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CC blinda a Porras y niega pedido para reactivar solicitud de retiro de inmunidad

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Créditos: Ministerio Público
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Los magistrados de la alta Corte negaron el amparo provisional a Siomara Sosa y mantienen vigente la resolución de la CSJ, que negó tramitar un antejuicio contra la fiscal general Consuelo Porras. 

Por Alexander Valdéz

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la solicitud que hizo la defensa de la exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa, para reactivar el retiro de inmunidad planteada contra la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pleno de magistrados analizó un amparo promovido por Sosa, quien denunció a la fiscal general, porque no le dio acceso a información pública sobre programas informáticos de la División de Análisis Criminal (DAC) y de la División de Análisis Criminal (DICRI), que se utilizaron para sustraer correos electrónicos e información que está siendo utilizada para perseguirla penalmente.

“Resolviendo la petición que al respecto formuló en el escrito originario la postulante del amparo, por razón de que, a juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”, resolvió la CC al negar el amparo provisional.

Según consta en la resolución, la magistrada Dina Ochoa no se excusó de conocer la acción que buscaba reactivar la denuncia contra Porras, pese a una posible cercanía entre ambas, según consta en fotografías captadas cuando el presidente Alejandro Giammattei anunció su reelección en el cargo.

La magistrada Dina Ochoa y el magistrado suplente Rony López junto a Consuelo Porras celebrando su reelección en el cargo. Fotograma Gobierno de Guatemala.

Una exfiscal criminalizada 

Siomara Sosa, fue subjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Investigó el caso Lago de Amatitlán, Odebrecht, entre otros casos de corrupción que alcanzaron a altos funcionarios del desaparecido Partido Patriota.

La justificación para no informar acerca de los programas informáticos fue que es “información reservada”.  Sin embargo, a criterio de la denunciante, la decisión del ente investigador no cumple con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Se deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública y no como arbitrariamente fue resuelto por la Unidad indicada y por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, pues la información solicitada es de carácter público y por ende debe ser proporcionada; sin embargo, se obstaculizó y se limitó el derecho a tener acceso a dicha información”, alega la denunciante.

Sosa fue una de las primeras fiscales detenidas por casos de criminalización en la gestión de Porras. Ella estuvo casi un mes en prisión junto a la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Leyli Santizo. La exsubjefa de la FECI actualmente tiene activo un proceso penal y el MP busca vincularla en el caso de acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht.

Un criterio distinto al resolver

A diferencia de acciones presentadas contra actores anticorrupción, en este antejuicio, los magistrados de la CSJ resolvieron que no era viable tramitar el antejuicio. porque a su criterio, es “espurio y político”, por esa razón lo rechazaron sin entrar a conocerlo.

“Esta CSJ concluye que la denuncia fue promovida por razones espurias debido a la falta de elementos de razonabilidad suficientes a pesar de la existencia de documentación adjunta; además de ilegítimas, por haberse denunciado actos propios del ejercicio de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, por lo que no cumple con los requisitos necesarios para su viabilidad, siendo innecesario remitir el expediente al Congreso de la República de Guatemala, estimándose procedente rechazar in limine las diligencias promovidas”, dice la resolución.

Un claro ejemplo de lo distinto que han resuelto los togados de la CSJ, son las denuncias contra el diputado Aldo Dávila y jueces, a quienes se les ha tramitado los antejuicios presentados por terceras personas y fundamentados en publicaciones de prensa.

Más datos en la siguiente nota:

CSJ rechaza pedido para investigar a la fiscal general Consuelo Porras

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