado judicial, dirigido por un sector contrainsurgente encubierto de civiles y de militares que pretenden imponer un estado de sitio o de excepción para llevar a cabo una represión selectiva o generalizada con el apoyo de un sector de la oligarquía. El analista José Alfredo Calderón así lo señala: “son las ocho corporaciones monopólicas con un número aproximado de 22 familias”.[3]
El involucramiento del G8, como suelen llamarse en la jerga coloquial a ese sector de la oligarquía, explicaría la resistencia y fortaleza de la camarilla golpista, que, unida a esos empresarios trasnochados, dicen que apoyan la transición, por un lado, y empujan al golpe por el otro. Así se vio con claridad, cuando no quisieron firmar el comunicado en el que aparece FUNDESA, las cámaras de comercio y turismo, pero sin la del agro e industria.
La implicación del presidente Giammattei y su camarilla ha sido fundamental para fraguar este golpe. La hipocresía y ambivalencia calculada que le caracteriza, es una pieza clave del golpe.
No obstante, el fraccionamiento de los golpistas es cada vez mayor y pierden más y más apoyos dentro de su camarilla, pues se fían cada vez menos de Giammattei. En los últimos días pareciera que hay una doble estrategia entre el presidente, que dice una cosa y hace otra, y la posición del sistema judicial, liderada por el MP de Consuelo Porras y con el control del CC que quiere ir mucho más lejos y dar un golpe de estado judicial con el apoyo de los sectores más reaccionarios. Este fraccionamiento interno autoinfligido de camarillas de corruptos es lo que más les debilita y más fisuras les está produciendo como bloque de poder.
Si triunfara la propuesta de permitir que el Congreso designase un candidato para la presidencia, desconociendo el triunfo de Arévalo e ilegalizando a Semilla, sería la opción más fraudulenta y más delicada y peligrosa para todo el país y, sin duda, para un sistema democrático. A pesar de que es factible, dado su desesperación y fracasos anteriores, provocaría una situación de ingobernabilidad y una crisis institucional y orgánica de consecuencias impredecibles.
El empresariado golpista
Otro grupo que permanente está bloqueando el proceso de cambio y transición pacífica, es el empresariado más recalcitrante. Afortunadamente no son todos. Un buen número de empresarios se han manifestado por el respeto de las elecciones, la Constitución y en defensa de la democracia, porque las consecuencias económicas para el país pueden ser enormes si Estados Unidos toma mayores medidas en contra de todos los corruptos y de la economía del país.
Si algo ha provocado esta crisis orgánica es el fraccionamiento del CACIF y del empresariado. Han dejado de lado a unas cuantas familias que detentan monopolios y que, sin duda, están vinculadas con los sectores más recalcitrantes -la Fundación contra el Terrorismo, Liga Propatria, y Guatemala inmortal- y que, además, históricamente han demostrado su profundo temor al día que “los indios bajen de las montañas y tomen la ciudad”, que curiosamente son las familias que más viven del consumo de sus productos.
No quieren darse cuenta de que los tiempos han cambiado y este proceso de cambio profundo es irreversible. Aceptan la “invitación ilegal e inconstitucional del MP”, no sólo para seguir financiándolos, sino para que contribuyan a perseguir a los ciudadanos y a las comunidades que se manifiestan pacíficamente y de que vayan a denunciarlos al MP, convirtiéndose así en sus cómplices y servidores. No se percatan de que estas actitudes racistas, represivas e ilegales tendrán serias consecuencias para los beneficios de sus propias empresas y para el desarrollo de la sociedad en general.
El diagrama y la información que publica Insight crime sobre el comportamiento de estas élites de poder y sus intereses contrapuestos explican con toda claridad contradicciones y fraccionamientos de estas élites. De la misma manera, el extraordinario libro de Alberto Fuentes Knight, La Economía atrapada, muestra a estas élites monopólicas y oligopólicas, y cómo a través de los gestores del poder – “cementos, harina, cerveza, otras bebidas alcohólicas productos químicos, farmacéuticos, acero y banca- mantienen encadenado al Estado a través del control de la política fiscal y monetaria y, en los últimos años, a través de la banca y del financiamiento ilícito”.[4]
Las dos publicaciones explicarían perfectamente la resistencia al programa de cambio, propuesto como punto principal por el nuevo presidente electo: la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilícito.
