Gipsa ha obtenido varios contratos millonarios durante el gobierno de Alejandro Giammatei, la misma empresa que hizo aportes ilícitos a la campaña del Partido Patriota en 2011 vinculada a Julio Alejandro Quinto Tobar señalado en el caso Cooptación del Estado, de acuerdo con las investigaciones de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por Carlos Estrada
El Grupo Internacional de Proyectos S.A. (Gipsa), de nombre comercial Macor, ha cobrado al Estado, desde 2016, una factura de Q1 mil 153 millones 674 mil 381.12. Desde hace tres gobiernos sus servicios son requeridos a pesar de estar señalados en un caso desvelado por corrupción.
El más reciente es el contrato que le adjudicó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q 269 millones 675 mil 894.15 para mejorar un camino rural entre Patzún y San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
En total la constructora ha recibido adjudicaciones este año por Q 489 millones 652 mil 164.65 en tres proyectos de infraestructura adjudicados por el Ministerio de Comunicaciones, en la gestión de Javier Maldonado Quiñonez con el gobierno de Alejandro Giammattei.
Gipsa tiene también como nombre comercial Macor y registra la misma dirección en Zacapa que la empresa individual Macor, propiedad de Julio Alejandro Quinto Tobar, a quién la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por Juan Francisco Sandoval y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron en el caso de Cooptación del Estado y lo acusó por el delito de Financiamiento Electoral ilícito al haber aportado recursos para la campaña electoral del Partido Patriota (PP) sin que esta fuera reportada ante el Tribunal Supremo Electoral.
El caso era llevado por el juez Miguel Ángel Gálvez, quién debió renunciar a su puesto y salió al exilio por las amenazas que recibía.
En el caso Cooptación de Estado, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti solicitó recientemente una audiencia para aceptar los cargos que se le imputan, los cuales fueron investigados y presentados ante el juez por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval y por la CICIG en 2016.
Otras adjudicaciones de Maldonado Quiñonez
Gobierno ha ampliado presupuesto al Ministerio de Comunicaciones en Q2.2 millardos
Los millones para la campaña Patriota
El hallazgo de documento en las investigaciones de 2015 y 2016 revelan que Quinto Tobar entregó dinero a empresas de cartón que eran controladas por Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti y por otros constructores como Raúl Osoy, simulando actividades para justificar el pago de millones que en realidad eran aportes a la campaña y servían para el pago de publicidad de la agrupación política.
Por ejemplo, en uno de los dispositivos se encontró un documento en el cual Monzón daba instrucciones para que se facturará a Quinto por un monto total de Q4 millones dividido en distintas facturas.
Según la declaración de Monzón, conoció a Quinto por intermediación de Gabriel Guerra, otro constructor que también hizo aportes a la campaña del Partido Patriota (PP).
“Conocí, a Julio Quinto y me explicó directamente él de cómo iba a realizarse la entrega de dinero al PP, acordamos que por conceptos varios en facturación de mis empresas y que solicitara el apoyo de Raúl Osoy para que le facturará este último con sus empresas también y que Raúl me entregara el dinero en efectivo. A Julio Quinto en cuadros de reporte presentados a Roxana se le identificó como Quinto”, señala la declaración de Monzón.
La empresa individual de Quinto dejó de facturar para el Estado en 2015 luego de los escándalos de corrupción que fueron revelados por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Juan Francisco Sandoval. Sin embargo, la sociedad anónima se activó de inmediato y para 2016 ya estaba trabajando proyectos en el área de Zacapa.
Un año más tarde, para 2017, empezó a recibir millonarios contratos con el Estado, entre ellos tres con la municipalidad de la Unión, dos con la municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz y un contrato más con la comuna de Olopa. Además, obtuvo sus primeros dos grandes contratos con el Ministerio de Comunicaciones que sumaron más de Q87 millones.
El 2019 fue el mejor año para la empresa Gipsa/Macor la cual recibió de manos del entonces ministro de comunicaciones, José Luis Benito, cinco contratos por más de Q332 millones.
El primer año del Gobierno de Gimmattei la constructora redujo sus ingresos con el Estado y sólo logró seis adjudicaciones por Q99.1 millones. Mientras que en 2021 solo recibió un contrato por Q9.9 millones por parte del CIV.
En 2022 las adjudicaciones de la cartera de Comunicaciones aumentaron a cinco, mientras que el monto total adjudicado alcanzó los Q132 millones.
En total Gipsa/Macor, ha recibido por parte del Estado de 2016 a la fecha, contratos por Q1 mil 153 millones 674 mil 381.12, esto sin incluir las ampliaciones a los proyectos que ya se han dado y las que podrían surgir con las tres adjudicaciones recibidas este año.
Gipsa/Macor y la empresa minera de la alfombra rusa
La empresa Macor, a quién el Gobierno de Giammattei le ha adjudicado más de Q731.6 millones tiene como socios comerciales a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) con la cual trabaja en “movimiento de tierra”, según señala en su página web.
CGN es la empresa sancionada por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky que sanciona a personas involucradas en perpetrar graves abusos a los DD. HH. y actos de corrupción.
La empresa fue sancionada por el Departamento del Tesoro que nombró a Dmitry Kudryakov e Iryna Litviniuk directivos de esa empresa, como los presuntos líderes de un esquema de sobornos que durante años involucró a jueces, políticos y funcionarios de gobierno, cómo lo ha reportado Prensa Comunitaria en varias investigaciones.
Los directivos de CGN según las declaraciones de un testigo a la FECI de Juan Francisco Sandoval, habrían entregado una alfombra con dinero al presidente Alejandro Giammattei en su casa de la zona 15.
Esta investigación quedó suspendida por la FECI de Rafael Curruchiche tras la expulsión de Sandoval. El ex fiscal señaló que su destitución del Ministerio Público se debió al avance de esta investigación la cual vinculaba directamente a Giammattei.