Prensa Comunitaria
La noticia de un nuevo allanamiento a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y la sustracción de material de la primera vuelta electoral, por parte de la FECI, haciendo uso de la fuerza y por encima de toda legalidad vigente, colmó la paciencia de una buena parte de la sociedad guatemalteca.
Las semanas previas, el Congreso de la República había reactivado propuestas como la amnistía para los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad y la llamada Ley Monsanto, intentos desesperados por lograr beneficios por parte de sectores concretos que ven que se acaban sus oportunidades.
Esta forma de actuar por parte de quienes han hecho del Estado su botín y no quieren perderlo, vuelve a dejar claro algo que ya se dijo desde la noche del 25 de junio: lo que está en juego ante estas acciones no es un partido político o un presidente, ni siquiera el resultado de unas elecciones, nos jugamos el futuro de la democracia en Guatemala. Si logaran su propósito de impedir la toma de poder de quien ha sido elegido con rotundidad, quedaríamos totalmente a merced de quienes piensan las leyes como trampas y a la gente como esclavos de sus intereses.
Estas acciones para impedir el cumplimiento de la voluntad expresada en las urnas, han continuado a pesar de los pronunciamientos internacionales por actores cada vez con más peso y de que no han cesado las marchas, manifestaciones, comunicados, plantones y todo tipo de acciones en todo el país, mostrando la voluntad de la gente de que se respete su decisión.
Pero quienes no se han manifestado, quienes sostienen estas acciones ilegales con su silencio y su ambigüedad son los que deberían y podrían hacerlo por ser su mandato: la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República, obligados a hacer cumplir la ley que se viola cotidianamente gracias a su pasividad.
Tampoco están actuando con claridad muchas de las instituciones civiles que representan a la sociedad, como las universidades o asociaciones profesionales, Y no digamos el CACIF, cuyo silencio sólo nos muestra las indecisiones internas y su cortedad de miras cuando se quejan de los cortes de carreteras.
Entonces no es por la vía institucional por donde se va recuperar la legalidad y el respeto a la voluntad popular, ése fue el gran éxito del pacto de corruptos: moldear a la institucionalidad pública para que sirviera a los intereses diversos y nunca legítimos –si no, no lo necesitarían- de los diversos sectores que se juntaron en esta gobernanza criminal
El mismo sábado en que se dio el allanamiento del TSE, el presidente y la vicepresidenta electos enviaron mensajes a la ciudadanía llamando a no permitir lo que ya denominaron abiertamente como un intento de golpe de Estado. Algunos sectores reaccionaron con comunicados y convocatorias, pero no es suficiente con estas acciones: meses de marchas, plantones y manifestaciones ciudadanas por todo el país, de comunicados de actores diversos, nacionales e internacionales, no han logrado detener el golpe.
Por eso, el paro nacional convocado por parte de los 48 Cantones de Totonicapán y demás autoridades ancestrales y comunitarias se ha convertido en la acción que ha acuerpado más energías y voluntades. Una vez más, estas autoridades nos están mostrando que los intereses locales no tienen por qué estar reñidos con las acciones de con la voluntad democrática y el compromiso con toda la sociedad.
Y este compromiso es algo que esperaríamos de los demás sectores y actores que defienden el respeto a la voluntad popular: partidos políticos –pocos-, organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, sindicales, estudiantiles, pero también gremios profesionales, cámaras de comercio, asociaciones departamentales, iglesias diversas.
Si no hubiera sido por la presión popular en agosto de 2015, Otto Pérez Molina hubiera terminado impune su mandato mientras Rossana Baldetti cargaba con las culpas. Pero se mantuvo y aumentó la presión, se ganó el pulso a quienes querían mantener sólo el “control de daños” (eso sí, no se logró detener las elecciones y eso lo estamos sufriendo hasta hoy
En la situación a la que hemos llegado, no es suficiente con comunicados que se mandan por redes; y no tiene que ser solo ciudadanos y ciudadanas a nombre propio –ya bastante han hecho estos meses-. Tenemos que denunciar no sólo la acción de los esbirros, sino la inacción de quienes permiten su actuar impune
Si los actores organizados no actúan de forma coordinada y llaman a actuar rotundamente, no va a servir de mucho el esfuerzo y el sacrificio de todas y todos los guatemaltecos que están en las carreteras, aguantando sol y lluvia, mostrando su determinación y su espíritu solidario con toda la sociedad.
Hay muchas formas en que podemos apoyar el paro: ya se vio en 2015. Se pueden cerrar establecimientos educativos y comerciales como han hecho en Quiché y Totonicapán, se pueden bloquear las instituciones, se puede acompañar por ratos a quienes están en las calles, se pueden poner carteles y mantas por todos lados. Para topo esto esperaríamos un compromiso más activo y directo de parte de los actores organizados en mantener el país en vilo mientras no se resuelva esta situación.
Es mucho lo que nos jugamos. Si no somos todos, no habremos resuelto nada y nos lleva esta ola de impunidad…
