En una carta cuatro legisladores demócratas entre ellos, Norma Torres, pidieron al Departamento de Estado analizar las sanciones para el país de continuar la judicialización de las elecciones. Entre las medidas sugirieron restringir el financiamiento y revisar la participación de Guatemala en el CAFTA. Suspender a Guatemala del CAFTA tendría un efecto “devastador para un país como el nuestro”, señala director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos.
Por Isela Espinoza
Las acciones que el Ministerio Público (MP) y el juez séptimo Fredy Orellana han impulsado para cancelar la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo a favor del partido político y enfatizar que las elecciones deben continuar de cara a la segunda vuelta el próximo 20 de agosto, han llevado a cuatro congresistas demócratas a expresar su “profunda preocupación” por la actual coyuntura.
En una carta dirigida a Antonio Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, los legisladores de la Cámara de Representantes: Raúl M. Grijalva, Norma Torres, James P. McGovern y Leonor Holmes Norton exponen los hechos que han sucedido después del 25 de junio cuando los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) evidenciaban que la presidencia sería disputada entre Bernardo Arévalo de Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“A pesar de la consternación internacional, la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad) prometió continuar con la investigación de Semilla. Estas acciones y los esfuerzos de funcionarios de alto nivel para interferir en las elecciones y socavar la confianza de los guatemaltecos en las instituciones públicas suscitan una profunda preocupación, sobre todo porque siguen años de grave declive del Estado de derecho”, afirman los congresistas en el documento.
Además, de mencionar que la fiscal general, Consuelo Porras y el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, han sido identificados como corruptos e incluidos en la Lista Engel. También recuerdan que el presidente Alejandro Giammattei ha sido acusado en casos de corrupción entre ellos: sobornos a empresas constructoras y al financiamiento ilegal de campañas electorales.
Recalcan que periodistas y operadores de justicia que han trabajado en contra de la corrupción en el país están en el exilio o han sido criminalizados.
“Si continúan los esfuerzos para interferir con las elecciones o frustrar la voluntad de la gente, se amerita una respuesta más fuerte y Estados Unidos tiene varias opciones”, enfatizaron.
Según los congresistas las opciones en las que el Gobierno de Joe Biden podría aumentar sus sanciones están: la participación de Guatemala en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), restringir el financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo para proyectos en Guatemala, usar la voz y el voto de los Estados Unidos en las instituciones multilaterales de crédito para oponerse a los préstamos a Guatemala, suspender la asistencia a las fuerzas militares y de seguridad de Guatemala y retirar la iniciativa de inversión anunciada por la Administración Biden en febrero pasado.
“Tales medidas garantizarían que los fondos de los contribuyentes estadounidenses no se utilicen, ni se exploten nuestras alianzas y acuerdos, para fortalecer las estructuras de poder corruptas que exacerban la pobreza y la injusticia e impulsan la migración”, agregaron.
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Efecto devastador para Guatemala
Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas opinó que suspender a Guatemala del CAFTA tendría un efecto “devastador para un país como el nuestro”.
El CAFTA fue negociado entre enero de 2003 y enero de 2004 entre siete países y ratificado por sus Congresos incluyendo Estados Unidos. Según explicó Lacs, el CAFTA tiene una cláusula de denuncia en el cual cada país a través de su presidente ante los demás Estados puede denunciar el tratado y tiene un efecto de 90 días después. Sin embargo, una denuncia no puede ser interpuesta solo por un país, sino que debe ser toda Centroamérica o bilateral que accione.
Lacs recordó que no ha sido la primera vez que solicitan la revisión de la participación de Guatemala en el CAFTA. También lo impulsó en su momento el expresidente estadounidense, Donald Trump, ante la crisis migratoria que surgió en su gestión. Además, países como Nicaragua y Honduras también han sido amenazados con esta medida. Pese a su situación política el CAFTA continúa en estos países centroamericanos.
Actualmente en el marco de los beneficios que concede el CAFTA, las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos generan US$2 mil 300 millones al año. La cifra representa alrededor del 27 % de las exportaciones que realiza el país al mundo.
“No hay socio comercial más importante que Estados Unidos para el país. Si nos quitan el CAFTA posiblemente podemos seguir exportando, pero ya no los US$2 mil 300 millones, entonces eso sería un golpe duro”, explicó Lacs.
El empresario también plantea que, de llegarse a efectuar la medida, el país perdería los empleos que generan las exportaciones hacia Estados Unidos e inversión. “En vez de ayudar al país a superarse lo hundirían más”, agregó.
En cuanto a la actual coyuntura, consideró que las cortes han amparado al TSE por lo que está resuelto que se realice la segunda vuelta con los candidatos proclamados. Además, lamentó que las acciones causen incertidumbre y tensión a nivel nacional e internacional.
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