Señalaron que, en los días de protesta, identificaron a personas infiltradas en las manifestaciones con el fin de conocer los planes de los líderes comunitarios.
Por Elmer Ponce
Comunidades indígenas, estudiantes universitarios, organizaciones sociales y distintos sectores de Petén se reorganizan para retomar el apoyo al Paro Nacional Indefinido convocado por los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas y ancestrales, desde el pasado 2 de octubre.
La reorganización se realiza pese a que los manifestantes de La Libertad, Santa Elena, Poptún, Santa Ana y Sayaxché han sido intimidados por personas y grupos que aparentemente quieren liberar los caminos tomados en el departamento.
Amenazas con armas de fuego, intimidación por teléfono, difamación en las redes sociales, amenazas de muerte y desinformación, son algunos de los actos intimidatorios registrados a los cuales la población ha tenido que enfrentarse.
La desinformación ha sido especialmente dañina porque está creando terror y confusión en la población, aseguraron los manifestantes en los diferentes puntos de toma de Petén.
También señalaron que, en los días de protesta, identificaron a personas infiltradas en las manifestaciones con el fin de conocer los planes de los líderes comunitarios.
Como respuesta a esto, los vecinos de Petén decidieron reorganizarse para continuar participando en el paro nacional, aunque las fechas para retomar la resistencia en las calles no ha sido informada.
Medios internacionales como El País, de España, han destacado la situación que vive Guatemala y señala que “el paro comenzó el 2 de octubre por iniciativa de las autoridades indígenas con la toma de varias carreteras y una protesta permanente frente a la sede del Ministerio Público después de que este secuestrara las actas con los resultados de las elecciones”.
La crisis escaló cuando la ciudadanía advirtió “la intención de trastocar la voluntad del pueblo”, señala politólogo Miguel Ángel Balcárcel en la misma publicación.
“La población se hartó de sus circunstancias de vida y dijo: ¡ya no más!, ¿cómo hacemos para que nos escuchen?”, expone.
Balcárcel recordó que antes de las tomas de carreteras las autoridades indígenas ya habían planteado una serie de demandas al Congreso, a la fiscal general Consuelo Porras y al Ejecutivo, sin obtener una respuesta.
Las autoridades indígenas se han defendido señalando que las manifestaciones son el único recurso que funciona para que tomen en serio sus peticiones.
“La gente que participa en las tomas arriesga su bienestar y su economía, lo hacen para tratar de recuperar el acceso pleno a derechos a la salud, la educación”, señaló el alcalde indígena David Saloj.
