Por Héctor Silva Ávalos
Una filtración reciente de documentos clasificados en el ejército de Guatemala da cuenta de que, según los mandos de las fuerzas armadas, varios periodistas y medios de comunicación independientes son enemigos del Estado. En la lista está Prensa Comunitaria.
Los documentos filtrados no tienen un tono tremendista, parecen más bien informes burocráticos rutinarios en el que algunas cosas se dan por sentadas, como que el Estado tiene enemigos internos y que algunos de ellos son los periodistas. Son, los informes, parte del legajo cotidiano de un ejército en que la doctrina contrainsurgente sigue tan viva como cuando fue insuflada, allá por los 70, a los altos mandos militares latinoamericanos, decenas de guatemaltecos entre ellos, educados en Fort Benning, Georgia, donde el ejército de los Estados Unidos, recién salido de la debacle en Vietnam, les enseñaba cosas tan macabras como aquello de la tierra arrasada o la necesidad de quitar el agua al pez en el afán de aniquilar al adversario, al opositor, al enemigo interno.
Esa doctrina, la de la contrainsurgencia, nunca se fue de Guatemala. Equipos de Prensa Comunitaria lo comprobamos en el terreno en El Estor, Izabal, donde las compañías guatemaltecas, canadiense, suiza, rusa y kazaja que han explotado el níquel y otros minerales de la zona durante décadas han echado mano de tácticas de terror como acoso sicológico a comunidades Q’eqchi’, criminalización y estigmatización en complicidad con instituciones del Estado -el Ministerio Público por delante-, persecución y vigilancia previa elaboración de perfiles y colocación de nombres incómodos en listas negras, violaciones sexuales, asesinatos.
El 27 de mayo de 2017, el Estado de Guatemala, llevando al extremo ese manual contrainsurgente, y en complicidad con la mina de níquel, mató al pescador Carlos Maaz, uno de cientos de Q’eqchi’ que protestaban entonces por la contaminación del lago de Izabal. En 2007, guardias privados empleados por la mina, entonces propiedad del consorcio canadiense Hudbay/Syke, violaron al menos a 11 mujeres en el Lote 8, en una comunidad que los mineros querían desalojar para expandir sus operaciones.
A finales de 2021, durante un estado de sitio que el gobierno de Alejandro Giammattei decretó en El Estor para reprimir protestas ciudadanas, otro grupo de matones particulares, empleados de la compañía palmera Naturaceites, según víctimas de aquellos hechos, quemó casas en la comunidad Chinebal/Palestina cerca de la orilla sur del lago izabalense, mientras un cordón de policías y soldados protegía a los perpetradores.
Como en el caso del Lote 8, en el de Chinebal apareció otra modalidad del manual de criminalización del opositor, la de empoderar a grupos criminales privados que aun sin vestir uniformes que los identifiquen como agentes del Estado cuentan con la protección, complicidad, incluso financiamiento de los gobernantes de turno. La expresión más grotesca y criminal de esto son los escuadrones de la muerte, célebres en la Centroamérica de la contrainsurgencia oficial en los 70 y 80.
Todo volvió a aparecer en la Guatemala de 2023, en Malacatán. Los reportes de prensa aún son vagos, pero comunitarios de la zona coinciden en que particulares armados atacaron a manifestantes que se han unido a las protestas multitudinarias que exigen al gobierno de Giammattei la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el respeto a los resultados de las elecciones presidenciales. Las primeras pesquisas indican que al menos un miembro del partido en el gobierno, el de Giammattei, participó de los ataques, los cuales ya dejaron una persona muerta, como el pescador Carlos Maaz de El Estor, y varios heridos.
Los sucesos de Malacatán ocurren luego de varios días en que algunos miembros del pacto de criminales que gobierna Guatemala han intentado deslegitimar las protestas, primero con campañas de desinformación -alentadas en parte por el mismo Giammattei- que pretenden negar la cualidad ciudadana del reclamo colectivo expresado en las calles del país, y luego con el bulo trasnochado del comunismo, la soberanía nacional malentendida y delirios como acusar de todo a potencias occidentales (¿?).
La escalada reciente de los criminales, ante el fracaso de sus tácticas iniciales, incluye la muerte. Ya hay un muerto y puede haber más.
¿Por qué hace esto el pacto criminal que gobierna Guatemala? ¿Por qué vuelve al macabro manual contrainsurgente para avanzar su arremetida desesperada? Ellos dirán muchas cosas y utilizarán las instituciones que controlan, las del Estado y las privadas, para esparcir desinformación. Pero lo cierto es que detrás de todo esto, incluso del ataque en Malacatán, hay cosas más sencillas de explicar. Una es el afán por mantener el control del Estado a toda costa para, entre otras cosas, seguir teniendo la llave del cofre que guarda los fondos públicos. La otra es mantener bajo su dominio las instituciones contraloras del Estado, sobre todo el Ministerio Público, para seguir evadiendo la persecución penal: los criminales saben que, sin la fiscalía a sus pies, la cárcel es un destino muy probable.
Cuando los guatemaltecos decidieron en agosto pasado, a través de la expresión de su voluntad soberana en las urnas, que quitaban al poder a todos los miembros del pacto -a Zury, a Sandra, a Meme, a Giammattei, a Miguel Martínez, a Consuelo Porras-, los criminales se atragantaron. Y luego, cuando decenas de miles se volcaron a las calles para exigir que Porras, la ejecutora más visible del pacto, deje el cargo, los criminales acudieron al mismo manual relamido, macabro, del que han echado mano desde las convulsiones de los 70, el de la contrainsurgencia.
Ahí, en ese manual, como lo mostraron las campañas de desinformación que la CIA ayudó a levantar en los primeros 50 previo al golpe de Estado a Jacobo Arbenz, la mentira ocupa un pedestal prominente. En estos momentos en Guatemala hay varias mentiras privilegiadas por el pacto, una de las más gritadas es que el país vuelve a estar en peligro, que quienes ganaron en las urnas hicieron fraude y que les toca a ellos, los de siempre, defender a la patria. Pero no: todo es un cacareo detrás de la que se esconden cosas más pueriles, como seguir robando en la impunidad y eliminando a los “enemigos internos” que protesten por el robo.
Hay una frase pertinente en una película de acción estadounidense en que el protagonista, al descubrir que su némesis no es un terrorista guiado por una ideología extrema sino solo un ladrón astuto, le dice un tanto extrañado al villano: “¡Entonces no eres más que un ladrón de poca monta!”. El otro le contesta, indignado: “¡Soy un ladrón excepcional!” Aplica en esta Guatemala: los líderes visibles del pacto de corruptos, que se desviven por vestirse de cualquier cosa que según ellos justifique sus desmanes, desde defensores de militares acusados de genocidio hasta garantes de una soberanía nacional a conveniencia, no suelen ser más que eso, ladrones vulgares. Estos ladrones de hoy, como los viejos alumnos de la contrainsurgencia, son capaces de matar, como en Malacatán y en El Estor.
