“Nosotros sabemos que estamos despertando una ilusión, pero somos muy claros alrededor de qué es lo que estamos despertando, fundamentalmente la ilusión de tener autoridades que están al servicio de la población, y eso lo vamos a garantizar”, dice Bernardo Arévalo.
Un análisis de Luis Fernando Mack
Por muchos años, Guatemala ha tenido el panorama social y político más sombrío de la región y del continente americano. Ya lo decía un reportaje de Plaza Pública de 2018: “La situación es alarmante, los indicadores de desarrollo en Guatemala se estancaron y dada la situación política y social, los expertos temen que retrocedan. Algo que solo ocurre en países en guerra o naciones sumidas en el caos. “Vamos para atrás”, es la voz de alerta que nadie escucha”.
Los efectos de la corrupción se palpan casi por cualquier lado. Desde los frecuentes derrumbes del libramiento de Chimaltenango, una denominada “megaobra” de más de Q500 millones, pasando por los cada vez más numerosos socavamientos y hundimientos en las carreteras del país, hasta arribar al fiasco de las vacunas rusas Sputnik, hay un sin número de padecimientos cotidianos que las y los ciudadanos deben soportar, debido a la falta de empatía gubernamental a las necesidades de la población. Por esta sensación de desamparo, la primera encuesta de CID-Gallup encargada por la Fundación Libertad y Desarrollo este año, mostraba que un 76% de ciudadanos veían con preocupación el rumbo que lleva el país hasta la fecha.
La principal queja de los ciudadanos antes de la segunda vuelta era el comportamiento antiético y corrupto que perciben de las autoridades, algo que desde hace varios años es una de las preocupaciones más importantes de los ciudadanos, al punto que el 70% de ellos hablaban abiertamente de un gobierno corrupto.
Por eso, el plan de trabajo y la figura de Bernardo Arévalo han despertado una inusitada ola de esperanza que ha ido creciendo con el paso del tiempo, concretándose en una multiplicidad de actos ciudadanos de fervor cívico, compromiso político y valores democráticos.
Sin embargo, queda por delante un largo camino para empezar a aterrizar el sueño de una Guatemala diferente. En este texto intentaremos hacer un ejercicio prospectivo para visualizar la ardua tarea que queda, si queremos realmente materializar la promesa de una nueva primavera democrática que construya una tierra nueva y un cielo nuevo para nuestro país: el sueño de recuperar la Guatemala prospera, incluyente y democrática que todos anhelamos.
Para alcanzar ese sueño, Bernardo Arévalo y su equipo, tendrán que sortear una serie de amenazas del sistema político guatemalteco, que tienen que ver tanto con los actores que lo conforman, como con su misma estructura y aquí se recogen en cuatro amenazas, que empiezan en la misma jornada electoral y terminan pensando en las elecciones de 2027.
1. Las trabas a un triunfo anunciado
El día de las elecciones arribó con muchas expectativas y amenazas veladas: la candidata opositora se había dedicado a realizar una feroz campaña de desinformación que contemplaba no solo señalamientos infundados a su contrincante, sino también una narrativa basada en el fraude: unos días antes de las elecciones, Sandra Torres hablaba de “un asalto a mano armada”, refiriéndose a que se fraguaba un gran fraude electoral, por lo que la candidata presentó un amparo para supuestamente garantizar la limpieza de las elecciones.
