Analistas explican que a través de un comunicado no se puede tomar en serio una postura del partido que perdió en la segunda vuelta electoral, además las impugnaciones debían hacerse en el momento del conteo y luego a través de las audiencias de revisión de escrutinios.
Por Shirlie Rodríguez
El Comité Nacional del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), emitió un comunicado en el que refiere que “existe una gran cantidad de hallazgos” que presentan inconsistencias del proceso electoral, tanto en la primera vuelta, como en la segunda del 20 de agosto reciente.
Ante estas expresiones constantes del partido de Sandra Torres, tras su tercera fallida participación, expertos abordan el tema y exponen que la forma en que intentan deslegitimar las elecciones no es la legal, por lo tanto no tiene validez.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz, dijo en sus redes sociales que una de las figuras vitales para plantear irregularidades en un proceso electoral son los fiscales del partido. Estas personas tienen el acceso a los documentos, además están en las mesas receptoras de votos en donde pudieron identificar alguna anomalía.
El documento 4, al cual tienen acceso los fiscales de los partidos, es el acta final de cierre y escrutinios. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en este documento se deja constancia de la hora de cierre de la votación y también los resultados de la mesa.
“Se extiende en original para la Junta Electoral Municipal (JEM), duplicado para la Dirección General de Informática y triplicado para Correo Propio”, dice la ley.
La LEPP también señala que después de concluido el proceso electoral y cuando se cerró el acta, es fundamental que sea firmada por los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JVR) y los fiscales de los partidos que estén presentes. Al realizar este proceso es porque ahí se verificó si había alguna anomalía.
También existe un documento 5, en el cual “se copian fidedignamente los resultados consignados en el Documento no. 4”, cita la ley.
Para Ortiz, es ahí en donde los fiscales de la UNE tuvieron que cotejar los resultados y determinar si existían las inconsistencias que ahora suponen que hay después de superado el proceso electoral de primera y segunda vuelta.
El abogado agrega que para pedir la nulidad del proceso electoral se deberían cumplir algunas características: como violaciones a la mesa que contienen los votos, coacción a los miembros de las JRV o actos que alteren la elección, pero esto, anotó, no sucedió porque tampoco existieron impugnaciones.
Sobre el mismo tema, la analista política Andrea Velasco considera que el más reciente comunicado publicado por la UNE, demuestra que el partido está buscando formas para obstaculizar los resultados que, incluso, ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Pretenden ganar procesos legales con comunicados espurios, que quizá solo quieren llamar la atención a algo más que estén planificando. Pero hay procesos, hay leyes a las cuales están regidos. Todo este proceso ha sido tan complejo que para ellos no existen límites y tampoco terminan de aceptar la derrota”, dijo.
Las acciones que la UNE han mostrado desde algunas semanas llevan a la ciudadanía a manifestarse en las calles de distintas ciudades del país: en la capital, en Xela, Cobán y otros departamentos están llevando su consigna en contra de la narrativa de fraude, que sostiene el partido de Sandra Torres, y piden que se respete la decisión de la ciudadanía.
Pero otros ciudadanos llevaron su inconformidad hasta la verificación de la información que dio la UNE, como el caso de Derek Urizar, que en su cuenta de X (antes Twitter) demostró que no existen las inconsistencias que señala la UNE.
Revisó las actas de las mesas señaladas por el partido perdedor, en las cuales se suponía cerraron la votación antes de las 18 horas y, lo que constató fue que no había anomalía y además mostró que se puede hacer cambio del horario utilizando herramientas como colocar una zona horaria diferente en la computadora.
También revisó las 24 mil 585 mesas en todo el país y con los datos que proporciona el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), evidenció que no hay errores en el cierre de las votaciones, como lo quiere hacer ver la UNE.
El Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados, el 28 de agosto, y proclamó a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como el binomio presidencial electo, pero la UNE aún sin aceptarlo y presentó una acción de nulidad en contra del acuerdo.
Según la UNE, el magistrado Ranulfo Rojas no estaría autorizado a firmar el acuerdo, por ser vocal, y lo consideran como usurpación de funciones.
La politóloga Andrea Valverde dice que los recursos legales se esperaban, porque no encontraron (la UNE) otra forma de ganar la presidencia a pesar del uso de recursos económicos e incluso estrategias poco éticas como la campaña de desinformación.
Valverde sostiene que lo que queda es que las instituciones resuelvan conforme a derecho y no a favor de estos grupos de influencia que pretenden tomar el poder aunque sea de forma ilegal o con estrategias espurias.
Tanto Velasco como Valverde coinciden y resaltan el rol de la movilización ciudadanía para hacer valer su derecho a elegir a las autoridades en defensa de la democracia del país.