La burocracia de servidumbre y el crimen organizado
Empleamos este término que se utilizó en los años 60 para denominar a aquella burguesía o clases medias de servidumbre[5], que vivían de las migajas de la oligarquía y de la gran burguesía, cuya aspiración máxima era a llegar a ser como ellos. Creo que el término refleja bastante bien a estos burócratas de servidumbre del sistema judicial, que se pliegan a los deseos de las élites políticas o económicas, buscando sus recompensas, sus favores y la adquisición de status, sin darse cuenta de que las élites políticas y económicas los utilizan en su beneficio y para sus estrategias y que, una vez utilizados, los abandonan o los sacrifican. Es este el caso de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso, Fredy Orellana y de otros muchos que no dejan de ser los sirvientes “escriturados” de la clase dominante, quienes les usan, pagan y tiran cuando no les sirven ya.
Sin duda, esta burocracia es la que está sacando más provecho de esta crisis y la que va a salir enriquecida, si no termina en la cárcel o huida a otros paraísos fiscales. Es esta nueva burocracia de servidumbre vinculada al sistema judicial y cooptada por el gobierno y algunos empresarios, integrada por unas clases medias oportunistas compuestas por “indios permitidos” (en términos de Hale), “Yanaconas” o “perfectos esclavos de la nobleza” (para Irma Alicia Velásquez.[6] También la integran ladinos/as dispuestos/as a prestar sus favores a la élite de poder (no nos olvidemos de que no son estas personas las que tienen el poder, sino las élites políticas y económicas que las alimentan); y un cierto grupo de militares que vienen acompañando este proceso de cooptación del Estado y de Poder Judicial. [7]
A esta burocracia de servidumbre le acompañan los congresistas y los alcaldes que se han convertido en “la voz de su amo” de los partidos políticos, sin responder para nada a los intereses y necesidades de la población. Son como como títeres y marionetas de los partidos, muchos de ellos al servicio del narcotráfico y del crimen organizado. Sin duda alguna, son los que más intereses tienen en bloquear el proceso y en blindar por medio de las leyes amañadas y del sistema judicial que beneficie los intereses de sus amos, recibiendo a cambio prebendas. Por eso mismo coinciden sus intereses.
Los carteles del narcotráfico y de los CIACS son indudablemente un actor fundamental que ha pugnado fuertemente por financiar a todos los partidos para acceder al poder; tienen un fuerte peso territorial ya que, a través de los alcaldes y diputados ganadores en las elecciones municipales, están en casi todas las alcaldías y diputaciones, sirviendo de canales por donde se mueve el flujo de la droga. Estas instituciones han quedado en manos de los partidos más vinculados a diferentes cárteles y dominan el Congreso. Estos son los congresistas que se han convertido en los enemigos de los diputados de Semilla y de su presidente -antes diputado- a quien no le felicitaron cuando entró en el hemiciclo.
Estos dos sectores de servidumbre y de negocios ilícitos son los opositores más cerriles contra la llegada al poder de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera porque están conscientes de que intentarán cambiar las reglas del juego de un Estado penetrado y carcomido por la corrupción y los negocios ilícitos, del que ellos viven.[8]
Actores con una posición ambivalente, cuyos miedos atávicos les impiden dar el paso decisivo
Una buena parte de la iniciativa privada tiene una visión más moderna y menos intereses en la corrupción; se muestran abiertos al cambio y están por la labor de promover una transición pacífica y ordenada y así lo han hecho saber en algunos comunicados, pero siempre de una forma tímida, ambivalente y asustadiza.
El imaginario del racismo y el miedo a “cuando los indios bajen de la montaña y exijan sus derechos” sigue pesando en sus mentes y en sus corazones. Pero, por otra parte, son conscientes de que no se puede seguir con ese modelo ultraliberal ya caduco y que tendrán que entrar en un nuevo formato de capitalismo con rostro humano, abandonando de una vez por todas el capitalismo depredador de la tierra, las personas y el medio ambiente.