De la misma forma, el Ministerio Público (MP) había solicitado información de los digitadores y de las Juntas Electorales, en un claro intento de amedrentar a quienes se constituyen en el pilar fundamental de las elecciones. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) contribuyó a la zozobra: primero, aparentó blindar al partido Movimiento Semilla de los ataques del juez Fredy Orellana y del MP, al supuestamente amparar al partido contra su posible cancelación -al menos, así se presentó la noticia mediatamente-. Posteriormente, la misma CSJ se encargó de desmentir este extremo, además de que convocó a una conferencia de prensa a las nueve de la noche del día antes de las votaciones para dar a conocer el otorgamiento del amparo a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque en la práctica, no aportaba realmente nada nuevo al proceso electoral: todo lo que ordenó la CSJ esa noche ya estaba implementado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
El día de las elecciones transcurrió de forma normal, con incidentes aislados y esporádicos, con el acompañamiento de las numerosas misiones de observadores que se dieron a la tarea de verificar las votaciones por todo el territorio nacional. Al finalizar el período de votación, a las 18:00 horas, las actas computadas empezaron a fluir de una forma asombrosamente rápida, de manera que alrededor de las ocho de la noche, se conocía prácticamente al ganador de la elección. La efectividad de la segunda vuelta fue una buena noticia, ya que, si hubieran existido problemas, de seguro se hubiera justificado la narrativa de fraude que había lanzado la candidata Torres.
Luego de consolidarse la amplia ventaja de Arévalo sobre Torres, numerosos testimonios y videos no orgánicos empezaron a inundar las redes sociales desbordando una alegría y una esperanza asombrosa. Se dieron a conocer las imágenes de las multitudinarias y muy ruidosas manifestaciones de alegría que se documentaron en muchas ciudades del país, así como las tendencias jubilosas de las redes sociales. En conjunto, una ciudadanía desbordante de esperanza daba muestras de que en Guatemala se respiraban tiempos diferentes a los que prevalecían en la primera vuelta electoral. El silencio de la candidata oficialista, Sandra Torres, empezó a inquietar a más de alguno: incluso, se sugería que Torres ya había abandonado el país, extremo que nunca se confirmó.
En las siguientes 48 horas, se instaló todo un mensaje de triunfalismo que empezó a trascender no solo del ámbito ciudadano, sino también al entorno académico: se hablaba abiertamente de un triunfo de la democracia, y varios medios nacionales e internacionales empezaron a mencionar de forma insistente la nueva primavera democrática que empezaba en Guatemala. La idea de que Guatemala tenía un futuro cualitativamente diferente empezaba a ser el lenguaje dominante de los ciudadanos en las redes sociales y de los medios nacionales e internacionales, que se peleaban por obtener entrevistas con el flamante nuevo presidente.
El júbilo ciudadano se extendió por dos días, hasta que las instancias legales empezaron un nuevo ataque jurídico: el MP encaminó sus acciones contra los más de cien mil ciudadanos integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, contra los digitadores, contra el director del Registro de Ciudadanos y contra tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Mientras, por otro lado, se multiplicaban los ataques al partido intentando cancelar su personería jurídica. La indignación ciudadana volvió a inundar las redes sociales y las discusiones públicas, de manera que se volvió a sentir la zozobra y la incertidumbre. Posteriormente, se supo de un supuesto plan para asesinar al presidente electo, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas de protección para el binomio presidencial electo.
2. La Guatemala del “todo es posible”: el entorno anómico
“La mayoría de las personas creen que son inmunes a la influencia maligna, cuando en realidad nadie lo es”. (El efecto Lucifer)
El nuevo gobierno tendrá la misma disyuntiva que tuvo el equipo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que intentó combatir la corrupción: operar bajo las reglas y procedimientos del sistema es arriesgarse a entramparse en la maraña legal e institucional que prevalece en Guatemala, por lo que fácilmente pueden pasar los siguientes cuatro años sin haber avanzado lo suficiente en el cambio prometido, la bandera más importante del partido ganador de las elecciones.
La alternativa sería desarrollar una presión política y mediática que haga avanzar los procesos, tal como experimentó en su momento la misma CICIG, pero esta estrategia supondría combatir el fuego con más fuego, haciendo que se acumulen los señalamientos sobre la politización de la justicia, tal como en su momento esgrimieron los opositores a la CICIG. El uso desmedido de la prisión preventiva, la excesiva mediatización de los casos -que usa la estrategia de litigar en los medios de comunicación más que en tribunales-, así como el lento proceso por cooptar las instancias de control horizontal que contempla el diseño constitucional de nuestra democracia, son algunos de los elementos centrales de esta vendetta jurídica que se ha desatado en Guatemala desde 2019.
