El comandante retirado Juan Ovalle Salazar fue condenado a 20 años de prisión, pero los otros ochos supuestos responsables fueron absueltos por la muerte de 25 personas en la comunidad de Rancho Bejuco, Baja Verapaz.
Por Rony Ríos
El Tribunal de Mayor Riesgo D condenó al coronel retirado Juan Ovalle Salazar por delitos contra deberes de la humanidad, pero absolvió a los otros ocho acusados de participar en la masacre en la comunidad indígena Rancho Bejuco, de la aldea Pacoj, del municipio de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz en julio de 1982.
Los jueces decidieron que no se pudo demostrar la responsabilidad de penal de los acusados Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado De Paz, Carlos Sesán Cajbón, Lauro Garrido Córdova, Mario Garrido Córdova, Juan López Sic y Santos Cojón Galeano.
Según el juez Walter Mazariegos, el Ministerio Público (MP) no pudo probar que los ocho expatrulleros de Autodefensa Civil fueran responsables de participar en el asesinato de las 25 personas en Rancho Bejuco, por lo cual ordenó su inmediata libertad.
Mientras que el Tribunal consideró que Ovalle Salazar estaba a cargo de los operativos en los que se dio la muerte de las 25 personas, incluidas 17 niños, niñas y adolescentes, pese a que el acusado no estuvo presente durante la ejecución de estos.
Por la comisión de los delitos contra los deberes de la humanidad, el Tribunal impuso una pena de 20 años de prisión en contra de Ovalle Salazar.
La abogada, Lucía Xiloj, querellante en el juicio, aseguró apelarán, porque consideran que hay elementos suficientes para condenar a los acusados.
“Las familias durante muchos años han buscado que se dignifique a sus víctimas y no se ha hecho así, incluso el tribunal en su argumentación cuestiona por qué ellos no salieron del caserío, como diciendo que era su culpa que los asesinaran”, aseguró Xiloj.
El caso
Según el MP, los hechos ocurrieron el 29 de julio de 1982 cuando un grupo de patrulleros de Autodefensa Civil y comisionados militares llegaron al caserío Rancho Bejuco y reunieron a la población maya Achi.
Entre el grupo de personas de la comunidad se encontraban niños, niñas, mujeres y hombres, que por la tarde de ese mismo día fueron asesinados.
Por esta masacre, el juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, envió a juicio a los seis expatrulleros, dos comisionados militares y al teniente coronel Juan José Ovalle Salazar.
El 8 de agosto de 2023, las mujeres maya Achí, familiares de las víctimas, pidieron justicia por los masacrados, indicando que se habían presentado para exigir justicia por el asesinato que cometieron los patrulleros en 1982.
Durante el juicio el MP dijo que a unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala “los hombres mayas Achi de esta comunidad agrícola no habrían aceptado unirse a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y esto fue utilizado como excusa por el Ejército para su eliminación”.
La masacre en el caserío Rancho Bejuco ocurrió dentro de un contexto de violencia sistemática y generalizada en Baja Verapaz. Ya que, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), las muertes fueron ejecutadas durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt, lo cual ejemplifica “la persecución sistemática del Estado para eliminar a la población maya de la región”.
Dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentran testimonios que evidencian cómo los expatrulleros cavaron un agujero y posteriormente asesinaron a las mujeres y niños y uno por uno fueron lanzados a los hoyos; para cerciorarse que las víctimas habían fallecido, los expatrulleros lanzaron bombas.
Durante el conflicto armado interno en Guatemala se estima que el ejército se masacró a 1 mil 500 indígenas del norte de Guatemala y por esos crímenes Ríos Montt fue condenado por el delito de genocidio, en mayo de 2013.