Hay que decir también que ayuda la idea de que el CACIF ya no tiene el peso económico de antes, dado que su aporte en el PIB es cada vez menor, comparado con otros sectores, y su incidencia también. A juicio de Leonel Toriello, el error del CACIF es no democratizarse, modernizarse ni permitir una ampliación de sus mercados y dar chance al crecimiento de las clases medias, lo cual les impide crecer.[9]
Los sectores modernizantes de las élites de poder
Además de las declaraciones y comunicados de múltiples asociaciones de profesionales, estudiantes, escritores, intelectuales, colegios profesionales y un sinfín de cámaras, el Consejo de Nacional de Empresarios (CNE) y Centrarse, se han posicionado de una manera firme y contundente, a lo largo de estos dos meses, contra los permanentes ataques a todas las fuerzas democráticas y constitucionales, dando una imagen nueva del empresariado moderno y demócrata.
El último comunicado de Fundesa y de casi todas las cámaras empresariales, a excepción de la Cámara del Agro, titulado: “Todos por la democracia y el estado de derecho” plantea en 14 puntos la posición de la iniciativa privada, expresando con claridad su apoyo a un Estado de derecho. Tal vez el punto 4º sea el más importante: “Exigen al Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a todas las instituciones que conforman el tejido institucional de estado de Guatemala, a respetar y hacer cumplir la ley y fortalecer y proteger el proceso electoral”. En el punto 6º exhortan “a tomar posesión de sus respectivos cargos el 14 y 15 de enero del 2024 cumpliendo con la ley vigente de nuestro país”.[10]
En declaraciones posteriores, el CACIF, especialmente las cámaras del Agro y la Industria, no han compartido este comunicado, lo cual los vuelve a retratar y nos hace pensar que siguen ambivalentes y apoyando ambas opciones, la golpista y autoritaria y, si no les queda más remedio, la democrática y constitucional.
Muy relevante me parece el recurso presentado por algunos de los abogados más prestigiosos del país, algunos de ellos constitucionalistas, como Francisco Chávez Bosque, Eduardo Mayora Alvarado, Arturo Soto Aguirre, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano y otros cuatro grandes juristas. Explican con una claridad meridiana y con fundamento jurídico y constitucional por qué es posible que el Presidente de la República “pueda remover de su cargo a la fiscal general por causa justificada, debidamente establecida”. Según el artículo 14 de remoción:
“se entenderá por causa justificada, la comisión de un delito doloso, durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva”.
Este recurso que, sin duda muestra un gran rigor y apego a la ley y a la Constitución de estos abogados de gran renombre y prestigio nacional e internacional, fue desestimado por la CC sin mayores comentarios ni fundamento.[11]
El golpismo judicial contemporáneo
José Antonio Martín Pallín, presidente del Tribunal Supremo de España, hasta el 2006 y juez de reconocido prestigio internacional, indica en su libro La Guerra de los jueces que en muchas democracias se está produciendo una intervención judicial en asuntos que son netamente políticos formales, por el enorme peso que están teniendo en los tribunales supremos los jueces elegidos con un alto grado de politización.[12]
Según varios juristas internacionales esta ideologización de la judicatura está produciendo unos frutos muy peligrosos en Estados Unidos, Brasil, Israel y en otros países. Supone que el Poder Judicial se puede volver el amo y señor de los asuntos políticos, suplantando las labores del Ejecutivo y del Judicial. Esta anomalía de la división clásica de poderes de Montesquieu está produciendo una distorsión de la política, que hace que jueces autoritarios y antidemocráticos estén copando las instituciones del Estado. Dada la excesiva politización de sus funciones, están perdiendo su principal razón de ser: su objetividad e imparcialidad ante la ley y la Carta Magna.
En España, esto se observa en muchas de las últimas leyes de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno del Poder Judicial, con una mayoría de magistrados antidemocráticos y autoritarios. En connivencia con los partidos políticos de la oposición, bloquean desde hace más de cinco años la elección de algunos miembros. Así impiden que cumpla sus funciones, entre las cuales está designar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de tribunales y salas, nombramientos discrecionales que no se pueden acordar mientras esté “en funciones”.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado en múltiples ocasiones de golpe técnico para impedir los cambios progresistas en el país; y no digamos en Brasil, en donde el ahora presidente Inácio Lula da Silva fue llevado a la cárcel durante muchos años, por una sentencia irregular e inconstitucional.
