La sombra de su padre, el general Efraín Ríos Montt planea cada cuatro años desde que Zury Ríos se ha postulado para la presidencia. El dictador ya no vive, pero el esquema establecido para debilitar las bases de la democracia sigue en el seno de muchas estructuras y redes locales.
Zury conoce muy bien todo el sistema, porque estuvo al lado de su padre por muchos años. Así como Ríos Montt intentó llegar al poder varias veces ajustando el sistema a sus intereses, así pretende ella lograr la presidencia de la República en una cuarta ocasión. En la intención, la acompañan caciques conocidos y redes familiares que han cooptado el poder en diferentes distritos. También la apoyan antiguos enemigos como la dinastía Arzú con quien ha hecho alianza. Sin embargo, el apoyo parece no ser suficiente para que pueda pasar a una segunda ronda.
Por Isela Espinoza, Alba Batres y Sergio Vi.
Entre 1979 y 1985 la espiral de violencia aumentaba en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente en la población maya. El general Efraín Ríos Montt lideró el gobierno de facto tras el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Los 17 meses que Ríos Montt presidió Guatemala son considerados, según organizaciones de derechos humanos, como los más brutales del conflicto armado interno que duró 36 años (1960-1996).
“Era solo un niño…Cuando regresé toda la aldea estaba quemada”, relató Diego Soto Santiago, uno de los sobrevivientes de un ataque del Ejército de Guatemala en el área Ixil. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 10 mil personas fueron asesinadas y más de 400 comunidades indígenas fueron destruidas durante el gobierno de Ríos Montt.
Solo durante los primeros ocho meses de su mandato, se registraron 10 masacres cada mes. Treinta años después, el 19 de marzo de 2013, el general retirado se sentó en el banquillo de los acusados para afrontar un juicio oral y público en donde más de 100 sobrevivientes y familiares de las víctimas relataron entre sollozos las masacres, torturas, violaciones masivas y desplazamientos forzados hacia las montañas. Algunos murieron de hambre, otros ante las condiciones extremas que enfrentaban en la montaña decidieron entregarse y fueron reubicados en las “aldea modelo” creados por el Ejército para controlar a la población rural.
La abogada Claudia Paz y Paz, presidía en 2013 el Ministerio Público (MP) y durante una entrevista con el medio internacional DW recuerda los testimonios de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como uno de los momentos más duros del juicio.
“La amarraron de las manos y los pies. Y la botaron al suelo y le abrieron la barriga de la señora y le sacaron al bebé del vientre. Lo estrellaron sobre un palo ahí en el frente de la casa”, afirmó otro de los testigos.
El 10 de mayo de 2013, la jueza Yassmin Barrios, en ese momento presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, al leer la sentencia dijo que “Ríos Montt tuvo conocimiento” de las matanzas perpetradas por las Fuerzas Armadas bajo su mando, y que “no lo detuvo a pesar de tener el poder para evitarlo” por lo que declaró al militar retirado de 86 años “responsable” del genocidio perpetrado en contra de la identidad Ixil asentada en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché.
La histórica sentencia señala que “en calidad de autor” durante el periodo que Ríos Montt gobernó de facto el país, se cobró la vida del 5,5 % del total de la población Ixil por lo que recibió una condena de 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por delitos contra deberes de la humanidad. La exfiscal general Paz y Paz recuerda el momento cuando el Tribunal dictó su sentencia como “una catarsis” para las víctimas. Después la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), también ordenó se iniciara un nuevo proceso penal.
En 2018, durante el nuevo proceso especial en el que no sería condenado a la cárcel, Efraín Ríos Montt murió a los 91 años.
El miedo tras la condena por genocidio
Diez años después, su hija Zury Ríos, quien también acompañó durante todo el juicio al general retirado, se presenta nuevamente como candidata presidencial de la coalición Valor-Unionista para las elecciones generales de 2023.
El pasado 1 de abril abrió sus primeros actos de campaña en Joyabaj y Chajul, Quiché. La gira la realizó acompañada del diputado Álvaro Arzú, del partido Unionista, e hijo del expresidente y exalcalde Álvaro Arzú Irigoyen, uno de los históricos rivales de la familia Ríos.
Zury Ríos aseguró que inició su campaña en Quiché porque es un “pueblo amado y hermoso”. Mientras, en sus redes sociales escribió que era “un honor” iniciar la campaña en “mi querido Chajul”. Agregó que “el cariño y amor que se siente en la zona Ixil es indescriptible”.
Para la antropóloga Aura Cumes, el mensaje implícito de la presidenciable al visitar Chajul se basa en la insistencia de que no hubo genocidio. “Busca reafirmar su papel y eso es un mensaje tremendamente peligroso para los pueblos indígenas que en este caso luchan en contra de los proyectos extractivos y todo ese poder racista colonial”, afirmó.
Cumes recordó que el territorio Ixil fue una de las más golpeadas durante el conflicto armado debido a que el Estado, manejado por un grupo extremadamente conservador, se ensañó contra la población ante la presencia de agrupaciones guerrilleras.
Una de las estrategias de guerra era la división de las comunidades para debilitarlas, así como obligar a la mayoría de los hombres indígenas a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), utilizadas como delatoras de vecinos sospechosos de ayudar a la guerrilla. Entre 1982 y 1983, al menos 1 mil 771 indígenas maya Ixil de Nebaj, Cotzal y Chajul fueron masacrados a manos de las Fuerzas Armadas. “El Estado sembró allí semillas contrainsurgentes”, explicó Cumes.
Según el censo de 2018, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el área Ixil se estima un total de 168,958 habitantes. Un diagnóstico económico-financiero en esa región realizada el año pasado por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, señala que 46.6% de la población se encuentra distribuida en Nebaj, 31.5% en Chajul y el 20.9% en Cotzal.
Pobladores señalan como principales problemas en el territorio el acceso a la tierra, los límites entre municipios, conflictos entre las comunidades y finqueros, poco acceso a agua potable y energía eléctrica.
Cuarenta años después de las masacres cometidas durante este período, la población se encuentra dividida debido a las semillas de contrainsurgencias sembradas por el Estado en esos lugares y la desmemoria de sus habitantes en donde el 65.6% son jóvenes menores de 29 años y solo el 4.2% tiene 65 años o más, explica Cumes.
