Organizaciones defensoras de derechos humanos y de prensa señalaron que el poco acceso a la información sobre el caso evidencia la persecución contra periodistas. Actualmente, hay 19 comunicadores en el exilio.
Por Isela Espinoza
Un memorial enviado a la empresa editorial Aldea Global S.A. sin autorización de un juez y poco acceso al expediente con el caso contra seis experiodistas y tres excolumnistas de elPeriódico acusados de obstrucción a la justicia son algunas de las anomalías que ha observado la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA).
Claudia Samayoa, representante de UDEFEGUA, recordó que el 31 de mayo la organización presentó una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por violaciones a la libertad de expresión y libertad de opinión de las y los periodistas perseguidos, así como por las violaciones al acceso a los tribunales y al derecho a la defensa ante la “sistemática negación” de las autoridades para poder acceder al expediente.
Ese mismo día la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) solicitó a Aldea Global las publicaciones en elPeriódico del 22 de julio de 2022 hasta la última publicación de los periodistas: Jose Rubén Zamora, Gerson Ortiz, Julia Corado, Christian Velix, Rony Ríos, Denis Aguilar, así como de los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy. El documento con fecha 31 de mayo de 2023 está firmado por el auxiliar fiscal, Allan Tánchez Castañeda.
“Este memorial nos coloca ya en una confirmación de la persecución penal y arbitraria contra la libertad de la expresión. Este memorial solo se dirige cuando hay una persona sindicada porque están queriendo investigarla”, dijo Samayoa durante una conferencia de prensa realizada este miércoles y que contó con la participación de varias organizaciones defensoras de derechos humanos y de prensa.
La representante de UDEFEGUA calificó la solicitud del MP como una persecución ilegal, sistemática y de criminalización. Además, denunció que la diligencia realizada por el auxiliar fiscal Tánchez Castañeda, no tiene autorización judicial por lo que incumple con los artículos 275 y 319 del Código Procesal Penal y viola el derecho a la defensa.
En el artículo 319 sobre las facultades del Ministerio Público se lee que “para solicitar informaciones de personas jurídicas o individuales, el Ministerio Público deberá solicitar autorización de juez competente”.
“Hay un acto de mala fe porque no nos han permitido tener copias del expediente para que las y los abogados que trabajan para los periodistas puedan defenderlos”, dijo Samayoa. En este sentido, enfatizó que luego de meses de búsqueda, lograron establecer que el juez quinto plurinacional primero de instancia penal está a cargo del caso de los periodistas y columnistas de opinión.
Sin embargo, el juez le dio cita al fiscal hasta el 16 de junio para conocer el caso y es hasta entonces, donde la fiscalía podría hacer investigaciones. Samayoa explicó que si se les niega a los abogados de los periodistas el acceso al expediente no podrán impulsar acciones para trasladar el caso a un tribunal de imprenta.
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“Como UDEFEGUA alzamos la voz y pedimos que no se le permita al Estado lavarse las manos como ya lo hizo el procurador de Derechos Humanos (Alejandro Córdova) alegando una independencia judicial para indicar por qué no puede pronunciarse. Sí se puede pronunciar”, agregó Samayoa.
En tanto, Gerson Ortiz, uno de los periodistas que el juez Jimi Bremer ordenó investigar por obstrucción a la justicia, un delito enmarcado en la ley para perseguir a organizaciones criminales, se refirió a momentos que evidencian la persecución del MP contra la libertad de expresión entre ellos: el allanamiento el 29 de julio en las oficinas de elPeriódico y en la casa del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.
Otros de los momentos son la orden del juez Bremer de investigar a los periodistas y columnistas; durante el juicio del caso Zamora, la solicitud del MP de tomar en cuenta el agravante de “menosprecio a la autoridad” porque el periodista emitió opiniones sobre la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche así como la solicitud del auxiliar fiscal a Aldea Global de entregar las publicaciones de los periodistas y columnistas que trabajaron en el medio de comunicación que cesó sus publicaciones el pasado 15 de mayo.
Ataques selectivos, desempleo y exilio
Por aparte, el periodista Aroldo Sánchez, representante de la Red Rompe el Miedo Guatemala y el colectivo No Nos Callarán, hizo un recuento de los daños que dejó el cierre de elPeriódico como el que decenas de periodistas y empleados se quedaran sin su indemnización y muchos de ellos continúan desempleados desde hace seis meses, así como las complicaciones que han tenido quienes se han exiliado por temor a la criminalización.
“Estamos viendo un país en donde hay litigios maliciosos. En donde la ley sirve para criminalizar a inocentes y vemos con mucho rechazo que se aplica la venganza y no la justicia”, dijo Sanchez.
Señaló que, en un Estado de derecho, la defensa adecuada es una de las garantías de un proceso penal. Sin embargo, en el caso de Jose Rubén Zamora no tiene una defensa justa e incluso los abogados que defienden a los periodistas también son criminalizados.
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“Hay ataques selectivos en contra de periodistas y comunicadores que son incómodos al poder. Los medios independientes están siendo blanco de los principales ataques. Algo que no está ocurriendo con los medios corporativos”, opinó Sánchez al recordar que en los últimos meses se han inventado los casos contra periodistas.
A su parecer, esta situación retrocede a la sociedad guatemalteca a los “peores años de las dictaduras militares”. La cárcel y el exilio se ha convertido en el camino actual de quienes trabajan en medios de comunicación independientes y comunitarios en donde empieza a imponerse la autocensura ante el peligro de la criminalización.
“Se está usando la ley del crimen organizado para silenciarnos”, expuso Sánchez. Además, se refirió al cerco económico que impulsa el Estado para acallar a los medios independientes a través de la Ley de ONG´s que le permite la fiscalización de los ingresos de la prensa independiente.
Además, denunció que peligro que corren los periodistas en el área rural ante el poder local que representan los alcaldes, gobernadores, diputados, empresas extractivas y el narcotráfico. “A pesar de todos los ataques, no nos callarán”, concluyó Sánchez.
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