Por eso hemos visto en los años posteriores a 2019 la réplica en burdo de la estrategia política que ensayó la Comisión Internacional, solo que ésta vez para fustigar a todos aquellos quienes en su momento se declararon a favor del combate a la corrupción e impunidad. Justo por eso, la victoria de Arévalo y su promesa de expatriar a quienes han sido perseguidos encendió todas las alarmas del sector en el poder: se percibía como una revancha de quienes habían sido desplazados del poder en 2019, con lo que podría iniciarse una nueva ola de venganza institucional que haría que el péndulo se inclinara del bando contrario, en una danza de flujos y reflujos de nunca acabar.
El problema fundamental del Estado Guatemalteco es su estructura abigarrada, compleja y caótica, que parece por momentos diseñada para fallar. Quienes asuman esa estructura no podrán avanzar demasiado en la dirección que se ha trazado el nuevo partido en el Gobierno, ya que las instituciones del Estado están condicionadas por muchos factores de tipo legal, administrativo, institucional y político.
Leyes ambiguas, con vacíos legales y muchas contradicciones; procedimientos administrativos obsoletos, inoperantes y excesivamente rígidos que son interpretados de manera antojadiza por la Contraloría General de Cuentas (CGC), instituciones con mandatos duplicados, recursos o mandatos insuficientes, y con actores sindicales internos que tienden a paralizar la acción institucional, son algunas de las muchas deficiencias del Estado guatemalteco que hereda el presidente electo y su equipo. Coloquialmente, he afirmado antes que, ni aunque se encontrara un “dream team” para nombrar como gabinete de gobierno, ni aun así avanzaría la lógica gubernamental. El diseño perverso del sistema, que se caracteriza por un alto grado de anomia institucional y legal, juega en contra de cualquier cambio.
La evidencia de los últimos años nos ha hecho acumular evidencia en torno a la anomia reinante, lo que favorece lo que los juristas llaman “lawfare”, o el uso amañado del sistema legal para perseguir o inhabilitar oponentes políticos, o en su defecto, para promoverlos en puestos clave. La intervención anómala de la Corte de Constitucionalidad (CC) para permitir la inclusión en el último minuto de la actual fiscal general, Consuelo Porras; la resolución que permitió la revisión injustificada y fuera del marco legal de las actas en la primera vuelta electoral; o la resolución a todas luces viciada del juez Fredy Orellana para arremeter contra el partido Movimiento Semilla, son solo algunos de los muchos ejemplos de esta anomia institucional que utiliza el sistema judicial para alcanzar fines particulares.
En el ámbito institucional, la tendencia a crear instituciones paralelas como el Centro de Gobierno, o el Consejo de Cohesión Social, son ejemplos igualmente preocupantes de este entorno institucional incierto que se amolda a los objetivos y deseos del gobernante de turno, por lo que el equipo de gobierno de Bernardo Arévalo tendrá una dura prueba de fuego: es más fácil utilizar el marco legal institucional para acomodarse a los deseos y caprichos del nuevo gobernante que utilizarlo para transformar la matriz institucional y política que prevalece en Guatemala desde hace décadas.
Lo positivo es que esta maleabilidad del sector público puede ser usada para mejorar la posición de poder del nuevo gobierno, tal como hemos visto en el pasado reciente: justo por eso, incluso los gobiernos con menos capacidad y dinamismo como el de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, pudieron gobernar sin mayores sobresaltos. El problema de estas estrategias es que, aunque dinamizan la acción pública, siguen debilitando el ya precario y caótico diseño institucional del Estado de Guatemala, sin mencionar que debido a que operan en la informalidad, se convierten en una tentación clientelar y caudillista. Por ejemplo, hay evidencia suficiente para afirmar que la base territorial que aún apoya a Sandra Torres se deriva de las acciones que ella desarrolló al frente del programa insigne de Cohesión Social: Mi Familia Progresa. El clientelismo y el nepotismo como estrategias políticas siguen siendo ampliamente utilizados por los funcionarios públicos, por lo que la inercia sistémica atenta contra cualquier posibilidad de transformación estructural.