El inicio de los llamados caciques
La incursión de Zury Mayté Ríos Sosa en la política, surge en paralelo al partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) fundado por su padre e inscrito legalmente en 1990. Ella se unió al departamento de relaciones públicas del FRG cuando tenía 20 años. Ella define a su padre como mentor, amigo y confidente.
“El papel que él hizo en la historia no es a mí a quien le corresponde juzgarlo, sino que ya el tiempo lo dirá, qué hizo bien y qué no”, afirmó durante una entrevista en CNN en Español concedida en marzo de 2011 cuando buscaba por primera vez la presidencia.
Una nota de Plaza Pública atribuye el carácter de Zury Ríos a la influencia de su madre, María Teresa Sosa Ávila, que falleció seis meses después de su esposo en octubre de 2018.
“La mamá sí despotricaba en privado; en público no. Pero por dentro era un volcán de ira, enojo y frustración. Me luce que Zury es igual que su madre. Yo diría que está entrenada, vivida y desarrollada sobre la escuela de lo políticamente correcto, tiene la escuela de la mamá, ella era así”, dijo a ese medio Juan Callejas, uno de los asesores más cercanos de Ríos Montt y que trabajó con él desde 1982. Callejas ahora apoya a Edmond Mulet en su pelea por la presidencia.
En 1990, a pesar de que el artículo 186 de la Constitución Política de 1985 prohíbe la candidatura presidencial de caudillos y a los jefes de un golpe de Estado y las de sus cuatro próximas generaciones, Ríos Montt anunció su candidatura a la presidencia. Sin embargo, aunque buscó revertir esa decisión, la Corte de Constitucionalidad no le permitió su inscripción en esas elecciones. Ese año la presidencia la ganó Jorge Serrano Elías.
En las elecciones de 1995, Ríos Montt volvió a lanzarse como candidato presidencial, pero nuevamente fue rechazado por la CC. En su deseo de llegar a la presidencia postula a su esposa como presidenciable. Sin embargo, también es rechazada su candidatura por lo que Sosa Ávila es inscrita como candidata a diputada por la lista nacional. En la búsqueda de la primera magistratura, el FRG recurre a la figura de un personaje con discurso de izquierda: Alfonso Portillo, que en la primera vuelta celebrada el 12 de noviembre de 1995 pasó al balotaje junto al empresario Álvaro Arzú Irigoyen del Partido Avanzada Nacional (PAN).
El año 1996 se inició con la realización de la segunda vuelta electoral. El domingo 7 de enero Arzú Irigoyen disputaba la presidencia con Portillo. La jornada electoral finalizó con el triunfo de Arzú que obtuvo 671 mil 354 votos frente a los 639 mil 404 votos que consiguió Portillo.
Sin embargo, aunque el FRG perdió ese año la presidencia, ganó 21 escaños en el Congreso de la República en donde el general Efraín Ríos Montt, su esposa Teresa Sosa Ávila y su hija Zury Ríos obtenían una curul cada uno en las primeras elecciones entre la transición del conflicto armado al inicio de la democracia.
Era la primera vez que la joven Zury Ríos llegaba al poder acuerpada por la imagen de su padre, que trece años atrás había presidido un Gobierno de facto. ¿Por qué a pesar de las masacres cometidas durante su mandato, el partido de Ríos Montt obtuvo 21 diputaciones? El politólogo Ricardo Sáenz explica que el FRG “inauguró una estrategia política” que consistía en articular lo que en su momento se llamaban grupos de poder regional. Es decir, líderes departamentales que tenían una base de apoyo social a la que “iban alimentando y que en su momento servían para movilizar votos”.
Por aparte, Cumes también refiere que el apoyo que en su momento tuvo Ríos Montt y ahora Zury Ríos “no es abstracto, sino que tiene que ver con la manera que líderes comunitarios y municipales establecen vínculos con estas élites nacionales. Y son estos líderes quienes se convierten en intermediarios de las agrupaciones políticas”.
Para los analistas el vínculo de los líderes locales explica por qué la población de áreas golpeadas por el conflicto armado tiene, de cierta forma, afinidad o intención de voto con los candidatos a la presidencia.
En 1995, según el comunicado de prensa No. 20-95 publicado en el memorial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el FRG a parte de la lista nacional obtuvo diputaciones en los distritos: central (Isaac Farchi Sultán y Flora Marina Escobar Gordillo de Ramos), Guatemala; (Tere Ríos Montt y Sandra del Rosario Olivet Guevara de Asencio), Chimaltenango; (Aura Marina Otzoy Colaj); Escuintla (Arístides Baldomero Crespo Villegas y José Leopoldo Cruz Clavería); Santa Rosa (Gumercindo Donis Revolorio); Totonicapán (Oswaldo Iván Arévalo Barrios); Quetzaltenango (César Leonel Soto Arango); Suchitepéquez (Carlos Humberto Hernández Rubio); San Marcos (Carlos Enrique Bautista Godínez); Huehuetenango (Jorge Arístides Villatoro Herrera); Quiché (Mario Israel Rivera Cabrera) y Jutiapa (Héctor Abundio Molina Contreras).
Actualmente, Zury Ríos también impulsa su candidatura con el apoyo de estos líderes locales que se postulan como candidatos a diputados o alcaldías.
La herencia del general
Su hoja de vida compartida por el partido Valor afirma que Zury Ríos “está preparada para ser la primera servidora de Guatemala y devolver el prestigio a la clase política”. Con 15 años de diferencia, es la menor de tres hijos que tuvo el general originario de Huehuetenango junto a su esposa Teresa Sosa. La presidenciable creció en una familia que diversas fuentes definen como conservadora, política, militar y que luego se convertiría al cristianismo.
El mayor de los hermanos, Adolfo Homero, era capitán del Ejército y falleció cuando tenía 29 años en un accidente aéreo en Petén en 1984, algunos atribuyen que pudo ser una embestida por parte de la guerrilla. Su segundo hermano, Enrique, también tiene formación militar. El Ministerio Público (MP) lo acusó en 2012 junto a otros militares de robar Q 471 millones del Ejército cuando era jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa en 2001, cuando gobernaba Alfonso Portillo.
