El 29 de marzo de 2022 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) retiró el financiamiento a dos hidroeléctricas que operan en Yichk’isis al norte de Huehuetenango, tras aceptar que incumplió con sus políticas internas. Ha pasado más de un año y el BID no ha cumplido con la salida responsable que prometió, aseguran las tres organizaciones que acompañaron a las comunidades en 2018 cuando presentaron sus quejas, aunque por ahora los pobladores confirman que están viviendo un poco de paz y tranquilidad.
Por Eduardo Pablo
El pasado 30 de mayo, el Gobierno Ancestral Plurinacional, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Asociación Internacional para la Defensa del Territorio (AIDA) se reunieron con las ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la resistencia de Yichk’isis, para verificar que las agresiones, amenazas y represalias no se acentúen luego del retiro de fondos a las Generadoras de hidroeléctricas: San Mateo y San Andrés, propiedad de la empresa Energía y Renovación, S.A.
La decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de retirar su financiamiento a estas hidroeléctricas se dio después de aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que este incumplió con sus propias normas y leyes, al otorgar un préstamo de US$13 millones, equivalente a Q100 millones, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.
La reunión entre las tres organizaciones y las comunidades se realizó en el salón regional de Yichk’isis, a la que asistieron dirigentes, mujeres, autoridades comunitarias y las personas que fueron afectadas directamente por la construcción de las hidroeléctricas, que en la actualidad se encuentran en abandono.
Tras el retiro de estos fondos se ha logrado cierto grado de tranquilidad y paz, expresaron los pobladores. Aseguran que los campesinos ya pueden salir e ir a sus cultivos con más seguridad en búsqueda de la subsistencia para sus familias, aunque admiten que tienen mucho por hacer para lograr la reconciliación y la construcción del tejido social y familiar, entre las comunidades del municipio de San Mateo Ixtatán, territorio maya Chuj, ubicado en la zona fronteriza con México.
“La empresa dividió a las familias y las comunidades cuando llegó en 2013, se acabó el dinero que dio la empresa y quedaron los pleitos, da tristeza y dolor cuando hay denuncias, amenazas u órdenes de captura”, lamentó uno de los dirigentes quien prefirió omitir su nombre.
Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.
Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al. Sin embargo, hasta la fecha el banco no ha cumplido con este compromiso.
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Mientras tanto el reto para las comunidades ha sido conocer e interpretar esos resultados. “El retiro de estos fondos es bueno, pero la empresa ha dejado daños a las comunidad, esto se debe reparar y que se cumplan con las recomendaciones para que la situación no se repita en otros pueblos y países”, agregó el comunitario entrevistado.
Las tres organizaciones que visitaron Yichk’isis fueron las que presentaron la queja al MICI en 2018, ahora esperan que con estas reuniones el banco agilice el cumplimiento de su compromiso de salida responsable.
En el lugar estuvo Rigoberto Juárez de Gobierno Ancestral Plurinacional, Mara Bocaletti de Plataforma Internacional y Rosa Pena de AIDA, quienes dialogaron y conversaron con las representaciones de las comunidades, además manifestaron su disposición de seguir apoyando a las comunidades desde la incidencia, la asistencia social y psicoemocional.
Rosa Peña manifestó que el proceso con el MICI ha sido exitoso. “Es la primera vez que se plantea el retiro responsable del banco, por lo que como organización estaremos apoyando a la población y comunidades afectadas”, aseveró.
Por su parte Rigoberto Juárez Mateo recomendó a la población hacer uso de los mecanismos y medios legales para documentar y evidenciar las violencias que existen en las comunidades. En el lugar opera una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) y un destacamento militar ubicado en propiedad de la empresa, sin embargo, la gente desconfía en estas instituciones del Estado.
