Hace cuatro meses, el juez José Alfredo Quiñónez Lemus que preside el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Cobán, Alta Verapaz, absolvió y declaró libre de los delitos de apropiación y retención indebida de salarios a Bernardo Caal Xol.
Por Isela Espinoza
El dirigente maya Q’eqchi’ fue denunciado en 2017 por el Ministerio de Educación (MINEDUC), supuestamente por abandono de labores mientras ejercía la docencia en una escuela primaria de la aldea Sibicte de Chisec, Alta Verapaz. Durante las audiencias, la defensa del profesor argumentó que el proceso en su contra era de carácter administrativo. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) buscaba una sentencia en su contra por el delito de retenciones ilegales.
Según las conclusiones del juez, el Ministerio Público no fortaleció la investigación planteada en contra del defensor del río Cahabón, quien denunció que el caso fue fabricado por el MP para dañar la resistencia comunitaria de ese municipio de Alta Verapaz.
A pesar de la sentencia absolutoria, el MP apeló la decisión del juez y busca que se repita el debate, según denunció este jueves Bernardo Caal Xol. “El objetivo del Ministerio Público es mantener la persecución, aunque la situación ya se aclaró y hay una sentencia”, dijo durante una conferencia de prensa.
#Criminalización 🚨 Líder q’eqchi’ denuncia nuevas acciones judiciales
1️⃣ Bernardo Caal Xol denuncia que el MP busca revocar la sentencia absolutoria del caso en el que el MINEDUC lo acusa de apropiación y retención indebida por supuestamente incumplir su trabajo como maestro. pic.twitter.com/SHp93DSpFt
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 17, 2023
El abogado Santiago Choc, que formó parte del equipo de la defensa en el juicio de este segundo caso impulsado contra el dirigente, comentó que según argumenta el MP, Caal Xol debía impartir clases en una escuela de Chisec. “Estos hechos se sometieron a debate. La sentencia concluyó que Bernardo no cometió ningún hecho delictivo por lo que lo dejó libre de todo cargo. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en criminalizar a Bernardo”, explicó Choc.
Para el abogado, la inconformidad del MP radica en que el juez no validó los testigos presentados por la fiscalía. Además, agregó que esta es una de las formas de criminalizar a los defensores o dirigentes comunitarios.
Mientras, la abogada, Juanita Pérez, recordó que durante el juicio en Alta Verapaz, el MP argumentó que Caal Xol se ausentó de sus labores como maestro sin contar con una licencia para ausentarse. Sin embargo, la defensa logró comprobar que sí existía la autorización para ejercer su actividad sindical cuando formó parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
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Cooptación y criminalización
El dirigente maya recordó que en 2015 se desató una ola de criminalización contra él por representar a las comunidades mayas Q’eqchi’ ubicadas en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz.
En ese año se abrió el primer caso en su contra por denunciar que la hidroeléctrica impulsada por la empresa Netzone S.A. subcontratista de Oxec S.A violentó los derechos del pueblo maya Q’eqchi’, en Santa María Cahabón. Caal Xol informó a la comunidad de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre su derecho a la consulta previa e informada sobre el proyecto hidroeléctrico.
Caal Xol fue detenido en enero de 2018, señalado de varios delitos y en noviembre de ese año fue condenado por el juez Fabricio Rosales, del Tribunal de Sentencia de Cobán, Alta Verapaz, a 7 años y cuatro meses de prisión. Pero recobró su libertad después de pasar más de cuatro años en prisión en el centro preventivo de Cobán.
Este jueves, el dirigente denunció la cooptación de las instituciones del Estado. Según dijo, esto deriva en la persecución contra defensores de los derechos humanos, los recursos humanos y operadores de justicia que trabajan contra la corrupción.
“La intención ha sido silenciar a las comunidades para que no se denuncie la corrupción y el desvío de los ríos en la región norte de Guatemala”, señaló. Además, agregó que solo en la región de Alta Verapaz, en las comunidades Q’eqchi existen más de 1,200 órdenes de detención contra dirigentes comunitarios.
En tanto, finalizó su intervención afirmando que, si se repite el debate, lo volverá a enfrentar para mostrar su inocencia. “Se me está persiguiendo injustamente por un caso inexistente”, comentó.
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