Leído desde esta perspectiva, el “asalto al poder del sistema judicial” en Guatemala resulta evidente. Ese golpe de Estado judicial está en marcha desde hace 10 años, como lo prueban la cooptación de todo el sistema judicial, de las Cortes y Tribunales por parte del Poder Ejecutivo. Le confirió tal poder y autonomía, que ya no lo necesita para gobernar a su sombra y, menos aún, necesita a un ejecutivo débil y corruptos que ya no le sirve para nada.
Por eso, la fiscal general del MP se cree con mayor poder que el presidente y suplanta funciones que corresponden al Ejecutivo, a quien domina por hallarse ante un presidente desgastado, enfermo, corrupto y miedoso, con muchos asuntos pendientes de negocios sucios que ha sido encubiertos desde la posición de la fiscal general del MP.
La elección de los magistrados de la CC en los últimos años ha sido por designación -a dedo- por favores concedidos al Ejecutivo en otras sentencias, como el caso de la anulación de la sentencia por genocidio contra Ríos Montt, de Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez, la de Néstor Vázquez, acusado de nepotismo, o la elección a dedo por Giammattei y sin ningún mérito demostrable de Leyla Lemus, vinculada a un escándalo de productos para la salud. Hay más casos, como el de las Comisiones de Postulación que prueban, una vez más, no solo la cooptación de la Corte Suprema de Justicia, sino la de la Corte de Constitucionalidad y de todo el sistema judicial, especialmente con el nombramiento de todos los magistrados de la CC, “una banda de criminales nos gobierna”. [13]
Un golpe del poder judicial
Me atrevo a confirmar, sin ninguna duda, que estamos ya inmersos en un golpe de Estado del poder judicial que ya no se basa en el poder disuasorio de las fuerzas armadas, sino en el uso perverso de la legalidad por quien debería resguardarla.
A mi juicio, y es una hipótesis arriesgada, ante tal pugna de poder entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, de momento ha salido triunfante el judicial, que es la que está dirigiendo el golpe y, como a alguien tiene que defenestrar para acallar el clamor de la población, realiza una pantomima de pedir que renuncie Giammattei, con o sin su beneplácito, para poder seguir ejerciendo el golpe judicial bajo su mando.
No quieren esperar al 14 de enero, porque quien va a asumir el nuevo cargo presidencial/judicial, con el apoyo de toda la burocracia de servidumbre, será doña Consuelo, saltándose toda las normas y la constitución vigentes, llevando al país a una crisis institucional desconocida y por un camino sin salida, cuyos costos económicos, sociales y políticos van a ser impredecibles y de consecuencia tremendas para toda la población guatemalteca.
Este golpe de Estado judicial del grupo más recalcitrante de la camarilla de corruptos, está metiéndose en un callejón sin salida, porque le han fallado mucho sus estrategias y van a tratar de ir hasta el final por no querer solicitar la renuncia de la fiscal. Ahora es ella quien va a pedir “la renuncia” de Giammattei, para que se vaya a un paraíso fiscal a gozar de su fortuna robada a un pueblo que contribuye a generar la riqueza del país.
A partir de ese momento, va a diseñar una estrategia para intentar ilegalizar al partido Semilla, para quitarle la inmunidad al TSE y para impedir la toma de posesión de su Presidente y Vicepresidenta electos.
No sé si lo lograrán ni si tendrán el tiempo para ejecutarlo y la correlación de fuerzas necesarias para llevarlo a cabo, pero intentarlo, no me cabe la menor duda que lo harán. No tienen más que ver los YouTube o videos del sector más corrupto y anticonstitucional para darse cuenta de cuál es la “nueva narrativa” y quién es la “heroína de sus sueños”.
No se lo vamos a permitir
Es difícil que lo logren, porque no tienen control de la opinión pública, no tienen el apoyo diplomático internacional, no tienen el apoyo de los Estados Unidos ni de sus servicios de inteligencia. El fraccionamiento de la clase empresarial es cada vez más grande y el peso del CACIF en la economía del país es cada vez más residual.
