Los propietarios de la Constructora Aspetro, de apellido López, fueron señalados por Estados Unidos de pagar sobornos a cambio de recibir contratos de infraestructura con el actual Gobierno. El CIV les entregó en una sola obra Q990 millones en pleno proceso electoral.
Por Carlos Estrada
La empresa Asfaltos y Petróleos, Sociedad Anónima (Aspetro) recibió la adjudicación de un contrato por Q990 millones 170 mil 908.16 de parte del Ministerio de Comunicación. La asignación la realizó el gobierno de Alejandro Giammattei a mitad del proceso electoral y equivalen a unos US$126 millones 403 mil 633.86 dólares
La empresa es propiedad de Mauricio López Oliva y de Ramiro Mauricio López Camey, incluidos el año pasado por Estados Unidos en la Lista Engel de Actores Corruptos.
Los nombres de ambos figuran en el informe que recibió el Congreso estadounidense sobre personas extranjeras en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala señaladas de realizar acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, personas que cometen actos de corrupción significativa o que obstruyen investigaciones de alto impacto.
A López Oliva y López Camey -padre e hijo- se les señaló directamente de “incurrir en importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción”.
El Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación relacionada a estos sobornos y a pesar de la acusación continúan recibiendo millonarios contratos de obra pública en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El diario elPeriódico señaló en varias publicaciones que los López habrían regalado al presidente Alejandro Giammattei la casa de la zona 15 de la ciudad en la que vive.
Se trata de la misma residencia en la que Giammattei habría recibido, en 2019, dinero en efectivo envuelto en una alfombra, un soborno de la empresa rusa Telf Ag, propietaria de la empresa minera Mayaníquel.
El 9 de enero de 2013, Ramiro Mauricio López Camey fue detenido junto a Édgar Roberto Fernández Oliva en la ciudad de San Salvador por el delito de narcotráfico, siete meses después fue absuelto porque su defensa argumentó que únicamente eran consumidores de cocaína, según una publicación de La Prensa Grafica.
De Fernández Oliva se sabe que también fue contratista del Estado. En la Municipalidad de Mixco durante 2015, cuanto Otto Pérez Leal era alcalde, Fernández facturó Q2 millones 949 mil 700 a través de 12 contratos.
Q2 millardos en contratos
La empresa, según su dirección fiscal, está ubicada en el Edificio Torre Empresarial I, zona Pradera oficina 1504, de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. La empresa de los López ha logrado contratos con el actual Gobierno por Q2 millardos 14 millones 818 mil 262.98 (unos US$257 millones).
Antes de estos millonarios aportes, la constructora había recibido aproximadamente Q900 millones por contratos en 14 años.
Una adjudicación en periodo electoral
El contrato por más de Q990 millones es el más grande que ha recibido Aspetro y busca ampliar a cuatro carriles varios tramos carreteros, entre ellos las rutas RD-GUA09, RD-ESC-09 y el anillo C-50 Tramo VII que conecta El Obrajuelo, Villa Canales – Guanagazapa, Escuintla.
La empresa de los López compitió con la oferta de la empresa Construcciones y Servicios Catalina, S.A. ubicada en el mismo edificio de Aspetro, pero en la Torre 3, nivel 7 oficina 712. Esa empresa ofertó la misma construcción al CIV por un monto de Q119 millones 629 mil más.
La adjudicación fue hecha por la Junta de Licitación de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones el pasado 25 de mayo. El 7 de junio, el ministro de Comunicaciones Javier Maldonado, decidió improbar lo actuado por la Junta de Licitación, señalando que dentro del expediente no constaba la disponibilidad presupuestaria para el proyecto, por lo que devolvía el expediente para que la Junta ratificara o rectificara en base a la observación.
Siete días más tarde, el 14 de junio la Junta de Licitación volvió a ratificar su decisión por unanimidad, señalando que tenían a la vista “la certificación de la jefe del Departamento de Presupuesto de la División Financiera”.
El pasado 21 de junio el ministro decidió aprobar lo actuado por la Junta de Licitación bajo la responsabilidad de la propia Junta, por lo que el proceso de adjudicación quedó vigente.