Ríos Montt es recordado en la historia del país como una figura central para la política guatemalteca en la segunda mitad del siglo XX. Ser director de la Escuela Politécnica le permitió conocer a oficiales del ejército que posteriormente le ayudarían.
En 1974, el general se convirtió en el candidato del Frente Nacional de Oposición y fue postulado por la Democracia Cristiana junto al doctor Alberto Fuentes Mohr en una coalición de facto con el Frente Unido de la Revolución, a pesar de no tener registro. Aunque esa elección la ganaron ambos candidatos, les impusieron un fraude electoral.
En lugar de pelear por su triunfo, Ríos Montt aceptó el fraude y fue nombrado agregado militar en la embajada de Guatemala en España en donde estuvo tres años. Aunque el militar nació en el seno de una familia católica, se convirtió en pastor protestante de la iglesia El Verbo y director del colegio regentado por esta.
El 23 de marzo de 1982 cuando los oficiales jóvenes le dan golpe de Estado al presidente Fernando Romeo Lucas García, Ríos Montt es llamado a presidir la junta de gobierno. En 1983 intentó perpetuarse como presidente de facto. Tras anunciar que permanecería siete años más, los propios militares le dieron un golpe de Estado. Y a partir de entonces la figura de Ríos Montt se convierte en un referente de la política nacional.
Toda la trayectoria del general influyó en la figura política de Zury Ríos quien por ser la menor de sus hermanos pasó del exilio a España (cuando ella tenía cinco años), a la presidencia de facto de su padre siendo una adolescente y con 20 años a unirse a las filas del FRG en donde vivió junto a su padre la búsqueda de la presidencia, las mieles del poder en el Congreso, la polémica por el Jueves Negro y la sentencia por genocidio en 2013.
Zury Ríos estudió en la Institución Francesa junto a hijos de otros diplomáticos radicados en Madrid. Luego finalizó sus estudios en El Verbo de donde se graduó en 1986 de maestra en Educación Primaria Urbana y también ejerció su profesión. Con 19 años contrajo matrimonio con su primer esposo, Jeovanny Chávez a quien conoció en la facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, cuando estudiaba un diplomado en Estudios Políticos y Sociales.
“Creció en un entorno muy complejo que seguramente influye en su personalidad. Eso seguramente fortaleció sus posiciones anticomunistas y su deseo de venganza contra aquellos que buscaron justicia y pusieron a su padre en el banquillo de los acusados”, opinó Sáenz.
Por otro lado, Cumes también comentó que Zury, de llegar a la presidencia, podría buscar “hacer justicia y limpiar el nombre de su padre y restaurar lo que ella considera el honor de los militares”.
Actualmente está casada con Gregory Charles Smith. Se define a sí misma como “la esposa de Greg, la mamá de Marizú, la mamá de cuatro perritos. Soy una profesional de la política, tengo una Maestría en Ciencias Políticas, tengo un doctorado cerrado en Ciencias Políticas. Entonces, la política siempre ha estado en mi vida presente porque yo quiero servir a la nación”.
Gregory Charles Smith es un alto ejecutivo Latin American Resources (LAR), petrolera a cargo de pozos en el área de Laguna Lachúa, según una publicación de Prensa Comunitaria en agosto de 2022. La empresa LAR es la segunda petrolera con más deuda en regalías. En esa fecha, la empresa debía al Estado más de US$1.5 millones (Q11.9 millones) en regalías no pagadas, cifra que ha ido en aumento desde 2016, y US$1.9 millones (Q15 millones) en multas e intereses.
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Trayectoria en el congreso
El 14 de enero de 1996, Zury, de 28 años, junto a su madre asume un escaño en el Congreso. Previamente había trabajado como secretaria privada de su padre cuando este era diputado. En esta nueva etapa había contraído matrimonio con su segundo esposo, José Fernando García Bravatti, quien también fue diputado del FRG entre 1991 y 1994.
En las elecciones de 1999, Alfonso Portillo fue postulado nuevamente como candidato presidencial del FRG en donde ganaría y asumió el cargo el 14 de enero de 2000. En dichas elección Ríos Sosa fue reelecta como diputada junto a su padre.
Durante este periodo presidencial, el FRG tenía el control del Ejecutivo con Portillo y del Legislativo a través de Ríos Montt quien presidió el Congreso desde 2000-2004, junto a Zury Ríos quien se desempeñó como una de los dos vicepresidentes de dicho organismo.
“Era una aplanadora azul porque Ríos Montt era el presidente del Congreso y ella la vicepresidenta. No necesitaban votos de casi nadie porque tenían el número de votos necesarios para aquella época y aprobaban cualquier cosa que venía desde el Ejecutivo o lo que ellos planteaban en el legislativo”, señala un exdiputado.
Exlegisladores recuerdan que en esa época no hubo diálogo con la oposición ni eran aceptadas las propuestas de agenda legislativa que impulsaban otros partidos.
En un video posteado en redes sociales se observa al fallecido exdiputado Alfonso Bauer Paiz (2000- 2004) pedir la palabra mientras Zury Ríos aprueba la lectura de una iniciativa de ley afín a los intereses del partido. “Aquí se pidió la palabra para discutir la orden del día”, grita Bauer mientras Zury ignora la petición. Una escena recurrente en las sesiones del Congreso mientras el FRG presidió la junta directiva.
Hoy la candidata se muestra empática y cercana a la población, según las fotografías y videos que captan el momento durante una caminata o acto proselitista. Sin embargo, quienes han visto su carrera política de cerca la recuerdan con una mirada dura y de menosprecio.
En una entrevista concedida el pasado 22 de abril a Prensa Comunitaria durante su visita a Puerto Barrios, afirmó que su trayectoria en el Congreso la diferencia de sus adversarios. “He sabido trabajar con la mayoría parlamentaria y sabido trabajar con la minoría parlamentaria, con cuatro diputados yo saqué adelante la Alerta Alba Keneth, con cuatro diputados yo saqué adelante la Ley contra la trata y la violencia sexual. Eso dice mucho porque significa que podemos trabajar con gente que piense igual que nosotros y ese es un principio de tolerancia que es necesario para el ejercicio del poder ejecutivo”, aseguró.