Además, lo más importante es que tienen en contra a todo un pueblo, mejor dicho, por primera vez, a los cuatro pueblos de Guatemala que, de forma pacífica, siguen manifestándose en todo el país. Tampoco cuentan con la participación directa del ejército, que guarda un papel institucional, al igual que buena parte de la policía, que no ha querido involucrarse en este proceso de represión en contra de la población. Así, todos unidos con el objetivo común de ¡No a la corrupción, no al fraude, que renuncien ya! ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente y a rebelarse contra la tiranía de un gobierno que se niega a entregar el mandato al nuevo Ejecutivo.
La diferencia básica la hace la movilización popular y la alianza entre los Pueblos y autoridades ancestrales, coordinada por los 48 Cantones y seguida por las clases medias y sectores urbanos que se unen a la lucha pacífica por la decisión soberana de la ciudadanía de no permitir que se reviertan los resultados electorales. Todos tenemos la esperanza de que, por primera vez en muchos años, un presidente electo y su partido representen los intereses de toda la población sin distinción de nuestras identidades diversas de pueblo, género y etaria.
Compartimos el proyecto de una nueva Guatemala, donde empiece a ser realidad la democracia y la justicia para todos por igual y sobre todo la igualdad de derechos y oportunidades. Este sueño por el que todos hemos luchado durante tantos años de muy diferentes maneras y con ópticas muy distintas, hoy se hace realidad y no lo vamos a dejar pasar.
Las palabras de nuestro presidente Bernardo Arévalo en su discurso del 20 de octubre lo expresan con mucha claridad y será la clave de nuestro triunfo como Pueblos unidos.
“Éste ha sido también un momento de unidad. Un momento para construir lazos, coaliciones, alianzas amplias que nos permitan progresar. Que permitan pensar un futuro donde todas las personas estén representadas. Un programa. Una agenda. Un porvenir. Una patria donde los únicos que no caben son los corruptos, los autoritarios y los violentos”.[14]
Termino esta reflexión con una frase de Ernesto Sábato: “Me pregunto en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad y el hambre de los pueblos se le considera subversiva”.
¡Basta ya! ¡No toleraremos nunca más esta situación!
[1] Véase, el video racista del Coronel Hugo Morales4422, militar retirado, Kaibil, escritor y emprendedor según su perfil en, tiktok. @hugomorales4422 https://vm.tiktok.com/ZMjbT5YYr/
[2] Véase declaraciones de Méndez Ruiz, https://vm.tiktok.com/ZMjbTtuKQ/.Asi como José Antonio Rivas Ellgutter en Tik Tok y de Liga Propatria,24 octubre,2023.
[3] José Alfredo Calderón, “Entre la organización ancestral y la espontaneidad social”. La información procede del departamento de estado que amenaza con sancionar a dichas familias en la lista Magnitsky, sobre responsabilidad de derechos humanos.
[4] Alberto Fuentes Knight (2022). La Economía atrapada, gestores de poder y estado encadenado. Guatemala, FyG editores. Insighnt Crime. (2021). Elites y Crimen organizado en Guatemala. Centro de Investigación del Crimen Organizado.
[5] Humberto Flores Alvarado (1973). El Adamcismo en Guatemala. Editorial Escolar Piedra Santa.
[6] Irma Alicia Velasquez Nimatuj (s/f). https://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/el-fiscal-rafael-curruchiche-el-perfecto-esclavo-de-la-nobleza/
[7] Oxfam. Economía de captura, , https://lac.oxfam.org/lo%C3%BAltimo/publicaciones/economia-de-captura-en-guatemala,CASO Financiamiento electoral ilícito FCN-NACIÓN,
https://www.cicig.org/casos/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-c/
[8] Elites económicas y crimen organizado, en informe, Insight Crime
[9] Entrevista a Leonel Toriello, Los actores detrás del golpe,3 de octubre, en Tan Gente, https://www.youtube.com/watch?v=uws1bC_iAus
[10]“ Todos por la Democracia y el Estado de derecho”, 21 de octubre,2023
[11] Recurso presentado por abogados al MP y a la CC por inconstitucionalidad general, parcial de Ley Nueva,13 de octubre,2023
[12] José Antonio Martin Pallín (2022). “La Guerra de los jueces”. Boletín, Jueces para la Democracia, (105),pp:98-111.
[13] 10 años atrás video en tiktok,21/10/2023 , https://vm.tiktok.com/ZMjbTuVAU/,
[14] Bernardo Arévalo, Discurso al Pueblo de Guatemala, 20 de octubre,2023
