Funcionarios del gobierno de Estados Unidos dieron a conocer las medidas a las que dan seguimiento para la atención al tema migratorio de personas de Latinoamérica hacia este país. Actualmente funcionan dos oficinas en las que se trasladan los trámites para migrar a través de las vías legales.
Por Shirlie Rodriguez
El gobierno de Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa virtual en la que abordaron el tema de la implementación de las medidas para administrar la migración de personas de Latinoamérica que buscan llegar a este país.
Los funcionarios del gobierno de Joe Biden dieron a conocer que mantienen el plan de control fronterizo, que endurece las sanciones para quienes migran de forma irregular hacia EE.UU.; resaltaron que hay una expansión histórica de las vías legales para que las personas que quieren migrar lo hagan a través de las vías establecidas.
Uno de los planes que habilitaron fue la creación de oficinas de movilidad que ya están funcionando en Guatemala, Costa Rica y Colombia, en donde se han aceptado más de 18 mil solicitudes de personas que buscan refugio en EE.UU.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, explicó que además de las medidas que se ampliaron para las personas que buscan llegar a este país, también están solicitando que el Congreso actualice las leyes para la regulación del proceso migratorio y que se haga a través de los partidos Republicano y Demócrata.
Uno de los datos que presentó Nuñez-Neto sobre estas acciones fortalecidas desde junio fueron los acuerdos entre el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, de México, para que también se acepten a personas migrantes de Centroamérica y otros países que puedan trabajar.
Con las oficinas de movilidad segura, que abrieron en Guatemala y Colombia, están atendiendo a más personas que han solicitado refugio en Estados Unidos. Nuñez-Neto agregó que a través de su aplicación digital y en la página web de CP-ONE, son 45 mil personas que lograron obtener citas a diario para atender sus casos.
“Nadie debería creer las mentiras de los coyotes que lo hacen para poner en riesgo la vida de las personas. Quienes intentan ingresar de forma irregular al país están expuestos a sanciones que prohíben el ingreso por al menos cinco años por usar las formas irregulares”, dijo el subsecretario.
En la conferencia también estuvo Marta Youth, subsecretaria de Estado Interina de la Oficina de Población, Refugiados y Migración y habló de las cifras que manejan con la implementación de las oficinas para la movilidad segura.
En Guatemala y Colombia se recibieron 18 mil solicitudes, de las cuales, 650 personas que llegaron a la oficina en Guatemala están en el programa de admisión del proceso de refugio.
En Costa Rica se atendieron a 250 solicitudes de refugio. También se remitieron a 200 personas para su proceso de asentamiento en España.
Los funcionarios aseguraron que mantienen relación con los países con los que trabajan estos planes y que continuarán con las medidas para buscar que se reduzcan las cantidades de personas que ingresan de forma irregular a Estados Unidos.
Youth agregó que los procesos para solicitar las citas para pedir asilo o refugio u optar a cualquiera de los programas, es gratuito y no pueden tener intermediarios.
Después del fin del Título 42, el gobierno de Biden esperaba la llegada masiva de personas de distintos puntos que pretendían ingresar de forma ilegal a ese país y por eso implementaron nuevas medidas para la migración regular.
La política migratoria conocida bajo el nombre de Título 42, de las administraciones de Trump y Biden, restringía el derecho a solicitar asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México durante 38 meses. El 11 de mayo de este año fue concluyó la medida.
Amnistía Internacional criticó estas acciones y dijo que mientras se beneficiaba a algunos, se vulneraría la vida de más personas.
“Estados Unidos adopta una vez más el enfoque desacertado de dar una de cal y otra de arena en respuesta a la crisis global de refugiados: por un lado, amplía la reunificación familiar y las vías de solicitud de permisos humanitarios en Estados Unidos y, por otro, externaliza sus obligaciones de protección y penaliza duramente a quienes ejercen su derecho humano de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