En su hoja de vida, además de estas leyes impulsadas también enumera la de Desarrollo Social, Ley para el Combate del virus de Inmunodeficiencia Humana “VIH”, Ley de promoción educativa contra la discriminación, Ley de creación de los ambientes libres de humo de tabaco y Ley para la maternidad saludable.
Mientras, en la Comisión de Relaciones Exteriores dio el visto bueno a convenios bilaterales con países amigos. Pero rechazó otros como la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En cuanto al Ejecutivo, Ríos Montt cogobernó a través de Portillo, el vicepresidente Juan Francisco Reyes López y los aliados del partido FRG. Durante la campaña para las elecciones de 2003, Zury Ríos contrajo matrimonio por tercera ocasión con el abogado y empresario Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis. Plaza Pública describe que pronto este se convertiría en hombre de confianza de Ríos Montt y uno de los principales operadores del partido para influir en la elección de magistrados de 2014.
Los casos de corrupción durante el gobierno de Portillo empezaron a fragmentar las bases del partido, que también fue perdiendo fuerza en el Congreso. Esto llevó a Zury a mostrar una nueva actitud y se inclinó a las demandas del movimiento de mujeres en temas de equidad, justicia social, mejor presupuesto para las mujeres e incluso salud reproductiva como el uso de anticonceptivos.
Pero, cuando Ríos Sosa decidió ser candidata a la presidencia, cambió su discurso ante una población altamente conservadora y con prejuicios, afirman las fuentes consultadas.
El Jueves Negro y la pelea con el sector privado
A mediados de 2003, Ríos Montt fue proclamado por el FRG como su candidato presidencial mientras presidía el Congreso. Pero el 21 de julio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió su candidatura porque atentaba contra lo establecido en la Constitución en el Artículo 186. Ante el rechazo, el jueves 24 de julio de 2003, varios grupos acarreados por los líderes del partido encabezaron una protesta que se tornaría violenta con daños a la propiedad privada y la muerte de un periodista.
Tres días antes del denominado Jueves Negro, Ríos Montt advirtió, junto a su candidato a la vicepresidencia Edín Raymundo Barrientos y Zury Ríos, que el FRG no podría controlar a las bases del partido sino era inscrito. Su hija mostraba un semblante serio y asentaba lo que su padre decía. Las protestas mostraron organización de tipo militar.
Una nota de Prensa Libre relata que cientos de personas con piedras, palos, machetes e incluso armas de fuego fueron transportadas en autobuses desde temprano de diferentes puntos entre ellos: Quiché, Alta y Baja Verapaz, Jalapa y Jutiapa. Comenzaron a causar disturbios ante la mirada pasiva de las autoridades de seguridad.
Un grupo se apostó frente a la Corte Suprema de Justicia, otro bloqueó la salida del Centro Empresarial, en la zona 10 en donde se encontraban las oficinas del empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga, opositor del FRG. En el lugar fueron retenidos los trabajadores durante 11 horas. Cerca de ahí murió de un paro cardíaco el periodista Héctor Ramírez que huía de la turba mientras un fotoperiodista era rociado con gasolina.
Roberto Arzú, hijo mayor del expresidente y exalcalde de la Ciudad, Álvaro Arzú Irigoyen recordó en un video en sus redes sociales que la turba llegó hasta la casa del fallecido político. Además, sostiene que Zury Ríos estuvo detrás de la organización del Jueves Negro. Otras fuentes ligadas al gobierno del FRG también aseguran que Zury dirigió los disturbios desde una casa ubicada en la zona 9. Entre los manifestantes había diputados y dirigentes del FRG, algunos con el rostro cubierto con gorros pasamontañas, según documentaron los periodistas.
“Zury quiso tener una alianza con mi padre durante ocho años y mi padre jamás le perdonó lo del Jueves Negro. Nunca aceptó una alianza con ella. Mi padre estaría decepcionado de la actual alianza (Valor-Unionista)”, asegura el candidato a la presidencia por Podemos, uno de los partidos que quedó excluido de las elecciones que se celebrarán el próximo 25 de junio.
En el video, Roberto Arzú recuerda que en un momento pensaron que la turba entraría a la vivienda. Un picop cruzado y seis personas armadas, incluidos ellos, estaban listos para recibir a los manifestantes.
La protesta se prolongó hasta el viernes 25 de julio y finalizó cuando Ríos Montt pidió a los manifestantes que se retiraran. El jueves 31 de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó la inscripción de la candidatura presidencial de Ríos Montt. La votación en la CC quedó tres a dos, tal y como Ríos lo había pronosticado semanas antes. La CC solo corroboró la estrategia que el FRG se había trazado cuatro años antes: que la mayoría de los magistrados designados a dicha Corte fueran afines a sus intereses.
Aunque Ríos Montt y 17 más fueron procesados por los disturbios, el MP pidió cerrar el caso por “falta de pruebas”. El único funcionario que fue hallado culpable por el Jueves Negro fue Raúl Manchamé, director de la Policía Nacional Civil (PNC), por incumplimiento de deberes. Al entonces funcionario se le impuso una pena de 2.5 años de cárcel conmutables. Pese a toda la estrategia y a los disturbios, Ríos Montt no pasó a la segunda vuelta presidencial, quedó en tercer lugar. Esa elección fue ganada por Óscar Berger, el candidato preferido de los empresarios.
La sentencia por genocidio
En noviembre de 2004, Zury Ríos Sosa se casó por cuarta vez. Esta vez con el excongresista republicano por el estado de Illinois, Jerry Weller, Estados Unidos. Los legisladores se conocieron en Guatemala cuando Weller visitó el país junto con otros tres miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de ese país. Zury Ríos y Weller se separaron tiempo después del nacimiento de Marizú, la única hija del matrimonio, en 2006.
En el 2013, el general volvió a comparecer ante un juez para el juicio oral y público, proceso en el cual fue sentenciado a 80 años de prisión. Diez días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la sentencia condenatoria de 80 años de prisión y Ríos Montt fue liberado de la prisión militar y puesto en arresto domiciliario.