El entorno anómico, que se amolda a las necesidades y caprichos del gobernante de turno, será el auténtico desafío del actual Gobierno, quién deberá decidir si utiliza ese enorme poder discrecional con el que contarán para beneficio propio o de sus allegados y aliados, o si decidirá empezar a promover reformas estructurales que operen realmente bajo el principio del bien común. Este segundo camino, sin embargo, es más incierto y complejo que el primero. Al final, es más fácil seguir la inercia de los anteriores gobiernos, antes que emprender reformas estructurales profundas, por lo que Semilla y su equipo tienen un primer desafío descomunal: demostrar de qué están hechos. ¿Podrán resistir el “efecto lucifer” del que habla el psicólogo Zimbardo?, ¿o serán presas de las inercias y tentaciones que se derivan del sistema político vigente?
Conclusión: El sistema apuesta a cooptar a los actores procambio. El primer desafío, por lo tanto, es querer cambiar el sistema y en el camino, olvidar a beneficio de quien se quería el cambio.
3. La cooptación del sistema y el desencanto ciudadano
“No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de administrar que la elaboración de un nuevo orden”. (Maquiavelo)
Las acciones que ha emprendido el Ministerio Público y las amenazas a la integridad del nuevo presidente electo que obligaron a la CIDH a solicitar medidas cautelares para el nuevo mandatario, son apenas un amargo recordatorio del entorno institucional adverso en el que el nuevo gobierno empezará su mandato. La integración de las Cortes, la animadversión del Ministerio Público, la falta de control del Legislativo, más la alienación en contra de entes como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), o la Contraloría General de Cuentas, puede complejizar enormemente la gobernabilidad al nuevo presidente, empezando porque es predecible que aprobarán un presupuesto nacional condicionado e insuficiente, además de que el presidente saliente seguro que no facilitará las condiciones para una transición ordenada y eficiente.
Ya instalado en el Palacio Nacional, el nuevo presidente empezará a sentir las presiones de muchos sectores, que intentarán acercarse para solicitar planes, proyectos y recursos. A quién va a priorizar, a quién va a escuchar primero, será una prueba de fuego: empezarán a multiplicarse las voces de quienes se sientan defraudados, mientras que las presiones irán aumentando conforme se susciten las emergencias y las amenazas: en un país tan abandonado e injusto como éste, hay miles de posibles incidentes que requerirán la atención urgente del gobierno, tal como ha ocurrido muy frecuentemente en el pasado reciente.
El ejercicio del poder desgasta, y eso implica necesariamente el declive del apoyo popular. La alternativa es imitar el modelo de nuestro vecino: gobernar con un puño de hierro que empiece a cooptar una a una todas las instancias del control presidencial, tal como hizo el actual gobierno de Giammattei, lo cual indudablemente seguirá produciendo controversias y conflictos. Al final, el peligro es que el apoyo popular vaya menguando, debido a la falta de respuesta a las promesas de campaña, justo cuando el nuevo gobierno lo necesite más. Consolidar su promesa de cambio e ir neutralizando los obstáculos que le pongan los adversarios políticos, por lo tanto, será el segundo desafío que enfrentará Arévalo y su equipo.
