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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y el Parlamento Xinka realizaron una manifestación en el centro de la capital de Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

Por Rony Ríos

Las autoridades ancestrales y comunitarias de varios municipios del país se desplazaron a la ciudad capital para manifestar su rechazo a las acciones que emprendió el Ministerio Público (MP) en contra del partido Movimiento Semilla, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del proceso electoral.

Además, las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y del Parlamento Xinka se congregaron desde las 8:00 horas frente a la Cámara de la Industria para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la recién nombrada fiscal regional, Cinthia Monterroso, y del juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.

Los manifestantes se desplazaron sobre la Séptima Avenida de la zona 4 hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde gritaron consignas de protesta y después siguieron su camino, pasando por el Congreso de la República y llegando hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la CC, las autoridades indígenas plantearon un amparo en donde exigieron que se deje en suspenso la resolución emitida por el juez Fredy Orellana, en la que suspendió la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.

Además, solicitaron que se conmine a la fiscal Porras abstenerse de solicitar acciones que pongan en riesgo o amenace los derechos de elección y la voluntad del pueblo.

Asimismo, pidieron que se conmine al presidente Alejandro Giammattei que ordene al director general de la Policía Nacional Civil (PNC) abstenerse de acatar órdenes que atenten contra los derechos y que se ordene la separación del cargo de la fiscal general, el jefe de la FECI, la fiscal Monterroso y el juez Orellana por no acatar el amparo provisional del 13 de julio.

Los representantes de las autoridades comunitarias emitieron varios pronunciamientos en los que advirtieron que ahorita estaban presentando acciones legales, pero que si las mismas no eran atendidas iban a tomar carreteras, fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos. “Es la última vez que venimos a agotar el diálogo en la capital”, aseguraron.

Señalamientos contra funcionarios

Los funcionarios mencionados en el amparo son señalados de emprender acciones para dar un golpe de Estado al binomio presidencial electo conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera a través de una persecución penal en contra del TSE, del partido político y sus integrantes.

Una vez el partido Movimiento Semilla pasó a la segunda vuelta electoral, la FECI, a través de Cinthia Monterroso, solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido y una serie de órdenes de allanamiento y de captura que fueron autorizadas por el juez Orellana.

Orellana autorizó varios allanamientos en el Registro de Ciudadanos del TSE, en el Parque de la Industria, donde se ubicaba el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y de la sede central del partido Movimiento Semilla.

A través de estas acciones, el oficialismo en el Congreso de la República decidió separar a la bancada Semilla, aunque gracias a una resolución del TSE la tuvieron que volver a integrar a los bloques legislativos.

El acto que levantó más la polémica fue la decisión del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, de abrir las cajas electorales y sacar las papeletas como parte del análisis de indicios. Aunque Curruchiche lo negó, en varios vídeos se observa que algunos de los fiscales cuentan los votos.

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