Créditos: Prensa Comunitaria
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Las calles han sido el escenario en el que durante 25 días, las voces ancestrales y pueblos originarios han coexistido bajo un mismo objetivo: conseguir la renuncia de los fiscales Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthya Monterroso, del juez Fredy Orellana y del mismo presidente Alejandro Giammattei, señalados de pertenecer a una estructura de corrupción que dio un golpe a las elecciones generales. Pero también se han convertido en espacios seguros y megáfonos a favor de la libertad de expresión, la cultura, el reclamo social por el abandono del Estado, la desigualdad, la pobreza, el racismo y la falta de oportunidades para el desarrollo.

Por Paolina Albani

Los pueblos detrás de la chispa del paro nacional quieren justicia social para ellos y para sus hijos y nietos, y con el paso de los días, han hecho evidente que los gobiernos han abandonado la educación, salud, empleo y otros más, a expensas de la corrupción.

Ese ha sido el mensaje de varios comunitarios como Juventina López, representante de la Asociación de Mujeres de Retalhuleu, quien dijo el 25 de octubre, que la pobreza ha sido una imposición de los corruptos y es una de las motivaciones de las poblaciones en resistencia: “Dan educación a sus perros para que los cuiden, pero no dan educación a los niños”, dijo.

Días antes, el 16 de octubre, una lideresa maya Mam dijo en Cuatro Caminos, Totonicapán, que las “familias y comunidades están organizadas con su autoridad comunitaria para mejorar la educación, la salud, la nutrición de la niñez. En estas comunidades la tasa de mortalidad materna es alta”, y la causa de esto es la corrupción.

Incluso, David Saloj, autoridad indígena de Sololá, ha dicho que la gente que participa en el paro “arriesga su bienestar y su economía, y lo hacen para tratar de recuperar el acceso pleno a derechos como la salud, la educación”.

La mañana del 26, frente a la sede del Ministerio Público (MP) del barrio Gerona, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, Saloj también señaló que las movilizaciones son una lucha en común para “recuperar la poquita democracia que nos queda, la libertad, el derecho y la dignidad”.

Aunque los pueblos “hemos salido adelante a pesar de la falta de educación, a pesar de que no haya salud ni medicinas… Existe mucha corrupción en Guatemala. Por eso estamos acá, y no nos iremos hasta que el gobierno haga su trabajo”, expresó.

Saloj que ha sido una de las pocas autoridades ancestrales que ha dado declaraciones a la prensa, ha asegurado que la cultura de Sololá es la justicia y, por esto, han estado frente al MP durante 25 días para pelear por la democracia.

“No venimos a mendigar, exigimos justicia y que se cumplan las leyes. Queremos la victoria. No estamos paseando, venimos por un objetivo. Estamos aquí peleando por nuestro derecho”, dijo el alcalde indígena.

“Ha habido actos de corrupción en Guatemala, pero no han querido hacer nada. Se han olvidado de un pueblo que clama por justicia… no es que seamos rebeldes, que no tengamos nada qué hacer, hay mucho qué hacer. -Ellos- ocultan su mano para perseguir la corrupción y la impunidad, y eso ha permitido que tengamos una Guatemala varada, sumida en una detención económica, política y de justicia”, expresó Edgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá.

Algunos datos que respaldan los reclamos del paro nacional

El Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2022, ubicó a Guatemala en el puesto 150 de 180 países con uno de los índices de corrupción más altos. Solo 30 países superan a Guatemala entre ellos Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Guatemala tiene un punteo de 24 sobre 100 según la opinión del sector público. Mientras más cercano a cero sea el puntaje, más corrupto es un país.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en 2014, el 59.3% de la población se encontraba en pobreza y la mayoría se concentraba en personas indígenas ya que casi cuatro de cada cinco personas indígenas se encontraba en situación de pobreza. Siendo Sololá el segundo departamento con mayor incidencia de pobreza con 80.9%, después de Alta Verapaz con 83%.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe de 2022 sobre “Brechas de acceso a la educación en Guatemala: transformación educativa para la igualdad, con énfasis en las poblaciones rurales y los pueblos indígenas”, refiere que, en 2020, solo el 87.6% de los niños y niñas finalizaron la primaria, el 63.8% el básico y el 48.5% el diversificado. También estableció que entre los que terminaron la secundaria, únicamente el 13.6% logró adquirir conocimientos mínimos en matemáticas y 37% en lectura.

