El tribunal constitucional deberá dictaminar si la Ley para el Fortalecimiento de la Paz violenta la Constitución de Guatemala o los tratados y convenios en materia de derechos humanos que el país ya ha ratificado.
Por Prensa Comunitaria
El Pleno del Congreso aprobó este miércoles 27 de septiembre que la iniciativa 6099 Ley para el Fortalecimiento de la Paz sea enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que emita una opinión consultiva sobre la viabilidad de aprobar el proyecto de decreto.
La iniciativa 6099 tiene como objetivo extinguir toda responsabilidad penal de las personas que cometieron delitos políticos y comunes relacionados con el conflicto armado interno, específicamente entre el 13 de noviembre de 1960 y el 29 de diciembre de 1996.
Durante el primer debate del proyecto de ley, la diputada por Chimaltenango, Petrona Mejía, presentó una moción privilegiada para que la CC determine si su eventual aprobación violenta principios contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala o en tratados o convenios en materia de derechos humanos que el país ha ratificado.
La propuesta fue respaldada con 86 votos a favor, 31 en contra y 43 ausencias. De esta cuenta la Junta Directiva del Congreso de la República deberá enviar la iniciativa de Ley 6099 a la CC para que lo estudie y emita la opinión consultiva.
Aliados presionan por la aprobación de la Ley de Amnistía a beneficio de militares
Diputados fijan posturas
Durante la discusión en primer debate predominaron los discursos de legisladores que están en contra de la aprobación de la amnistía a favor de militares.
El diputado Edgar Batres del bloque Winaq inició la discusión señalando que aprobar la iniciativa 6099 es pretender retroceder en el tiempo, para anular sentencias en casos donde ya existen culpables y donde ya hubo una reparación digna.
Batres también advirtió que la aprobación del proyecto de decreto atentaría contra los capítulos cuatro y cinco del Pacto Internacional de Derechos Humanos el cual ya fue ratificado por el Estado de Guatemala y que se refieren a la prohibición de aplicar amnistías a quienes tengan responsabilidad penal por graves violaciones a los derechos humanos.
Por su parte la parlamentaria Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) calificó la iniciativa como una propuesta regresiva que perjudica a la población que fue afectada durante el conflicto armado.
Jerónimo volvió a señalar que haber otorgado su firma al dictamen favorable al proyecto de ley fue un error que ya enmendó legalmente. La diputada también afirmó que la ley va en contra de los principios y acciones del movimiento al que representa.
El legislador de Retalhuleu, Edwin Lux, también expresó su rechazo a la iniciativa 6099. El parlamentario criticó que el Congreso quiera legislar una amnistía por 40 oficiales que quieren salir impunes por los delitos de lesa humanidad.
En tanto, el diputado oficialista, Carlos Roberto Calderón, abogó por la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de la Paz, para que el nuevo gobierno que asume el próximo 14 de enero reciba una Guatemala que ya no esté confrontada por asuntos relacionados al conflicto armado interno.
Al concluir la sesión plenaria, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, dijo que enviar a consulta a la CC la iniciativa 6099 le pareció una decisión lógica que había que apoyar y que ahora deberán esperar la respuesta del tribunal constitucional.
La amnistía que busca la iniciativa 6099
El proyecto de ley busca que se reconozca el derecho de amnistía otorgada a favor de los integrantes del Ejército de Guatemala y de los demás cuerpos de seguridad del Estado, así como miembros de los grupos insurgentes que cometieron delitos entre el 13 de noviembre de 1960 y el 29 de diciembre de 1996 en territorio guatemalteco.
Además contempla procedimientos para que los militares que ya han sido condenados o se encuentren ligados a proceso penal por delitos cometidos dentro del contexto del enfrentamiento armado interno, puedan obtener su inmediata libertad. El mismo beneficio aplicaría para las personas contra quienes se hubiese girado órdenes de aprehensión
La iniciativa 6099 también pretende que el Ministerio Público se abstenga de ejercer la acción penal en los procesos que se encuentren bajo investigación, para ello pretende que exista responsabilidad administrativa y penal para los fiscales, jueces y tribunales que retarden, dificulten u obstaculicen la aplicación de la amnistía para los procesados por delitos de guerra cometidos durante el conflicto armado interno.
Diputados insisten en amnistía a favor de militares que cometieron crímenes de guerra
Finalmente la propuesta también busca que se eliminen los artículos 8 y 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, que establecen que la extinción de la responsabilidad penal no es aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.
De ser aprobada la propuesta tal cual fue dictaminada, los sentenciados en casos como Sepur Zarco, Molina Theissen y masacre de las Dos Erres obtendrían su libertad inmediata. También cesaría la persecución penal en contra de los acusados en el caso Creompaz y Diario Militar, entre otros.
