En el proceso actual al menos cuatro candidaturas a la presidencia y vicepresidencia han sido vetadas por el TSE o las cortes. Jordán Rodas, Roberto Arzú, Carlos Pineda y Óscar Rodolfo Castañeda quedaron fuera de las papeletas.
Por Rony Ríos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido señalado de controles arbitrarios para la inscripción o rechazo de candidatos, lo cual ha generado desconfianza en sus decisiones y eso se evidencia en la encuesta que ProDatos elaboró en abril para Prensa Libre, en la cual se consignó que solamente el 16 por ciento de los encuestados confía en el Tribunal.
El TSE está integrado por exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien fue señalado de utilizar un certificado falso para acreditar un título de posgrado. Blanca Alfaro, exalcaldesa de Masagua, Escuintla por el Partido Patriota (PP) y excandidata a la vicepresidencia por Prosperidad Ciudadana (PC),
Para el politólogo Luis Fernando Mack la cooptación de las instituciones producen un sesgo de las acciones para proteger o perjudicar ciertos intereses. “No tiene imparcialidad sino han sido que responden a los intereses de quienes los nombraron, desnaturalizando la institucionalidad”, enfatizó Mack.
Además del TSE, las elecciones son marcadas por las decisiones que toman la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las Salas de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a la inscripción de candidatos y su autorización para participar en las elecciones.
La prolongación de funciones de los magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones es solo la muestra más evidente de la cooptación de las instituciones y lo cual, afecta la confianza en las instituciones.
Desde hace casi ocho años la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, y la CICIG señalaron al Partido Patriota (PP) y al Partido Libertad Democrática Renovada (Líder) de pactar la elección de magistrados.
En el intento de renovación de las Cortes, la FECI volvió a evidenciar la búsqueda por amañar el proceso a través de la investigación en contra de Gustavo Alejos; sin embargo, tras una disputa legal, el Congreso de la República aplazó la designación de los magistrados.
Son los mismos magistrados de CSJ y cortes de apelaciones los que ahora están conociendo y resolviendo la situación de los candidatos que participarán en las elecciones del domingo, 25 de junio.
Asimismo, la CC está conformada por el excandidato a la vicepresidencia de Zury Ríos, Roberto Molina Barreto, el exdiputado del Partido Valor, Luis Rosales, la exsecretaria general del gobierno de Alejandro Giammattei, Leyla Lemus -quien según Plaza Pública mintió para acreditar títulos de posgrado-, Dina Ochoa -electa para su primer periodo por Jimmy morales y según No-Ficción fue recomendada por el diputado Armando Melgar Padilla- y Néster Vásquez, el exmagistrado de la CSJ vinculado a la manipulación de las cortes en 2020.
En su informe de 2023, V-Dem (proyecto de investigación sobre medición de la democracia), señaló que el sistema político de Guatemala pasó de ser una democracia electoral a ser una autocracia electoral, en la que, a pesar de que se realizan elecciones, las condiciones en las que las mismas se llevan a cabo carecen de garantías democráticas.
Mack también consideró que tener instituciones carentes de parcialidad propicia que las mismas sean instrumentos para utilizarlas de forma discrecional; “el ejemplo más claro es el del periodista José Rubén Zamora que en medio del juicio le pusieron cargos por unas boletas de migración que no firmó y eso se convierte en una excusa para buscar la inhabilitación de la persona y no en una cuestión de fondo para iniciar una persecución penal”, aseguró el politólogo.
Alineación de otras instituciones
Sin embargo, no solo las instituciones que cuentan con incidencia directa en las decisiones electorales se alinearon a los mismos intereses que ya vetaron la participación del binomio opositor más fuerte, conformado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, y de candidatos como Roberto Arzú, Carlos Pineda, Aldo Dávila, Juan Francisco Solórzano Foppa, entre otros.
A las cortes y al TSE se suma el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Un ejemplo del accionar de estas instituciones fue el intento por separar a Edmond Mulet de la contienda por medio de un antejuicio planteado por el MP, a través de la FECI dirigida por Rafael Curruchiche.
Otro de los ejemplos fue la denuncia que planteó el PDH Alejandro Córdova en contra de Rodas, lo que además de iniciar una investigación penal a cargo del MP, sirvió para que la CGC revocara la constancia transitoria de inexistencia reclamación de cargos -finiquito- y que fue utilizada por el TSE para revocar la candidatura de Jordán Rodas y Thelma Cabrera.