En el interín de la condena y la resolución de la CC, varias fuentes señalan que existió un acercamiento entre Zury y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que empezó cuando condenaron a Ríos Montt por genocidio. Según fuentes empresariales, ella se reunió con miembros del CACIF para advertirles que si no apoyaban al general los siguientes en sentarse en el banquillo de los acusados serían ellos. En esas reuniones también señalan que participaron otros hijos de militares, entre ellos Ricardo Méndez Ruiz, el principal líder de la Fundación contra el Terrorismo.
La condena por genocidio llevó a los empresarios a reducir la brecha que existía con los Ríos, luego del distanciamiento que mantenían por el aumento de impuestos durante el gobierno de facto y los múltiples enfrentamientos por cuotas de poder durante el gobierno de Portillo que culminaron con los disturbios del Jueves Negro. Ahora tenían intereses en común, la sentencia dada a Ríos Montt podría pasarles factura en cualquier momento.
“Politólogos asesores del CACIF, hicieron dos análisis durante el juicio alertándolos de que, si condenaban a Ríos Montt, las investigaciones seguirían la cadena de mando y podría enjuiciarse al Consejo de Estado de 1982 y 1983, del que eran parte seis grandes empresarios”, señala un reportaje de Plaza Pública que analiza el apoyo de los empresarios en la anulación de la sentencia.
El poder empresarial sobre las dictaduras militares siempre fue significativo. “Era una alianza. Sabían que sólo juntos podían sacar adelante al país y ganar la guerra a la insurgencia. Tanto el sector empresarial como el militar querían aplastar a la insurgencia. Y ambos tenían fuerza: no es que el sector privado tuviera de títeres a los militares, ni viceversa”, señala el exsecretario General de Planificación Miguel Von Hoegen, en el reportaje.
Es cuando el CACIF se pronuncia y busca anular la sentencia. A partir de ahí se restaura la relación que se había perdido con el Jueves Negro.
En 2016, el dictador fue diagnosticado con demencia senil y el 1 de abril de 2018 murió a causa de un infarto a los 91 años. Su familia recuperó una caución económica de Q500 mil al decretarse la extinción de la persecución penal.
Ríos Montt pasó 40 años o más de su vida política tratando de hacerse con el ejecutivo. “Es muy posible que Zury haya heredado esa ambición de poder porque ha intentado cuatro veces postularse a la presidencia”, comentó el politólogo Ricardo Sáenz.
La coalición Valor – Unionista
Un recorrido de seis cuadras bastó para hacer un acercamiento con personas que transitan día a día por la Sexta Avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Desde las banquetas algunos observan asombrados el bullicio de una batucada que encabezaba la caminata de la candidata presidencial. Otros, sacan celulares y piden fotografías a jóvenes que reparten sombrillas y bolsas con el logo del partido Valor.
Zury Ríos saluda, sonríe y acelera el paso de una banqueta a otra, como pelota de pingpong. Es acorralada por su equipo de campaña que agita la mano insistentemente para atraer su atención. Esa señal le indica que ahí hay una persona o una familia que desea acercarse a ella.
Nuevamente, repite el ritual que la hace parecer una persona cercana a sus simpatizantes, amable, que escucha, en cuestión de segundos, sus necesidades y la muestra empática al abrazarlos.
Horas antes, Ríos había presidido una conferencia de prensa para denunciar a su contrincante del partido Cabal, Edmond Mulet, por pagar pauta publicitaria desde su perfil de Facebook, página que no está registrada ante el TSE por lo que, según la denuncia, infringe la Ley Electoral y de Partidos Políticos. “Es un candidato de trampas y de mentiras”, afirmó con su característica voz firme al referirse a Mulet.
En las elecciones de 2011, Zury dejó el Congreso para participar como candidata presidencial por el FRG. Pero poco después renunció a la campaña aduciendo que no tenía fondos para cubrir los gastos.
Con la desaparición del FRG, en las elecciones generales de 2015 participó como abanderada del partido Visión con Valores (Viva) en donde se alió con el pastor Harold Caballeros. Aunque al inicio recibió un no para su inscripción por las acciones legales que interpusieron organizaciones con base en lo establecido en el artículo 186 de la Constitución, un amparo provisional que le concedió la Corte Suprema de Justicia le permitió su participación.
Sin embargo, los electores decidieron en las urnas darle un quinto lugar al obtener 288 mil 421 votos, de 5 millones 390 mil.
El camino para llegar a la presidencia siempre ha estado lleno de acciones legales en su contra. Pero eso no la ha detenido. En 2018, tres días después del fallecimiento de su padre, anunció en un video su candidatura a la presidencia para las elecciones del 2019 por el partido Valor. En su discurso fijó su postura contra el aborto, a favor de los valores familiares, la vida y la pena de muerte. Un discurso contradictorio para algunos que vieron una postura más abierta mientras fue legisladora.
Ese año, su compañero de fórmula, Roberto Molina Barreto, actual magistrado constitucional, aseguró que ella no tenía ninguna prohibición para participar. Aunque la Corte Suprema de Justicia nuevamente le otorgó un amparo para su inscripción. El TSE apeló ante la CC que dejó sin efecto el amparo y la dejó fuera de la contienda electoral.
Ahora, en un nuevo intento, busca llegar a la presidencia nuevamente con el partido Valor. Aunque el partido Cabal de Mulet impugnó en febrero la inscripción de Zury Ríos apelando a la prohibición constitucional por ser hija de un expresidente de facto. Los magistrados de la CC denegaron el amparo que planteó Cabal contra la candidata y ratificó su inscripción. En esta ocasión la alta Corte también está integrada por tres magistrados afines a ella, pero la votación a su favor fue unánime.
Para estas elecciones, Zury buscó la alianza con el partido Unionista, quien postuló como candidato a la Vicepresidencia a Héctor Cifuentes, el exsecretario general de la municipalidad de Guatemala de 2004 a 2019. Cifuentes fue además diputado y secretario general de la presidencia en el gobierno de Álvaro Arzú.
En 2019, el MP y la extinta CICIG lo señalaron de financiamiento electoral ilícito, en el caso Financiamiento Unionista. Según la investigación, desde la municipalidad de Guatemala entre 2011 y 2015 se diseñaron una serie de estrategias con el fin de generar o incrementar el número de simpatizantes o militantes del Partido Unionista procurando fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU).
