Estados Unidos incluye a diez guatemaltecos en la lista de actores corruptos

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

Entre ellos la fiscal de la FECI Cinthia Monterroso, los abogados Omar Barrios y Lesther Castellanos, así como los jueces Fredy Orellana y Jimmi Bremer. El rector de facto de la USAC Walter Mazariegos y el líder magisterial Joviel Acevedo, también fueron incluidos.

Por Alexander Valdéz

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la nueva lista de actores corruptos y antidemocráticos de la región, entre ellos, figuran diez guatemaltecos con serios cuestionamientos por estar vinculados en actos de corrupción y la fabricación de casos con los que se ha criminalizado a operadores de justicia y periodistas en Guatemala.

En la Lista Engel, como se le denomina al mecanismo para sancionar a personas involucradas en corrupción en Centroamérica figuran: la agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso y los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer. Así como, Gendri Reyes, exministro de Gobernación; Lesther Castellanos, ex juez y actual relator contra la Tortura; Omar Barrios, abogado y actual presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria.

Joviel Acevedo, sindicalista magisterial; Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Melvin Quijivix Vega; actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE); y Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala.

“Este informe incluye a las personas que se ha determinado que participaron en la actividad relevante en base a información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes. El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, indicó el Departamento de Estado.

¿Qué es la lista Engel?

A este mecanismo norteamericano para imponer sanciones por actos de corrupción o acciones antidemocráticas en Centroamérica se le denomina Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”.

Anteriormente han sido sancionados otros guatemaltecos con esa herramienta. La primera implicación para los centroamericanos nombrados en la “Lista Engel” es la cancelación de visas de EEUU o cualquier documento para ingreso válido a territorio estadounidense.

“A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revocará inmediatamente el visado y se anulará cualquier otro visado o documentación de entrada válidos, a menos que se conceda una exención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, según la legislación de EEUU.

En ese listado ya figuran fiscales, magistrados y políticos señalados en actos de corrupción; Rafael Curruchiche, Consuelo Porras, Néster Vásquez, Vitalina Orellana, Manuel Duarte, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Gustavo Alejos, entre otros.

El gobierno de Alejandro Giammattei por medio de un comunicado reaccionó contra la nueva inclusión de jueces, fiscales y funcionarios en la Lista Engel y manifestó su rechazo a la misma.  “El gobierno de Guatemala considera que es una herramienta deleznable que utiliza Estados Unidos para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero con la cual quebranta su presunción de inocencia y derecho al debido proceso”, destaca.

Además señala el gobierno que “la lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la defensa de la soberanía de nuestro país, ante la injerencia externa en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas”.

¿Quiénes son nuevos sancionados?

Cinthia Monterroso. Foto: Prensa Comunitaria

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez

Es agente fiscal de la FECI. Monterroso ha encabezado casos de criminalización en contra del periodista José Rubén Zamora, además, fue quien pidió que se iniciara una investigación contra los periodistas y columnistas de elPeriódico.

Monterroso también ha dirigido casos contra los abogados de Zamora y el reciente caso contra el partido Semilla. La semana pasada se le observó dirigiendo el allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En su contra pesan una serie de denuncias por irregularidades en casos que tuvo a su cargo. En 2020, la exjueza Erika Aifán solicitó que fuera investigada por presunta manipulación de casos.

“Socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”, indica Estados Unidos.

Fredy Orellana. Foto: Juan Rosales

Fredy Raúl Orellana Letona

Juez del Juzgado Séptimo Penal. Es quien ordenó la detención de José Rubén Zamora, autorizó la extradición del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, procesó a la fiscal Samari Gómez y quien llevó el caso contra Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado en una parte del proceso contra el periodista.

No es el único antecedente contra el juez. En abril de este año, la Sala Tercera de Apelaciones revocó un fallo de Orellana, quien había liberado al militar Walter Vinicio Contreras Munguía, acusado de ser parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Estados Unidos señala que Orellana “socavó los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.

El juez también es el que ordenó a petición de la FECI, inhabilitar la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, y la investigación del director del Registro de Ciudadanos, ambas acciones ilegales, según lo establecen abogados constitucionalistas por afectar el orden constitucional al entorpecer un proceso electoral.

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Jimmi Bremer. Foto: Prensa Comunitaria

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez

Juez del Juzgado Décimo Penal. Como juzgador decidió mantener en prisión al periodista José Rubén Zamora por petición de la FECI. Bremer también autorizó casos contra los abogados de Zamora.

En febrero, por pedido del Ministerio Público (MP), autorizó una investigación contra periodistas de elPeriódico y columnistas que trabajaron para ese medio de comunicación. Además, fue quien benefició al exjuez Mynor Moto con la anulación de la orden de captura.

Lesther Castellanos. Foto: Prensa Comunitaria

Lesther Castellanos Rodas

Es exjuez y actual relator contra la tortura. Fue quien denunció a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, actualmente en prisión. Dos denuncias de él provocaron que el MP iniciara una persecución contra la exfiscal.

Castellanos Rodas había sido denunciado por Laparra, por supuestamente filtrar información al abogado Omar Barrios.

Estados Unidos señala que “socavó los procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar quejas administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos”.

Omar Barrios. Foto: Prensa Comunitaria

Omar Ricardo Barrios Osorio

Es abogado y actual presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria. Según la acusación de Estados Unidos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.

Barrios es cercano al actual presidente Alejandro Giammattei y es querellante de los casos que se siguen contra Virginia Laparra, presa de conciencia que fue condenada por denunciar corrupción.

Gendri Reyes. Foto: Mingob

Gendri Rocael Reyes Mazariegos

Exministro de Gobernación de Alejandro Giammattei. Es exesposo de la diputada Patricia Sandoval. Durante su gestión, fue cuestionado por reprimir y usar la fuerza policial contra manifestantes que participaban en una marcha pacífica en noviembre de 2020.

Además, publicaciones de elPeriódico lo relacionan con personas ligadas al narcotráfico.  Estados Unidos lo señala de participar en corrupción “significativa”.

Walter Mazariegos. Foto: Soy Usac

Walter Ramiro Mazariegos Biolis

Rector de la Universidad San de Carlos de Guatemala (USAC), desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulenta, según el gobierno de Estados Unidos.

Mazariegos ha sido cuestionado por su respaldo al gobierno de Giammattei. Mazariegos fue nombrado como rector tras un proceso de elección arbitrario.

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Joviel Acevedo. Foto: elPeriódico

Joviel Acevedo Ayala

El actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), “incurrió en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos”, señala la descripción de la Lista Engel.

En 2021, la FECI determinó que Acevedo por medio de su puesto de secretario, habría negociado con Roxana Baldetti la remodelación de la Casa del Maestro, la cual se encuentra ubicada en la zona 1 de la ciudad capital.

Acevedo es conocido por presionar a los gobiernos de turno y beneficiarse con la aprobación de beneficios para no manifestar contra una administración.

Melvin Quijivix. Foto: Gobierno de Guatemala

Melvin Quijivix Vega

Actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Trabajó en el Centro de Gobierno y es cercano a Miguel Martínez. Quijivix Vega, fungió en la comisión como delegado de Prioridades Presidenciales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), devengando un sueldo de Q15 mil mensuales.

Según el Departamento de Estado, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.

Edgar Humberto Navarro Castro

Expresidente y administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.

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