Documentos revelan que, desde 2020, los trabajadores del Congreso asignados a esa agrupación política denunciaron ante la FECI, la exigencia de una comisión de hasta el 50% de su salario para financiar al partido Valor, con el que Zury Ríos Sosa busca la presidencia en estas elecciones 2023. Con la actual fiscalía ese caso se estancó y no ha tenido resultados.
Por Prensa Comunitaria
Se trata de una denuncia que salió del interior del Congreso de la República y que señala una práctica ilegal desde la bancada del partido Valor. Varios trabajadores de este organismo denunciaron en el Ministerio Público que, desde las oficinas de esa bancada se les exigió la entrega del 50% de sus salarios para financiar al partido. Tres años han pasado y el caso quedó en las manos de la actual Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sin que existan resultados de esa investigación.
Esta redacción tuvo acceso a una denuncia presentada por los trabajadores del Congreso de la República contra el partido Valor que postula a Zury Ríos Sosa y a Héctor Adolfo Cifuentes como sus candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente, para las elecciones generales de 2023.
El caso data del año 2020, incluso los hechos empezaron a investigarse en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, poco antes de su destitución.
En el expediente identificado como M3542-2020-15 consta que los trabajadores del legislativo que fueron asignados a la bancada del partido Valor denunciaron que se les exigía el pago de una comisión de su salario, para financiar a esa agrupación política o pagar servicios de otros colaboradores del partido.
Los denunciantes relataron que de los salarios obtenidos (entre Q4 000 y Q8 000 mensuales), ellos debían entregar el 50 por ciento al partido. Los trabajadores saben que de ese monto, un 10 por ciento sería destinado para pago de otros colaboradores externos de la agrupación política.
En la documentación también consta un oficio remitido a la fiscal general Consuelo Porras, en 2020. La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del partido Valor, tuvo información de la investigación y solicitó información acerca de la pesquisa que se estaba desarrollando.
La solicitud fue remitida a la FECI y fue así como se le respondió que no se le podía dar una copia del expediente porque, hasta ese momento, ella no estaba siendo investigada porque su cargo le daba inmunidad.
“Respetuosamente, me dirijo a usted, con el propósito de dar seguimiento a la petición que realizó ante la señora Fiscal General, mediante memorial de fecha 18 de noviembre de 2020, por el cual requiere copia del expediente M3542-2020-15, gestionado en la agencia 2 (…) Realizada la consulta con los fiscales a cargo de la investigación, se estableció que usted no figura como sujeto procesal en dicho expediente. Precisamente esa fue la motivación para no acceder a la solicitud”, le respondieron.
Esta redacción se comunicó con los encargados de la comunicación del partido Valor respecto a la denuncia, pero dijeron que no tenían información sobre el caso y que no podían opinar acerca de ello.
Por aparte, el departamento de atención a prensa del MP respondió el viernes 19 de mayo por la noche, confirmando que la pesquisa sigue activa en la FECI, pero sin dar detalles de cuál es el estado actual de la misma. Afirman que se encuentra bajo reserva judicial.
La denuncia está estancada en la FECI
Una fuente del Ministerio Público (MP) con conocimiento del caso, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las averiguaciones avanzaron hasta la destitución del exfiscal Sandoval. Señaló que, incluso, hicieron requerimientos de información en el Organismo Legislativo y, que confirmaron que se realizaron transferencias hacia la agrupación política y que eran reportadas como financiamiento.
Además, la fuente detalló que en esa investigación también se pudo identificar contrataciones irregulares del partido oficial Vamos, quienes, sin asistir a laborar, aparentemente devengaban un salario. Pero que no se pudo avanzar hasta ese extremo porque Sandoval fue ilegalmente destituido y la mayoría de los fiscales fueron trasladados a otras fiscalías, destituidos o fueron forzados a renunciar, expresó la fuente.
Otros casos de plazas fantasma en el Congreso
El caso del partido Valor no es el primero que la FECI investigó. Entre 2016 y 2017, esa unidad presentó dos procesos relacionados con contrataciones irregulares y plazas fantasma en el Congreso de la República. En la misma figuraban diputados y exdiputados de legislaturas de ese periodo legislativo.
Por esos hechos, el expresidente del Legislativo Pedro Muadi Menéndez, del Partido Patriota (PP), fue condenado por el delito de peculado, según la publicación de Prensa Libre en 2020. En la segunda fase del proceso, la jueza de mayor riesgo “A”, Claudette Domínguez, dejó libre de cargos a más de 50 personas vinculada a este caso de corrupción.
La CC confirma reducción de condena de Pedro Muadi expresidente del Congreso