De nuevo, en este punto Bernardo Arévalo tendrá que superar una tentación adicional: seguir el paso de otros mandatarios como Nayib Bukele o Juan Orlando Hernández, quienes llegaron criticando a quienes se afianzaban en el poder intentando superar la prohibición de reelección, pero posteriormente, hicieron las reformas a su conveniencia que favorecieran la superación de los obstáculos legales e institucionales para volverse a postular en el cargo. Si el nuevo presidente llega a tener el control de las instituciones y del Congreso, probablemente se sentirá tentado a eliminar la prohibición constitucional a la reelección, con lo cual probablemente empezará el camino de su propia destrucción, al estilo de Evo Morales en Bolivia. No hay que olvidar que Guatemala es tierra fértil para engendrar caudillos de todo tipo.
Para afianzarse, también tendrá que resistir la tentación en la que han caído sus antecesores: la de ir cooptando para su propio beneficio las instancias políticas y jurídicas que le son adversas, con lo cual emprenderemos el camino inverso: la de empoderar a una nueva camarilla en el poder, que aunque tenga un discurso diferente, pueda empezar a desarrollar las mismas prácticas del pasado.
La tentación de cambiar el sistema con las mismas prácticas del pasado puede incidir en una correlación de fuerzas favorable al nuevo gobierno, pero cayendo en prácticas similares a quienes hoy se oponen al inicio de su mandato. Bien dice la Biblia: “Líbrame, Señor, del pecado más grave: la soberbia”. (Salmos 19:13-14).
4. El relevo electoral: ¿Quién podrá defendernos?
“La victoria y el fracaso son dos impostores, y hay que recibirlos con idéntica serenidad y con saludable punto de desdén.” RUDYARD KIPLING
El triunfo de Bernardo Arévalo y de Semilla fue el producto accidental de una serie de factores que en su momento narraremos: podríamos afirmar que, pese a los errores y defectos de las opciones progresistas, la coyuntura electoral de 2023 permitió que con apenas el 15.58% de los votos válidos (el segundo más bajo desde 1985 a la fecha), el ahora presidente tuviera suficiente caudal electoral para pasar a segunda vuelta. Hay que decir que cualquier candidato perdedor en la segunda vuelta electoral desde 1985 tuvo en la primera vuelta más votos que el obtenido por Bernardo Arévalo, lo cual pone en evidencia la mínima base real con la que Arévalo se coló a segunda vuelta.
Los otros partidos considerados como alternativos, tales como la URNG-Maíz, WINAQ o VOS, obtuvieron apenas el 8% de los votos, mientras que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) ni siquiera alcanzó a elegir a un diputado, por lo que está condenado a desaparecer. Desde la perspectiva del liderazgo, el único candidato más o menos fuerte que quedó es Manuel Villacorta, que ya anunció que no participará en el futuro, por lo que el panorama para 2027 sigue siendo tan complejo y difícil como cuando empezó el proceso electoral 2023.
A menos que se constituya una opción electoral robusta y articulara para 2027, la posibilidad de que regresen los actores que fueron desplazados del poder en el presente proceso electoral es muy alta, por lo que de no alterarse las dinámicas actuales, el próximo proceso electoral se convierte en una amenaza de mediano plazo que podría ser el fin de esta nueva primavera democrática. De llegar 2027 con un sistema de partidos mayoritariamente adverso al cambio y sin un liderazgo claro que asuma la responsabilidad de seguir lo bueno que hubiera podido hacer Bernardo Arévalo, la posibilidad de abortar esta incipiente primavera es muy alta.
La conclusión es clara: aunque en 2023 asistimos a un proceso electoral prometedor y altamente esperanzador que ha despertado emociones y sentimientos ciudadanas que hace mucho no veíamos, el camino que nos queda por delante es arduo y difícil. Tener en mente la magnitud de los desafíos es una buena actitud que permita abandonar el sentimiento triunfalista que pueda cegar la razón y favorecer que minimicemos los peligros del camino. La buena noticia es que guerra avisada no mata gente: sabiendo los desafíos, podemos empezar a trabajar todos juntos, para apuntalar esta incipiente primavera democrática que muchos hemos esperado desde hace muchos años.
