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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

El fin de semana, Amcham afirmó que la atracción de inversión extranjera empieza a verse afecta por la falta de certeza jurídica en el país. En tanto, el Grupo Articulador denunció que la falta de confianza en el sistema político impulsa la migración.

Por Isela Espinoza

A un mes de la segunda vuelta electoral para elegir al presidente que gobernará en los próximos cuatro años la tensión continúa este lunes con llamados de diversas organizaciones a la población para unirse a un paro nacional. A ello se sumaron pronunciamientos de cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil sobre las consecuencias sociales y económicas de la actual coyuntura.

El Grupo Articulador de sociedad civil en materia migratoria para Guatemala en un comunicado advirtió que la “grave crisis política” también tiene repercusiones en la movilidad humana tanto interna como hacia otros países.

“Es evidente que el denominado Pacto de Corruptos no está dispuesto a perder sus privilegios y por ello están inconformes con los resultados derivados de la voluntad popular”, se lee en el documento.

Los comunicados coinciden en rechazar las acciones del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a cargo de Rafael Curruchiche así como las órdenes del juez séptimo, Fredy Orellana, ya que consideran que en la investigación que impulsan contra el Movimiento Semilla están “actuando fuera de lo establecido” por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) enfatizan que utilizan el sistema de justicia para “dañar el modelo político electoral, el Estado de derecho y la democracia”, afirmó Grupo Articulador.

En este sentido, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) en un boletín explicó sobre lo que significa la seguridad jurídica y el Estado de Derecho y recordó que los encargados de hacer cumplir la ley (jueces o magistrados) están subordinados a la Constitución, tratados internacionales y las leyes nacionales.

“Resulta inverosímil que los encargados de hacer cumplir la ley emitan fallos o sentencias alejados del cuerpo legal del país, por interpretación o acciones claramente cuestionables”, señaló la Cámara de Alimentos.

Además, advierte que estas acciones pueden repetirse en la segunda vuelta electoral y en otros procesos. “¿Quién garantiza la correcta actuación de las cortes?, cuestionó.

El Grupo Articulador también consideró que la judicialización del proceso electoral promueve una polarización externa que puede desencadenar en conflictividad social que podría llevar a la violencia lo que provocaría aún más un clima de inestabilidad e incertidumbre.

Deterioro económico

Por aparte, la Cámara de Comercio Guatemalteco – Americana (AmCham) recalcó que empresas estadounidenses y guatemaltecas buscan operar en un clima de negocios con estabilidad política y económica y que los acontecimientos desde el 25 de junio empiezan a golpear en la atracción de la Inversión Extranjera Directa “por la falta de certeza jurídica”.

Grupo Articulador también recordó que el deterioro económico de los últimos años ha afectado a las comunidades y familias indígenas en especial mujeres, jóvenes, niños y personas adultas mayores, lo que provoca el aumento de la migración irregular.

“Si el país no ofrece oportunidades y no hay esperanzas, la gente opta por desplazarse, cruzar fronteras internacionales en la búsqueda de oportunidades”, recalcó Grupo Articulador. Además, se refirió a que también han salido al exilio operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y de los recursos naturales.

Las demandas

Las tres organizaciones coincidieron en solicitar que las autoridades actúen apegadas a la Constitución y la legislación vigente. Así como detener la judicialización del proceso electoral, respetar la decisión de la ciudadanía en las urnas, que se contribuya a crear condiciones de confianza en el país y que se aborden las causas estructurales que provocan las migraciones.

“Reiteramos que las instituciones están llamadas a respetar la decisión de las urnas y a cumplir con el mandato de llevar a cabo la segunda vuelta electoral, así como a prepararse para un cambio de gobierno”, agregó AmCham.

Crédito Simón Antonio

Este lunes el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo a través de su cuenta de Twitter que se comunicó con el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, para abogar por que el proceso electoral continúe sin acoso a los candidatos o partidos políticos.

En tanto, el fin de semana el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se unió a los llamados de la comunidad internacional para que las instituciones guatemaltecas garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores.

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