El 8 de diciembre del año pasado la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) pidió que se cerrara el caso y el Juzgado de Mayor Riesgo “D” aceptó con lo que Cifuentes quedó libre del proceso penal en su contra. El exfuncionario fue uno de los asesores más cercanos a Arzú hasta la muerte del entonces alcalde.
Cifuentes señaló que, a principios de 2022, ambos partidos iniciaron las pláticas para conformar la coalición. Cifuentes tenía siete años de haberse retirado del escenario político y el 9 de diciembre, Zury Ríos se presentó a su casa para pedirle que fuera su compañero de fórmula.
Esta es la segunda ocasión que Cifuentes se postula para la vicepresidencia. La primera fue para los comicios de 2007 junto a Fritz García Gallont, también del partido Unionista. En los últimos seis meses Cifuentes ha acompañado a Ríos Sosa por los diferentes puntos de Guatemala y asegura que ella se ha preparado “toda la vida para conducir al país”.
Analistas consideran que esta coalición es la más peligrosa para Guatemala, porque expresa por un lado la corriente política del arzuísmo más conservador y reaccionario. Y, por otro lado, se conforma por redes de exmilitares, otros señalados de corrupción y estructuras criminales articuladas alrededor de los partidos que han evolucionado desde la constitución del FRG.
En 1995, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) liderado por Álvaro Arzú Irigoyen y el FRG se instalaron como hegemónicos y abrieron el paso a los partidos empresariales que gobernaron Guatemala los siguientes diez años.
El PAN era un proyecto proempresarial y el FRG en su primera etapa era la expresión de la derecha conservadora y de sectores de la burguesía que por el hecho de no pertenecer a la aristocracia criolla no eran aceptados dentro del núcleo oligárquico de la clase dominante.
“La fragmentación en el sistema de partidos políticos permite y facilita el control del poder del Estado por parte de los grupos económicos, las redes político-económicas ilícitas y en ciertas regiones y áreas de estructuras criminales propiamente dichos ya que desde los partidos no es posible articular o construir coaliciones que modifiquen el statu quo”, se expone en el libro Democracias de Posguerra en Centroamérica.
Tras la división del PAN en 2003, uno de los grupos se transformó en el partido Unionista que, como explica Sáenz, aglutina el anticomunismo histórico, el conservadurismo y el neoliberalismo que son parte del ADN de la extrema derecha de Guatemala. Mientras, Valor posee un ADN protestante pentecostal y de extrema derecha.
Actualmente, la coalición impulsa candidaturas de aliados cuestionados y perseguidos por la justicia.
Aunque al principio del proceso electoral Ríos se posicionaba entre el primer y segundo lugar para disputar una segunda vuelta presidencial. A tan solo días de las elecciones, la mayoría de las mediciones publicadas señalan que su popularidad cayó hasta el tercer y cuarto lugar luego de la corta interrupción que significó la candidatura de Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana.
Candidatos cuestionados por corrupción y familiares de exfuncionarios
En sus redes sociales Zury Ríos ha afirmado que en su gobierno los corruptos no podrán volver a trabajar para el Estado. “Se aplicará la muerte civil para todos estos funcionarios. Para combatir la corrupción hay que tener carácter y determinación”, escribió en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, desde su vicepresidente hasta candidatos a diputados tienen muchos cuestionamientos entre ellos figuran: la excanciller, Sandra Jovel, y el exministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ambos funcionarios del gobierno de Jimmy Morales que contribuyeron a expulsar a la CICIG. Ahora buscan llegar al Congreso por el distrito central.
Otros candidatos a diputados cuestionados son: Elmer Josué Palencia Reyes, quien busca su reelección por el partido Valor, en su momento apoyó al exprófugo Mynor Moto y actualmente es fiscal del partido político. En 2021, llegó al Congreso para ocupar la plaza que dejó Luis Rosales luego de ser nombrado magistrado suplente de la CC.
Por el distrito de Guatemala, también se postulan: Sebastián Boussinot Porres, hijo del exdiputado Christian Boussinot vinculado por la CICIG al caso de plazas fantasmas; Jafeth Ernesto Cabrera Cortez, hijo del exvicepresidente de Jimmy Morales, Jafeth Cabrera Franco y Magda Stella Lucía Rivera Arceo, exsecretaria del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, acusado de varios casos de corrupción.
También se postulan, Ernesto Armando de León González, hijo de Karina de Rottman, copropietaria de Vea Canal. León González secretario Cónsul de la embajada de Guatemala ante el Reino de España durante el gobierno de Jimmy Morales. También ha sido contratista del Estado.
En el listado nacional, se asignó una casilla para cada actor político protagonista. Encabeza Álvaro Arzú Escobar, que busca reelegirse. Le sigue Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, diputada por el FRG antes y ahora por Valor. Ella es una de las personas de confianza de Zury y quien la acompañan en los actos de campaña que realiza la candidata.
Para la alcaldía de Amatitlán, se postula para su reelección Mainor Guillermo Orellana Mazariegos, señalado por adjudicaciones a empresas cuestionadas y compras directas, adquisición de productos con sobreprecio y denunciado por peculado.
Redes de poder local
Al igual que la estrategia impulsada en 1995 por el FRG, la candidata apuesta por las alianzas con el poder local.
En Alta Verapaz
En Alta Verapaz, uno de los distritos más importantes para las elecciones generales, el partido confío en la familia Moll. Eduardo Moll se postuló para ser reelecto en la alcaldía de Tamahú, mientras que sus hijos Pablo Rolando y Mayra Karina Moll Girón ocupan la primera y segunda casilla para diputados al Congreso.
La familia Moll no es desconocida en el ámbito político partidista en Alta Verapaz.
Eduardo Moll ganó su lugar en la alcaldía de Tamahú en el pasado proceso electoral, con una diferencia de 14 votos. En dicha elección, 2 mil 188 personas votaron por Moll, mientras que el segundo lugar el candidato Henry Estuardo Co Chocooj del partido Todos, logró 2 mil 174.
Sus hijos Werner Mauricio, Pablo Rolando y Mayra Karina Moll, también participan en política.
