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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

El Tribunal Octavo tiene programado comenzar el juicio contra el fundador de elPeriódico, por el primer caso en el que se le señala de tres delitos. Zamora llegará al debate tras nueve meses en prisión preventiva, sin sus pruebas de descargo y con la detención de cuatro de los abogados que lo defendieron. Además, enfrenta un segundo caso señalado por el MP de conspiración para obstruir la justicia.

Por Prensa Comunitaria

Este martes, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal tiene previsto comenzar el juicio contra el periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien permanece en prisión preventiva desde hace nueve meses en la cárcel de Mariscal Zavala, un centro preventivo diseñado para albergar a políticos o empresarios acusados de corrupción, pero que se convirtió en el espacio para encarcelar a abogados, exfiscales anticorrupción o jueces que han sido criminalizados.

El juicio contra el periodista se desarrollará con poca confianza en la justicia guatemalteca, el tribunal que conocerá el debate es el presidido por la jueza Oly González, quien condenó en 2022 a la exfiscal Virginia Laparra, por haber denunciado posibles actos de corrupción del exjuez Lesther Castellanos.

El proceso contra Zamora es uno más, de los originados por acciones de la Fundación contra el Terrorismo, institución dirigida por militares, y que cobró auge por el papel y relación con el Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras, calificada por Estados Unidos como un actor corrupto y reelecta en el cargo por cuatro años más por el mandatario Alejandro Giammattei, en mayo 2022.

En el debate también figura la exfiscal auxiliar Samari Gómez detenida el mismo día que Zamora, quien pese a que está acusada de un delito menos grave, no se le ha permitido salir de prisión bajo medidas sustitutivas. Gómez investigó casos de corrupción en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, cuando dicha unidad estaba a cargo de Juan Francicso Sandoval.

Zamora es acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Mientras que, la exfiscal auxiliar es señalada del delito de revelación de información confidencial.  Por este caso también fue relacionado el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, quien actualmente está en el exilio.

Un juicio en estado de indefensión

 Desde que se inició el proceso penal contra el periodista, cuatro abogados que intentaron defenderlo han sido detenidos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que dirige Rafael Curruchiche, calificado como un actor corrupto por EE. UU., los acusó de conspirar para obstruir la justicia.

Dos de ellos Mario Castañeda y Romeo Montoya, ya fueron condenados por la vía de aceptación de cargos, un procedimiento de reciente implementación en el derecho penal, en el que el MP sin acreditar un hecho o continuar a la siguiente etapa de investigación, se condena a las personas con solo declararse culpables. El exministro Carlos Menocal denunció en un programa en vivo, que Mario Castañeda bajo tortura fue obligado a aceptar cargos.

Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, los más recientes abogados de Zamora, fueron procesados la semana pasada y enviados a prisión preventiva. Luego de éstos hechos Zamora prefirió que la Defensa Pública Penal le defienda, para no poner en riesgo a nadie más, según dijo el mismo. El fundador de elPeriódico deberá llegar al debate con una nueva defensa.

En diciembre de 2022, Solórzano Foppa denunció que el periodista había sido dejado en un estado de indefensión, ya que las pruebas que ofrecieron para el debate como descargo a la acusación de la FECI, en su mayoría fueron rechazadas.  Mientras que el ente investigador y los querellantes, tuvieron un trato diferente, ya que ofrecieron declaraciones de testigos que no guardan relación con el hecho que se juzga, pero fueron aceptados.

“Estoy cien por ciento convencido, después de haber visto esta resolución, lo que tenemos es un juez completamente parcializado y ante las mismas situaciones ha tomado decisiones distintas; ordenó investigar a los testigos de la defensa, pero no permitió que se investigara al testigo de la acusación”, enfatizó el abogado en aquel momento.

Las personas que han sido capturadas son enviadas a cárceles en las que permanecen detenidos narcotraficantes, pandilleros o funcionarios acusados de corrupción. El abogado Castañeda, estuvo recluido en Matamoros, pese a denunciar temor a su vida, se le negó el traslado de centro carcelario. Semanas después de su detención, decidió aceptar los hechos y así no continuar preso.

Misma situación a la de Foppa, a quien se había ordenado enviar a ese mismo penal, pero luego de denunciar que en ese centro su vida corría peligro, el juez optó por mantenerlo en Mariscal Zavala, pero, con la condición de evaluar su situación de riesgo.

Un común denominador de las acciones de criminalización del MP, es que todas han sido anticipadas por cuentas anónimas conocidas como “Netcenter”, que están vinculadas a personas acusadas en casos de corrupción.

Un diario impreso que dejó de circular

 A raíz del caso que presentó Curruchiche contra Zamora a finales de julio de 2022,  el medio de comunicación informó que se vio afectado con el cese de la circulación impresa que circulaba desde 1996 y más de 150 empleados fueron despedidos a causa de la criminalización.

elPeriódico, uno de los medios de constante denuncia pública de casos de corrupción de diferentes gobiernos, contabilizaba hasta antes de la captura de Zamora más de 145 notas e investigaciones sobre acciones del gobierno de Alejandro Giammattei.

Pese a que la FECI aseguró que no era un caso contra el medio de comunicación, las acciones emprendidas contra elPeriódico demuestran lo contrario;  las cuentas bancarias del medio fueron embargadas, se retuvo a personal el día del allanamiento; y se evitó la impresión del diario.

Actualmente el mismo circula de manera digital y aunque sigue generando información, según los propios encargados, este lo hace con una mínima capacidad operativa y económica. El caso produjo bloqueos comerciales, lo que ha dificultado el financiamiento de ese medio de comunicación.