CEPAL también confirmó que la tasa de repitencia de grados es mayor para el nivel primario con 8.8%, pero que la deserción es más común en niveles más altos como el básico y diversificado.

Esto quiere decir que el acceso a la educación no es el único factor incidente, sino la calidad educativa, sobre todo la que reciben las poblaciones en áreas rurales, indígenas y en situación de pobreza, y que limita sus oportunidades para encontrar trabajo.

En ese mismo tema, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado en su Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos de 2021,  que de los 11.7 millones de personas en edad de trabajar, 7.4 millones de personas de 15 años para arriba, forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y solo 164 mil 557 personas reportaron estar desempleadas.

Sololá y la nueva estrategia para presionar al gobierno

Saloj llamó la atención de la gente frente al MP de Gerona, este 25 de octubre, cuando criticó a quienes llegan sin estar organizados.

“Está bien que vengan un día, pero queremos ver su organización. Algunos dicen que están en la lucha, pero solo vienen a ver, a sacar foto, pero eso no está bien, porque estamos luchando por la democracia”, anotó.

Agregó: “¿cuál es el miedo para no salir a las calles?, ¿no ven la injusticia que está pasando? Nos llaman pueblos rebeldes, pero nosotros sí corregimos la injusticia en nuestros pueblos”.

Y es que los pueblos detrás de las movilizaciones, especialmente, el de Sololá, ha variado su estrategia para aumentar la presión al gobierno.

Después de 20 días del paro nacional, las autoridades ancestrales aparecieron en una conferencia de prensa y anunciaron que a partir del martes 24 de octubre, retomarían la toma de las carreteras que atraviesan el departamento, (Las Trampas, Los Encuentros, La Cuchilla, entrada a San Juan Argueta y Km. 148, entrada a la ruta de las lagunas, entre otras).

Esto después de que concedieran “tres días de gracia” o una tregua al gobierno, en los que el Ejecutivo se negó a destituir a los funcionarios señalados de haber dado golpe a las elecciones generales.

Otras medidas implementadas por Sololá ha sido el cierre de negocios y comercios, en tanto que grupos se organizan en caravanas para viajar a la capital y apoyar el paro frente al MP de Gerona.

Por su lado, vecinos en Santiago Atitlán, han estado recolectando firmas para adjuntarlas a un memorial que se entregará este viernes 27 de octubre, en Casa Presidencial y en el Congreso, donde se exige la salida de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana, pero también exige que se apruebe de urgencia nacional la reforma a la Ley Orgánica del MP, según han dado a conocer las autoridades ancestrales.

La reforma es para posibilitar al presidente Giammattei a que despida a la fiscal general, después que en 2016, el Congreso blindara  al titular del MP con la reforma a esa ley (Decreto 18-2016) que refiere que solo podrá ser removido el jefe del MP “por la comisión de un delito doloso”.

“Los buscaremos donde estén”

Este miércoles 25, se esperaba que pudiera conocerse en el Congreso la iniciativa de la reforma a la Ley del MP, pero de 160 diputados solo unos 40 acudieron al hemiciclo.

Para las autoridades de Sololá la inasistencia de los parlamentarios es un síntoma de que el gobierno los está bloqueando porque no saben cómo responderle al pueblo “que los puso a gobernar”.

“Por eso, tenemos que levantarnos. Tenemos que exigir. Si es posible los vamos a ir a buscar a dónde estén”, indicó Saloj.

Una acción que no sería inédita si se toma en cuenta que, en otras ocasiones, las manifestaciones pacíficas del paro se han instalado en las afueras del residencial del presidente Giammattei en zona 14.

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