Werner Mauricio Moll figura en los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como financista. En el Informe de Financiamiento Privado por Origen del Recurso y Gastos Realizados de 2019, Werner Moll entregó como donación de Q640 mil 914.52 para la elaboración de viniles y vallas publicitarias para la agrupación política Valor.
Pablo Rolando ahora es candidato a diputado por la primera casilla por el distrito de Alta Verapaz con el partido Valor.
En el proceso electoral pasado, también se postuló, pero el Registro de Ciudadanos determinó que no tenía un perfil idóneo porque estaba vinculado a un caso de violencia contra la mujer.
Según locales, Pablo Rolando tiene varias propiedades en Tamahú, Santa Cruz y Cobán, con las cuales estaría su vínculo con carteles del narcotráfico, principalmente con la agrupación criminal Los Zetas. elPeriódico publicó que el cartel mexicano Los Zetas utilizaron varias fincas de Moll García, una de esas fincas fue utilizada por el cartel para ingresar al territorio nacional en 2010 y 2011, lo que le valió a Moll García que perdiera su inscripción en el proceso electoral de 2019.
Mientras que Mayra Karina fue directora ejecutiva del Fondo para la Vivienda (FOPAVI) del 11 de febrero al 30 de junio de 2015.
En la auditoría que hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se señala que en el Ministerio de Comunicaciones fueron robados nueve vehículos.
El documento retrata que entre los años 2012 a 2017, se reportó el robo de estos vehículos destinados para distintas instituciones y FOPAVI no realizó las gestiones correspondientes ante la aseguradora para el reintegro del dinero, por lo tanto, el Estado perdió Q490 mil 500. Todos los directores de esta institución entre los años fiscalizados fueron sancionados con Q50 mil.
Mayra Karina Moll también fue viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en 2016 ganando Q25 mil 398. Además, trabajó en el renglón 029 para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), en un proyecto del viceministerio de Desarrollo Económico y Rural con un salario de Q29 mil 500.
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La pelea por el control de Alta Verapaz, uno de los distritos clave en las elecciones
En Santa Rosa
En Santa Rosa, por el municipio de Barberena, se postula como alcalde Rubelio Recinos Corea, que de ganar el 25 de junio sumaría su sexta vez no consecutiva al frente de la comuna. Además, su esposa, Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, ocupa la primera casilla de diputada por Santa Rosa. Su hija, María José Recinos Chavarría en la segunda casilla y su hijo Axel Roldaniels Recinos Orantes en la tercera casilla.
Su esposa, en 2015, fue diputada por el Movimiento Reformador. Fue implicada en el caso Asalto al Ministerio de Salud y se le acusó de tráfico de influencias de forma continuada. Luego volvió al hemiciclo con el partido Unionista. Y aunque en 2019 buscó una tercera reelección no lo logró.
En Escuintla
En Escuintla, notas de prensa señalan que el control del partido lo tiene Walter Orlando Nájera González, actual jefe edil de Sipacate y que busca la reelección. Además, busca que su esposa Mercedes Cristabel Guardado Linares llegue al Congreso por lo que se postula en la primera casilla por el distrito de Escuintla.
Por otro lado, en Masagua, Oscar Oswaldo Alfaro Sierra, primo de la magistrada Blanca Alfaro, busca la alcaldía de ese municipio. Así como Cesar Amaudy Duarte Barillas, que se postula en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa. Hasta marzo de 2022 era técnico III asignado a la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo bajo el renglón 011 con un sueldo Q26 mil.
Y la candidata a alcaldesa por el municipio de San José, Odilia González García de Rizzo, que fue parte del caso “Drogas, dinero y poder local” por el que fue condenada a seis años de prisión.
En Retalhuleu
En Retalhuleu quien lidera las bases del partido es el actual diputado, José Luis Galindo de León. Es reconocido por su influencia en su distrito. Fue alcalde de esa ciudad durante tres períodos consecutivos y en 2019 se convirtió en diputado del Congreso tras postularse con el partido Valor.
Pobladores relatan que se moviliza en vehículos tipo agrícola, va armado y lo acompañan entre seis y siete guardaespaldas. Además, es un reconocido constructor y utiliza empresas inscritas a nombre de familiares o terceros para ganar negocios.
Además de buscar la reelección en el Congreso, también pretende retomar el control de la municipalidad por medio de su hija, Angélica Sucely Galindo Motta, su mano derecha y quien maneja una de las empresas constructoras que hace obras para comunas del suroccidente.
En Totonicapán
En Totonicapán, le dio el poder a la familia Arévalo Barrios. Edgar Leonel, además de optar por dirigir a la agrupación en ese departamento, regresó a la vida pública como candidato a alcalde de la cabecera municipal, cargo que ocupó entre 2000 y 2004 y desde donde “forjó un imperio junto con su hermano Iván, que fue diputado durante 25 años”, dice una nota de La Hora.
Por el distrito de ese departamento, se postulan Sherol Ivanisse Arévalo Ávila, hija de Iván Arévalo exeferregista y Edgar Iván Arévalo Ávila, también hijo de Iván Arévalo. Ambos ocupan la casilla uno y dos de la lista.
En Huehuetenango
Mientras, en Huehuetenango por la casilla 1 se postula Julio Amílcar Ambrosio Ramírez, actual alcalde de San Pedro Necta. En 2021 fue herido en un ataque armado cuando regresaba de la inauguración de un tramo carretero en la comunidad de las Canoguitas. Su camioneta recibió varios impactos de bala. Además, en mayo de 2017 fue capturado por abuso de autoridad y usurpación de funciones luego que el Sindicato de Trabajadores de la municipalidad lo denunciara.
En Jutiapa
En Jutiapa, su enlace es el coordinador municipal del partido de Zury, Jaime Martínez Lohayza, que fue condenado por tráfico de influencias a favor de Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, condenado en 2019 a 38 años de prisión y una multa de Q119.7 millones por lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo y defraudación tributaria.
El excongresista de la Gran Alianza Nacional (GANA), Partido Patriota (PP) y de Libertad Democrática Renovada (Líder) también fue ligado a proceso por el caso Lavado y Política, que implica el lavado de dinero por medio de un grupo delictivo que operaba en Jutiapa entre 2008 y 2011. Recibió una condena de cinco años de prisión inconmutables.
