La fiscal general busca que el edificio en proceso de extinción de dominio y que antes era del Banco de la República, un inmueble ubicado en la zona 10, sea la nueva sede de la alta Corte.
Por Prensa Comunitaria
La fiscal General, Consuelo Porras, tras criminalizar a fiscales, jueces y periodistas quiere congraciarse con la Corte de Constitucionalidad (CC), una instancia que la ha protegido y que apoyó su reelección como líder del ente investigador.
Ella quiere que el máximo tribunal del país utilice el edificio ubicado en la diagonal 6, 10-26 de la zona 10 de la ciudad capital, antigua sede del extinto Banco de la República y que está en proceso de extinción de dominio.
El inmueble de diez niveles y tres sótanos está vinculado a la narcotraficante Marllory Chacón, según una investigación de Prensa Libre. Dado que presuntamente fue utilizado en transacciones irregulares, se encuentra inmovilizado desde 2017.
El edificio es ocupado actualmente por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) y algunas oficinas del MP. Sin embargo, Porras insistió en que se le otorgue el edificio a la CC, lo que implicaría desalojar a los dos anteriores entes.
La solicitud para que se le brinde el inmueble al tribunal constitucional fue elevada al Consejo Nacional de Administración en Bienes de Extinción de Dominio (Conabed), la máxima autoridad en la gestión de este tipo de recursos.
En este último órgano estatal participan varios funcionarios, entre ellos, la fiscal general, quien argumentó que se podía ceder la propiedad tomando en cuenta que la Corte rebasa los 400 trabajadores y este edificio es más “voluminoso” (respecto al que posee ahora).
La Unidad de Extinción de Dominio del MP con base a lo expuesto en la materia penal, logró que hoy se confirmara la medida cautelar de inmovilización sobre el bien ubicado en la diagonal 6, 10-26, zona 10 de la ciudad de Guatemala, antiguo edificio del Banco de la República. pic.twitter.com/AnXqfkwvL9
— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 13, 2018
Incumplimiento
Porras quiere incumplir lo que indica la normativa vigente, respecto a que el uso provisional de estos bienes (cuando aún no le pertenecen al Estado) se autorizará para los entes que participen o colaboren con la investigación y el proceso de extinción de dominio.
Tal situación excluye a la Corte de Constitucionalidad. No obstante, Porras pretende que se haga el traslado “pensando en el bien común” y señaló que por la “institucionalidad del Estado” pueden hacerse “algunas consideraciones”.
Eso quedó plasmado en actas revisadas por Prensa Comunitaria, en los que ella manifestó que para desocupar el edificio de la zona 10, las oficinas del MP que actualmente están en ese edificio se podrían instalar en la sede actual de la CC y que la misma Corte se comprometería a alquilar una propiedad para las oficinas de la Senabed.
Persistencia
La fiscal general también sugirió que se firme un acuerdo para que se le pueda ceder el bien al tribunal constitucional. “Se puede transferir a través de un convenio de entendimiento, donde ellos se hacen cargo de pagar algún inmueble para Senabed y trasladar al MP donde ellos están actualmente”, detalló.
Además, La jefa del ente investigador requirió que se celebre una junta entre la institución que dirige, la Secretaría y la Corte, a “manera de ver posibilidades”. “A ellos (la CC) el edificio puede servirles más, porque son más gente”, aseguró.
“Tiene que haber una reunión previa. No apruebo nada que diga que no se puede (entregar el edificio al tribunal constitucional). Hay que abrir posibilidades de solución”, subrayó Porras ante el Conabed.
Oposición
El vicepresidente Guillermo Castillo, dirigente del citado consejo, manifestó su desacuerdo con lo propuesto por la jefa del MP, porque señaló que se debe apoyar a la Senabed para que puedan efectuar sus funciones.
“En el Consejo se han tenido solicitudes del procurador de los Derechos Humanos, de los Ministerios, de gobernaciones y de alcaldes, requiriendo que se les den inmuebles, carros y oficinas, (pero) muy educadamente se les ha dicho que no se puede”, agregó.
“Aunque ellos han aducido que son instituciones de interés social, se les ha dicho que no. Si no, se le abre la puerta a todo mundo, para que estén haciendo gestiones (de este tipo)”, expuso el funcionario.
Castillo afirmó que, si es por cuestión de fondos, entonces se le debería dar más a la CC y que alquilen otro edificio. “Se estaría desvistiendo a la Senabed para beneficiar a otra institución y esa Corte tiene más recursos para adquirir un inmueble”, acotó.
El vicepresidente añadió que, en cuatro años, “nunca” se ha podido incrementar el presupuesto de la Secretaría y este “siempre” ha sido de Q11 millones. Mientras que a la Corte de Constitucionalidad, según el Sicoin, se le asignaron más de Q279 millones.
Resultado
Tras hacer un análisis, la Secretaría dijo que no puede darle el inmueble de la zona 10 a la CC, porque esta no es considerada, desde la perspectiva del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio, en una entidad de “interés público”.
Esa clase de entidades son aquellas que, sin ánimo de lucro, su objeto principal es la “acción social, la prestación de servicios de asistencia social o de atención a personas en condición de vulnerabilidad”. Por ahora, la Senabed sigue operando en la propiedad.
Unidad de Extinción de Dominio entrega a la Senabed edificio ubicado en la zona 10 – https://t.co/zmiBlSl2wP pic.twitter.com/ODkQ2RiGqv
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 9, 2018
