Según expusieron los nueve reconocidos abogados, la frase impugnada comete una doble inconstitucionalidad al poner en riesgo derechos protegidos en la Constitución por lo que solicitan se decrete su suspensión provisional.
Por Isela Espinoza
La frase “las inscripciones de personas jurídicas” con la que el juez séptimo Fredy Orellana busca cancelar la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla fue impugnada este martes por nueve abogados que han ejercido cargos públicos, entre ellos un constitucionalista.
La acción de inconstitucionalidad plantea que la frase se encuentra en el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada Decreto 21-2006 del Congreso y según explicaron permite “a cualquier juez penal anular la existencia de cualquier persona jurídica sin antes ser oída y vencida en juicio”.
Esto tiene como consecuencia que la persona jurídica anulada no puede “accionar judicialmente para hacer valer sus derechos” por lo que no solo se ve afectada así misma sino también la seguridad jurídica de terceros que hayan establecido un vínculo con esa entidad.
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“Esto no puede permitirse en un Estado moderno que garantice la seguridad jurídica”, explicaron los togados. En el documento presentado a la Corte de Constitucionalidad (CC) se lee que con la frase se está cometiendo una doble inconstitucionalidad ya que pone en riesgo derechos fundamentales protegidos por la Constitución como: seguridad jurídica, derecho de defensa, razonabilidad de las leyes, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, derecho de asociación y reserva de ley de rango constitucional con relación a las organizaciones políticas.
La acción de inconstitucionalidad está firmada por: Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, expresidente de la CC; Gladys Annabella Morfín Mansilla, exprocuradora General de la Nación; Yolanda Pérez Ruíz, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Gabriel Medrano Valenzuela, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, exintendente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y laboró 20 años en la CC; Jary Leticia Méndez Maddaleno, integró como suplente la Comisión de Postulación que elaboró la nómina de candidatos a cargos de magistrados del TSE; Gabriel Orellana Rojas, exministro de relaciones exteriores; Alejandro Balsells Conde, constitucionalista y Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, integró el Cedecom e interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal.
El artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada señala: “Se podrán suspender provisionalmente con autorización judicial durante la sustanciación del proceso penal, las inscripciones de personas jurídicas sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito de los establecidos en la presente ley”.
Los abogados indican que, aunque exista una persecución penal no es necesario la anulación provisional de una entidad. En la acción solicitan que se admita la acción de inconstitucionalidad, que se decrete la suspensión provisional de la frase impugnada y se ordene su publicación en el diario oficial.
Por último, agregan, citando artículos de la Constitución, que es deber del Estado garantizarle a los habitantes la libertad, la justicia, la seguridad y la presunción de inocencia y publicidad del proceso.
Las acciones del MP y del Juez
El mismo día que el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta en donde el binomio presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, aseguraban su pase a la segunda vuelta junto a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dio a conocer que el juez Orellana había autorizado una orden para suspender la personalidad jurídica de Semilla.
Desde ese día inicio una persecución legal contra la organización política, Juntas Electorales, trabajadores y magistrados del TSE con el objetivo de busca indicios para cancelar al partido y evitar su participación en la segunda vuelta celebrada el 20 de agosto, en donde Arévalo ganó la presidencia.
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Aunque la comunidad internacional y la ciudadanía ha rechazado la judicialización del proceso electoral y han llamado a respetar el voto de los ciudadanos, la FECI continúa con la investigación y el fin de semana pasado secuestró documentos originales con los resultados de las elecciones generales del 25 de junio.
La acción de inconstitucionalidad solicita que se confiera audiencia por 15 días al Ministerio Público, Congreso, Registro Mercantil, Registro de las Personas jurídicas, Registro de Ciudadanos, Registro de Cooperativas, Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo y la Superintendencia de Bancos.
