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Créditos: Internet
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“Hubo un bloqueo a la labor periodística para poder informar a la población de lo que estaba pasando ahí”, dijo la periodista Verónica Orantes de Telesur. Dos periodistas fueron agredidas verbal y físicamente, además fueron retenidas contra su voluntad por la seguridad del Congreso y por integrantes del STEG. Afuera las agresiones también alcanzaron a otros periodistas.

Por Simón Antonio Ramón

Luego de una movilización de uno de los sindicatos del magisterio nacional que inició desde las 7 de la mañana en el Obelisco capitalino y que concluyó en el Congreso de la República, con una reunión a puerta cerrada con la presidenta del Congreso Shirley Rivera y los principales dirigentes nacionales del STEG, entre ellos Joviel Acevedo, un grupo de periodistas fue agredido durante la marcha, fuera y dentro del Congreso de la República.

Personal de los departamentos de seguridad, protocolo y de comunicación social del Congreso, impidieron el acceso a varias periodistas, esto ocurrió cuando Joviel Acevedo ingresó al edificio para reunirse a puerta cerrada con Shirley Rivera, presidenta del Congreso de la República. También se encerraron con el diputado Javier Hernández del partido FCN Nación.

La reunión entre la presidenta del Congreso y el STEG duró tres horas y solo permitieron el acceso de algunos periodistas únicamente por cinco minutos.

Cuando la manifestación llegó a la entrada del Congreso sobre la novena avenida, la periodista Andrea Domínguez y el camarógrafo Roberto López de Guatevisión y Prensa Libre, junto a Miguel Salay del canal iraní Hispan TV, quisieron entrar al Congreso, pero Víctor Jaroslav Alburez García jefe de Protocolo, Josselyn Fernanda Mérida Solano de la Dirección de Comunicación Social y el personal de seguridad les impidieron su ingreso.

La agresiones y restricciones a la labor de la prensa este 4 de mayo tanto afuera como en el interior del legislativo fueron denunciadas por el colectivo No Nos Callarán.

“La seguridad del Congreso permitió a integrantes del STEG que tomaran la puerta y no nos dejaron ingresar, una integrante del sindicato me dijo que eran actividades, a mí me tiraron la puerta”, dijo la periodista Andrea Domínguez de Guatevisión y Prensa Libre.

“Como Joviel Acevedo estaba fuera cuando él entró, entre empujones y golpes que recibimos logramos nosotros entrar y a Miguel Salay no lo dejaron entrar”, dijo la periodista.

Mientras la periodista Verónica Orantes de la cadena Telesur había entrado por Casa Larrazabal en la octava avenida, al toparse con personal de seguridad no la dejaron ingresar. “Fui al despacho presidencial y había una persona que no me recuerdo en qué área está él, que me dijo que la reunión con Joviel Acevedo había terminado, me estaba mintiendo”, dijo la periodista.

“Cuando llegué al salón del pueblo, estaba cerrado entonces le dije a uno de la seguridad que estaba ahí que, veníamos a cubrir y este me dijo: no pueden entrar, entonces le pregunté por alguien de comunicación, él con todo el cuerpo me tiró la puerta en la cara”, denunció.

En los últimos momentos de la reunión el jefe de comunicación social dijo que, como una muestra de buena voluntad los dejó entrar, a los cinco minutos pidieron que se retiraran, en ese momento, integrantes del STEG no los dejaban salir, los mismos que no les dejaban entrar horas antes al Congreso.

“Hubo un bloqueo a la labor periodística para poder informar a la población de lo que estaba pasando ahí”, dijo la periodista Verónica Orantes sobre lo ocurrido.

Cuando salieron del salón del pueblo donde se realizó la reunión, el personal de seguridad impidió que se movilizará por varios minutos hasta que comenzaron a grabar a los periodistas y los dejaron pasar al pasillo que comunica al salón de Pasos Perdidos del Congreso.

En el año 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia en el que ordenó a la junta directiva del Congreso garantizar las facilidades a la labor a la prensa que cubren este poder del Estado. Además, las reuniones anteriores del dirigente del STEG con miembros de la junta directiva del Congreso, siempre han sido públicas.

Jaroslav Alburez renunció en 2016 al mismo puesto que de nuevo ocupa, cuando el diputado Mario Taracena presidía el legislativo, esto luego de que el partido UNE denunciara que Alburez y otros trabajadores del Congreso recibían salarios exorbitantes y que incluso tenían a sus familiares trabajando dentro del legislativo, publico elperiódico.

En el caso de Josselyn Mérida recurrió a la utilización de la Ley de Femicidio para bloquear la labor de los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa y evitar que fiscalizaran su trabajo afirma el medio Vox Populi. En un reportaje de este medio se confirma que la directora de Comunicación Social del Congreso gana un salario de Q29 mil 150 y otros beneficios.

Mérida utilizó recursos públicos para atacar a diputados de oposición, incluso al procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade en 2022, cita el reportaje de Vox Populi. “Usted no es la directora de comunicación, usted es la directora de un Netcenter” afirmó el diputado Samuel Pérez de Semilla en una citación en la que cuestionó a Mérida.

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