Por Miguel Ángel Sandoval
No quedan muchas dudas sobre la situación complicada que vivimos. En ocasiones hay la impresión que alguien quiere reventar el proceso democrático de nuestro país, así como el reciente evento electoral. Ello pues no existen razones para llevar a cabo acciones que solo generan más tensión. En especial cuando se sabe que la sociedad guatemalteca se encuentra en estado de tensión. Quizás no toda, acaso no en todas sus expresiones organizadas, pero que existen razones para tomar micho cuidado con cada acción que se realiza, es parte del abc de nuestros análisis, o al menos, es lo que debería ser.
A título de ejemplo, hacia el fin de la semana se supo de una declaración de las autoridades indígenas del país que en resumen decían que, si el MP continuaba en su afán por terminar la democracia o ponerla en riesgo, habría una respuesta organizada por parte de los pueblos indígenas. Con ello se dicen al menos dos realidades: la primera es que el tema político está rebasando lo estrictamente electoral y ahora es un tema del país, de la democracia. Dicho en otras palabras, lo que plantean las autoridades indígenas va mucho más allá de Semilla y su victoria electoral.
La segunda, que la postura de las autoridades indígenas, en donde el Estado, por ausencia histórica no tiene mecanismos de control o de incidencia concreta, coloca al propio estado en condiciones de enorme dificultad para cualquier tipo de actuación. La lectura que se hace es o puede ser, bastante sencilla. Con la declaración política de las autoridades indígenas, el MP pasa a la defensiva pues no tiene la manera de impedir que los dirigentes indígenas actúen como mejor lo entiendan. En este caso la fiscalía no podría imponer a las autoridades indígenas o autoridades ancestrales, una visión de la justica que no es compartida por los pueblos indígenas, ni podría citar a una autoridad que no entiende y que no conoce en las maneras que definen sus acciones.
Se establece entonces un “pulso” entre dos visiones del conglomerado nacional, alrededor de eso que se conoce como justicia, y en el mismo, el MP lleva las de perder. En particular porque tienen el tiempo en contra. No solo porque son parte de un gobierno que va de salida, sino, además, debido a que para los lideres indígenas, el tiempo no se mide con el calendario de los procesos políticos, de naturaleza electoral, como en el que nos encontramos. Si bien, el tema es el de la salud de la democracia, no es menos cierto que desde la perspectiva de los pueblos indígenas, la democracia se ha convertido en una garantía para que sus derechos sean conocidos, escuchados, resueltos. Mientras que, para la visión dominante en la sociedad guatemalteca, la democracia, en su versión actual, es solo el pretexto para mantener un estado de cosas que no favorece a los `pueblos indígenas.
Y estas visiones se convierten en un tema desconocido para los funcionarios que van de salida, pues más allá de sus afinidades políticas, encuentran frente a ellos un actor que valora el tiempo con otros parámetros. En tanto que, para las autoridades indígenas, se trata de levantar una agenda nacional, de cambio, de posibilidades democráticas. Por ello la contradicción que se menciona. Y ello no tiene forma de resolverse, salvo que el MP entienda que no puede judicializar los procesos sociales, políticos, o en el caso que nos ocupa, electorales. Pero, además, si la judicialización se impulsa por razones que rechazan amplios sectores de la sociedad, que como vemos, decidieron tomar la palabra.
