El Ministerio de Comunicaciones modificó irregularmente documentación para realizar la reparación de una carretera ubicada en Petén, lo cual dio como resultado que una empresa señalada de corrupción se beneficiara de millones de quetzales. La Contraloría General de Cuentas reportó el hecho en el informe anual entregado al Congreso en junio pasado. En el mismo solo se sanciona a exdirectores de Caminos, pero no a los ministros involucrados Edmundo Lemus y Javier Maldonado.
Por Cristian García
Los hechos fueron reportados en el informe anual entregado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) este año en el Congreso. Según el documento, la Contraloría realizó una auditoría al proyecto de reparación de la ruta que une La Libertad con la aldea Las Cuaches, ambas localidades del departamento más grande del país.
Inicialmente se decidió que la extensión de la obra fuera de 27.4 kilómetros, en la que se debía hacer trabajos para recuperar el tramo, arreglar las cunetas y tuberías transversales, además de restituir la señalización horizontal y vertical.
Las labores requeridas también incluían la aplicación de una capa de asfalto de ocho centímetros de espesor. Por tal proyecto, el Estado se comprometió a pagar Q91.04 millones a la empresa Opción Técnica, proyecto aprobado en septiembre de 2020.
En un oficio, la Dirección General de Caminos aseguró que la contratación se hizo como parte del Plan de Recuperación de la Red Vial, mismo que fue creado con el objetivo atender un conjunto de carreteras para detener su deterioro.
Sin embargo, la CGC determinó que esta obra no formaba parte del listado de dicho plan, que fue elaborado y aprobado durante la administración de Jimmy Morales.
Entonces, ¿cómo se hizo la adjudicación pese a esa circunstancia?
La Contraloría manifestó en su informe de auditoría que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) impulsó la licitación simulando que arreglaría otra ruta de Petén, la cual sí estaba incluida en la nómina del plan.
No obstante, la longitud de este segundo tramo es de 34.5 kilómetros y solo necesita un bacheo. “En el acuerdo de Plan de Recuperación de la Red Vial se encuentra aprobado la reparación del tramo La Libertad-San Diego”
Por eso, el ente fiscalizador concluye que “el proyecto adjudicado no corresponde a la ubicación, a la longitud de kilómetros requerida ni al tipo de obra contratada”, ya que es distinto el bacheo a la reposición que fue efectuada.
Más deficiencias
La CGC expuso que para los trabajos no se elaboraron análisis de suelos, no se requirieron certificados de calidad de materiales y tampoco los resultados de los laboratorios hechos al asfalto y concreto (de las cunetas y cajas) utilizados.
“La Dirección General de Caminos omitió los estudios de ingeniería previo a la adjudicación y ejecución”, añadió la Contraloría, al tiempo que cuestionó que, pese a tales inconsistencias, se hicieron cambios que provocaron el aumento del precio de las labores.
Varios documentos detallaron que el proyecto se sobrevaloró hasta los Q127.46 millones. Es decir, Q36.42 millones más de lo acordado. La ampliación de su costo se hizo con el argumento de que el mejoramiento de la carretera abarcará diez kilómetros adicionales.
Debido a las irregularidades en esta contratación, que se hizo en septiembre de 2020, la Contraloría sancionó a Fredy Chojolán Duarte, Carlos Rafael Figueroa Caballeros, Luis Gabriel Jo Lau y Justo Giovanni Castillo Tocay.
Los primeros tres han fungido como directores de Caminos durante este gobierno. En tanto que el cuarto fue designado como delegado residente para este proyecto. Ellos deberán pagar una multa conjunta de Q115 mil 34.
Edmundo Lemus, diputado de Vamos y exministro de Comunicaciones, y Javier Maldonado, actual titular del CIV, no fueron penalizados. El primero avaló la contratación, mientras que el segundo aprobó los sobrecostos de los trabajos.
Señalamientos
Opción Técnica se convirtió en una de las empresas favoritas de este gobierno, al punto de acumular adjudicaciones por Q1.74 millardos, aunque presuntamente está implicada en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
En ese expediente, la FECI de Juan Francisco Sandoval advirtió que la compañía habría dado sobornos a cambio de que se le otorgaran proyectos durante la administración del Partido Patriota.
Por ello, Nicolás de Jesús Acevedo Sandoval, quien fungió como su gerente general y representante legal, fue señalado de cohecho activo y testaferrato. Él fue quien asistió a firmar el contrato para ejecutar esta obra en Petén, que aún no ha sido concluida.
