Pablo Sigüenza Ramírez
A finales del mes pasado se anunció que diputados de la comisión de Agricultura del Congreso de la República estaban por presentar al legislativo una iniciativa de ley para la protección de obtenciones vegetales. En un mes, la iniciativa ha avanzado de forma vertiginosa en el camino legislativo. Esto en contraste al caso de muchas leyes que no ingresan al pleno ni son enviadas a comisiones de trabajo para dictamen durante meses o incluso años. Actualmente la iniciativa, cuyo número de registro es 6283, está ya en la comisión de Agricultura; se espera que el dictamen se realice de forma rápida y sea favorable, aun cuando hay diputados dentro de la comisión y dentro de la instancia de jefes de bloque que se oponen a su contenido. Esto daría vía libre a su aprobación o no aprobación en el pleno.
Una iniciativa de ley similar fue aprobada en 2014. Las manifestaciones de rechazo a la ley por parte de pueblos, comunidades, universidades, organizaciones, gremios, académicos particulares y artistas, hizo que el mismo Congreso derogara la ley aprobada. En ese entonces, los sectores críticos a la ley la denominaron Ley Monsanto.
El 26 de septiembre reciente, el presidente de la Comisión de Agricultura invitó a trabajadores del Ministerio de Agricultura y de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) a participar en la reunión de la instancia de jefes de bloque del Congreso. Esto con el objetivo de escuchar los argumentos a favor de la iniciativa 6283. Dentro de los elementos vertidos, llama la atención el dato expresado por la representación de los exportadores: esta iniciativa de ley fue redactada fuera de Guatemala, «es una ley machote» la cual se adapta a los países en los que se impulsa. Lo mismo fue expresado por personal del MAGA en una citación que llevó a cabo la bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). No hay la mínima soberanía en el intento de aprobar esta ley; es una imposición que viene desde la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales -UPOV- y desde las empresas transnacionales que la promocionan y sustentan. Es parte de la presión internacional para que Guatemala y el resto de países del sur económico establezcan mecanismos que garantizan la propiedad intelectual sobre la biodiversidad. En otras palabras, privatización de la naturaleza.
Este intento por aprobar de nuevo la Ley Monsanto tiene la oposición clara de múltiples sectores debido a que la iniciativa abre la ventana para la privatización de semillas. Un obtentor o desarrollador de semillas puede hacer una pequeña modificación sobre plantas de cultivo que han llevado cientos de años de trabajo de selección por parte de comunidades y pueblos, registrarla como nueva, privatizándola para su comercialización. Esto en el campo de cultivos alimentarios, pero también plantas medicinales, flores, árboles, frutas, etc.
Una crítica proveniente desde los pueblos originarios plantea que, al patentar cualquier semilla, se está privatizando la vida. Esta forma de entender la relación con la naturaleza prioriza la sostenibilidad de la vida frente a la visión de la UPOV y las empresas semilleristas que pretende comercializarla. Las semillas son sagradas para los pueblos mayas, pero también son sagradas para cualquier grupo cultural o identitario que respeta la vida. Un país que intenta ser democrático debe considerar esta visión del mundo en la generación de leyes y políticas públicas. Es necesario evidenciar que para la aprobación de cualquier legislación que afecte a los pueblos originarios se les debe consultar. La consulta a pueblos indígenas es una acción ausente en la iniciativa de ley y en su formulación.
Hace quinientos millones de años, la evolución biológica dio paso a la creación de las células que formarían la esencia de las plantas. Quinientos millones de años lleva la naturaleza creando sinergias para que en la actualidad existan las especies vegetales que conforman nuestros ecosistemas, los bosques, la selva, la montaña, nuestros sistemas alimentarios y de salud, la materia prima para un sinfín de usos humanos: vestido, medicina, construcción, energía. En los estudios de la escuela primaria aprendemos que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues son seres vivos. La ingeniería de mejoramiento genético de plantas que está detrás de la Ley Monsanto le ha quitado la capacidad de reproducción a las plantas. Las mayoría de semillas que se venden en los agroservicios no son fértiles. Un agricultor se ve obligado a comprar semilla para cada ciclo. En cambio, con las semillas nativas y criollas se produce una selección, año con año, para que la continuidad del ciclo de la vida se sostenga; es una práctica viva en los territorios del país. La ley Monsanto pone en riesgo esta práctica milenaria y eficaz para los tiempos actuales.
El artículo 45 de esta peligrosa iniciativa de ley reza lo siguiente: «No causan responsabilidad civil ni penal, aquella contaminación o polinización natural». En el texto mismo se acepta por parte de los ponentes y formuladores de la Ley Monsanto que existe el peligro de la contaminación de las semillas criollas y nativas con la genética de las variedades mejoradas. Una razón más que suficiente, no sólo para que se eliminé del proceso de aprobación la iniciativa 6283, sino para que el mismo Congreso y el gobierno tomen medidas de protección reales para toda la biodiversidad en territorios guatemaltecos.
Esta coyuntura, en la que se intenta imponer una ley en beneficio de sectores de poder, debe servir para una discusión más estratégica, imaginativa e incluyente que enfrente los problemas de alimentación, producción agrícola y construcción de buen vivir. Discusión oportuna y conveniente de cara al gobierno que encabezará el partido Movimiento Semilla a partir de enero del próximo año. El problema del hambre en el país no es un tema productivo, es un tema de distribución de recursos, de acceso a activos productivos, de distribución de la riqueza generada por el trabajo de la población, de distribución de los alimentos producidos.
La privatización de las semillas a través de una ley de protección de obtenciones vegetales es parte del modelo de producción basado y preocupado por la ganancia de las empresas transnacionales y sus socios operadores en el país. Un modelo que se ha aprovechado del trabajo de las manos campesinas durante siglos y de la explotación destructora del ambiente. Es imprescindible una visión ecológica de la economía y de la agricultura. La base de conocimientos ancestrales en diálogo con la ciencia puede llevarnos a un nuevo modelo agroalimentario nacional y mundial. El punto de partida puede ser la oposición de la sociedad a la Ley Monsanto, la escucha atenta a los sectores que la ven de forma crítica y la implementación de acuerdos democráticos sobre la producción, la economía y el ambiente.