Una fiscalía obsesionada con perseguir periodistas

El caso está a cargo de Cinthia Monterroso como agente fiscal. En el proceso no solo se ha criminalizado a abogados y exfiscales. El pasado 28 de febrero, durante la audiencia de primera declaración de Zamora, por un segundo caso que la  FECI sigue en contra del fundador de elPeriódico, la fiscal pidió al juez Jimmi Bremer considerar una investigación penal en contra de seis periodistas y un columnista de opinión.

Monterroso criminalizó las publicaciones periodísticas sobre los casos en los que se juzga a Zamora, así como en los que ella es mencionada. La fiscal señaló al columnista Edgar Gutiérrez y a los periodistas Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Cristian Vélix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar. Además, se refirió al financiamiento de los medios de comunicación independientes.

Monterroso Gómez, también tiene denuncias penales en su contra. Por orden de la fiscal Consuelo Porras, asumió varios casos de alto impacto investigados por exfiscales de la FECI.

De hecho, una orden de captura en contra de Monterroso fue detenida por Porras. En esa ocasión la denuncia fue presentada por el exfiscal Sandoval. Previo a esa orden de captura, Monterroso ya contaba con dos denuncias penales, ambas presentadas por la exjueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán.

Un caso que genera dudas

 La investigación dirigida contra Zamora fue elaborada en 72 horas. La prueba clave de la FECI es la declaración de Ronald García Navarijo, un acusado de lavado de dinero que está pendiente de iniciar juicio en el caso Bantrab.

Según la fiscalía, el periodista le pidió al testigo que lavara Q300 mil, que le entregó en efectivo. Dinero que según el fundador de elPeriódico, pidió cómo préstamo para solventar compromisos económicos de su empresa.

De las grabaciones que la FECI reprodujo en audiencia de primera declaración e intermedia, ninguna evidencia a Zamora pidiendo a García Navarijo que lave el dinero, o recogen amenaza alguna contra el exbanquero. Los fiscales tampoco han mostrado hasta el momento evidencia de que el dinero incautado sea producto de chantajes de Zamora.

El periodista considera que el caso fue ordenado por el actual presidente Alejandro Giammattei, además se ha considerado un “preso político”. Desde su dirección en el medio de comunicación impreso, se pudo evidenciar una serie de acciones de corrupción de políticos de turno.

En el caso suman cinco condenados, entre ellas, la exdirectora financiera de elPeriódico Flora Silva, quien también aceptó los hechos y evitó así continuar encarcelada por la FECI. Pese a una condena exprés, la fiscalía inicio un segundo caso contra ella, donde optó por la misma salida para no volver a la cárcel.

Acciones de criminalización que se anticiparon

Meses antes de la detención de Zamora, elPeriódico había anunciado un incremento a los ataques e intentos por llevar a prisión a su presidente, así como a censurar la labor que realizaban los periodistas de ese medio impreso.

En una columna de opinión publicada en octubre de 2021, el periodista hizo públicas las intenciones del MP de encarcelarlo, el caso reactivado en ese momento fue por supuestas irregularidades en la negociación por publicidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que salía en elPeriódico.

Ese expediente estuvo archivado durante más de ocho años, fue reabierto durante la gestión de Porras. Zamora denunció que este caso era un puente para que un juez, a pedido del MP, ordenara embargos para la empresa y para él, así como arraigos y órdenes de allanamiento a las oficinas.

elPeriódico también denunció censura a través de denuncias presentadas usando la Ley de Femicidio. En juzgados especializados en esa materia fueron denunciados periodistas de ese medio de comunicación.

Una de ellas fue planteada por Sandra Torres, en mayo del 2019, en la que seis editores fueron denunciados, Torres buscaba evitar que se realizaran publicaciones sobre ella. Una denuncia más usando la Ley de Femicidio fue aceptada por una juez en contra de tres periodistas de elPeriódico, en mayo de 2022.  La denuncia presentada por Dina Bosch Ochoa, hija de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad Dina Ochoa, fue denegada por un juez, pero el Ministerio Público presentó un recurso de reposición contra el fallo.

La captura de Zamora ocurrió posterior a publicaciones relacionadas con corrupción en el MP y el gobierno de Alejandro Giammattei. elPeriódico evidenció que el contrato para la compra de 16 millones de dosis de Sputnik V no ofrecía garantías para el país. Además, que la suscripción de ese documento advertía que Rusia no estaba obligada a pagar más de US$100 mil (Q770 mil aproximadamente) por incumplir el contrato.

Ese medio también publicó detalles sobre la visita de ciudadanos rusos que llegaron al país y que habrían sido los responsables del pago millonario en sobornos. Se evidenció la intención de entregar parte del Puerto de Santo Tomás de Castilla a una empresa rusa que también tiene negocios de extracción de níquel en el país y que deseaba construir su puerto privado para sacar los minerales del país.

Las acciones contra dicho medio de comunicación ocurrieron mientras exfiscales y jueces eran perseguidos. Además, cuando el periodista Juan Luis Fontt había anunciado su salida del país por una investigación en la que el MP busca apresarlo.

Un segundo caso

 Zamora llegará a debate con un segundo caso por el que también guarda prisión y que se dilucida en el Juzgado Décimo Penal con el juez Jimi Bremer, quien liberó de cargos a Mynor Moto y que le permitió continuar en libertad.  En ese otro proceso se le acusa de conspiración para obstruir la justicia y evitar una investigación por fondos que supuestamente recibió para elPeriódico.

Previo al juicio, la FECI también ejecutó capturas no solo de sus exabogados, sino de personas cercanas a él, como Juan Carlos Marroquín Godoy. Además, se detuvo a Alejandro Girón Lainfiesta y Orlando Alejandro Álvarez Zamora, propietario y mandatario legal de una empresa por medio de la cual compró la obra de arte a Zamora.

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