Martínez Lohayza, presidió la alcaldía de Quesada, Jutiapa entre 1995 y 2003. Ahora su hijo, Carlos Alberto Martínez Castellanos, busca ser electo en ese municipio por el partido Valor. Mientras, él se postula en el municipio de Jutiapa. Aunque el partido Cabal interpuso un recurso de nulidad contra su inscripción, el TSE declaró sin lugar la impugnación.
La antropóloga, Aura Cumes, ve con preocupación que de ganar Zury Ríos, estas redes de poder local podrían ser utilizadas para desarticular la lucha de la población organizada que vive en esos territorios. Cumes observa que son “las mismas estrategias del conflicto armado de colocar a una gente de la misma comunidad sobre la otra”. Para la investigadora, estas redes de poder local se instalan desde la época de la colonia y se han mantenido a lo largo de la historia. Ríos Montt expandió esta estrategia como lo hizo Jorge Ubico con los comisionados militares, expone.
“Es una larga historia que pesa sobre los pueblos indígenas y que hace que el ejercicio de la política sea finquero. Es una política que tiene todo el sello del patrón y sus mozos. El discurso de Zury Ríos es racista y colonial”, agregó.
La cercanía con la Fundación contra el Terrorismo
Por otro lado, diversos sectores de la sociedad manifiestan su preocupación por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) que ha mostrado su simpatía en redes sociales por Zury Ríos, su actual presidente Ricardo Méndez Ruiz se observa cercano a la candidata en varias fotografías de archivo en el hemiciclo o durante el juicio por genocidio contra Ríos Montt.
Incluso, Méndez Ruiz ha insinuado que él asumiría ser ministro de Gobernación en el Gobierno de Zury Ríos. El padre de Méndez Ruiz fue ministro de Gobernación durante el gobierno de facto de Ríos Montt.
La FCT fue fundada en julio de 2013, luego de la sentencia de genocidio hacia Ríos Montt y la posterior anulación de la condena por la CC. Su principal objetivo era defender a militares señalados en casos provenientes del conflicto armado. Ahora es la principal acusadora y querellante contra fiscales, exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, jueces, activistas y periodistas que investigaron casos de corrupción.
Pero los nexos de la FTC con los Ríos no solo tienen que ver con Méndez Ruíz. Entre los fundadores también figuran Oscar Platero Trabanino, un capitán del ejército y elemento de inteligencia en la Zona Militar de San Marcos en la época del conflicto armado interno. Él compite por una diputación con el partido Valor por el distrito central.
Otro de los fundadores de la FTC es Luis Ecaterino Estrada Valenzuela quien fue señalado del desfalco de Q471 millones del Ministerio de la Defensa junto al hermano de Zury Ríos, Enrique Ríos Sosa y seis personas más. En ese mismo caso figura Moisés Galindo, como uno de los procesados.
Estrada Valenzuela, es hermano de Julio César Estrada Valenzuela, comandante de la Quinta Brigada de Infantería. Julio César es el esposo de la actual ministra de Educación Claudia Patricia Ruiz Casasola. Ruiz es identificada como una de las principales asesoras del presidente Alejandro Giammattei.
Moisés Galindo es oficial del Ejército y piloto aviador de la Fuerza Aérea de Guatemala, fue el abogado que realizó el registro de la FCT y fue defensor de Ríos Montt durante el juicio por genocidio.
Galindo también figura en un caso presentado por la CICIG conocido como Caja de Pandora en la cual se detalló qué dinero de la municipalidad fue utilizado para realizar compras de artículos para la campaña del partido Unionista, y cuyos fondos fueron a parar a la cooperativa Torre Fuerte dirigida dentro del Centro Preventivo Pavoncito por el reo Byron Lima Oliva.
El futuro se verá en las urnas
“La verdadera encuesta se mide en las urnas” repite Ríos Sosa en su discurso. Ante el panorama desalentador que vive Guatemala, los analistas temen que Zury Ríos y sus redes de poder terminen por desarticular la lucha por la justicia desde los pueblos indígenas, mujeres, organizaciones de derechos humanos y la libertad de expresión. Un contexto hostil que inició con Jimmy Morales y continuó con Alejandro Giammattei.
La candidata presidencial ha afirmado que lo que busca es cumplir con la Constitución y todas las leyes. En cuanto al libre ejercicio de las organizaciones civiles y de mujeres afirmó que respaldará a aquellas que están “con rendimientos de cuentas cabales”.
Pero su trabajo y el de su equipo parece no haber logrado la afinidad con su electorado. Ni siquiera sus nichos por naturaleza (militares, protestantes pentecostales o empresarios emergentes) han manifestado su completa inclinación hacia la candidata o a la coalición Valor-Unionista.
Aunque luego del acercamiento con el ala empresarial, ella sea una de las favoritas, la candidatura de Zury no ha logrado consolidarse. Varias fuentes señalan que incluso los empresarios han salido a buscar que algunos candidatos excluidos de esta contienda se suban a una tarima para pedir el voto hacia ella.
“Estoy preparado para gobernar”, dijo Ríos Montt en 2003 meses antes de realizar su último intento por lograr la presidencia. Cuatro años antes había logrado llegar a gobernar con la ayuda de Alfonso Portillo y de su partido FRG cuyo principal eslogan era “No Robo, No miento, No abuso”, frase que debía ser repetida por funcionarios públicos en su período de facto.
Pero el general fue derrotado en las urnas al lograr solo 18.4 por ciento de los votos que lo dejó en un tercer lugar y fuera de la segunda vuelta.
Ríos Montt murió el 1 de abril de 2018, pero detrás dejó “un esquema sobre cómo socavar la democracia y crear redes criminales poderosas y duraderas”, dice Steven Dudley, del medio InSight Crime, mientras describe una bandera del FRG ondeando en la plaza central de Santa Cruz, Quiché.
El mito de Ríos Montt pervive en Zury Ríos quien de nuevo compite por la presidencia, pero cuyo esfuerzo por ajustar todas las tuercas del sistema a su favor se mantiene acechado por el fantasma de la derrota en las urnas.
