Según un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el año 2022, es el año más letal para la prensa en Latinoamérica ya que se registran 39 asesinatos, otros enfrentan prisión y procesos penales, ataques físicos o por redes sociales, además de que muchos ejercen en el exilio.
Por Isela Espinoza
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles a través de Twitter que sigue con preocupación el juicio contra el fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien, en el segundo día de juicio, se defendió de la acusación de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias por parte del Ministerio Público (MP).
Además, la RELE lamentó que su solicitud dirigida al Estado para visitar a Zamora continúa sin respuesta. “En Estados democráticos toda persona en su situación debe poder ser visitada”, escribió.
El caso de Zamora también ha desatado la persecución y criminalización contra periodistas, columnistas de opinión y prensa independiente. El pasado 28 de febrero, la fiscal Cinthia Monterroso pidió al juez Jimi Bremer ordenar una investigación contra nueve comunicadores a quienes señala de obstrucción a la justicia por las publicaciones realizadas en el caso contra Zamora.
Año letal
El año 2022 fue el más letal para la prensa en Latinoamérica con 39 reportes de asesinatos y diversos tipos de ataques sufridos de manera física o digital contra periodistas que ejercen este oficio en sus países, en el exilio, con procesos penales e incluso en prisión, afirmó Pedro Vaca, de la RELE.
Tan solo en Guatemala, al menos 22 periodistas están en el exilio, 12 de los cuales salieron del país en marzo pasado.
El relator fue el primero en dirigirse este miércoles al Consejo Permanente de la OEA para abordar los desafíos que enfrenta el periodismo. “En lo que va este año se han registrado al menos 7 asesinatos de periodistas”, dijo Vaca.
Los datos citados por Vaca forman parte del Informe Anual sobre la situación de la libertad de expresión en el hemisferio presentado el pasado 24 de abril. Con el reporte de 15 asesinatos, México continúo el año pasado siendo el país más letal para periodistas y comunicadores. Le sigue Haití con ocho, Colombia con cuatro, Honduras y Brasil con tres, Ecuador con 2 y Chile, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay con el reporte de un asesinato, según información recibida por la RELE.
El informe manifiesta su preocupación por el poco o ningún avance en las investigaciones de estos crímenes, lo que se traduce en el aumento de la autocensura y el silenciamiento.
Además, el relator explicó que los y las periodistas están siendo asesinados en límites fronterizos u otras zonas alejadas en donde el peligro se hace mayor por la ausencia estatal.
“Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación también han sido el blanco de violencia verbal y física, intimidaciones, amenazas, censura, persecución y espionaje”, dijo.
Guatemala deniega ataques contra periodistas
Sin embargo, el actual contexto de Guatemala no coincidió con las palabras que Rita Claverie de Sciolli, representante permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo para referirse a la libertad de expresión en el país en el día Mundial de la Libertad de Prensa.
Según la representante, al igual que los otros países miembros, Guatemala coincide en “la importancia de la prensa como pilar de la democracia y la justicia”. Además, afirmó que a nivel nacional promueven la libertad de emisión del pensamiento como un derecho reconocido en la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.
“La libertad de expresión es uno de los pilares que debe existir en toda sociedad democrática en virtud de ser fundamental para generar diálogo y la formación de la opinión pública”, enfatizó Claverie.
Agregó que “con el objetivo de garantizar que los periodistas ejerzan su labor libre e independiente” han creado plataformas, salas de prensa y datos abiertos a través de los cuales los periodistas pueden acceder a información oficial del Gobierno. Recordó que el Ministerio Público cuenta con una fiscalía especializada para investigar hechos cometidos en contra de periodistas. Sin embargo, este no fue el mecanismo utilizado para la denuncia de la fiscal Monterroso.
“Como resultado de 2018 a 2022, (el Estado) ha implementado 69 medidas de seguridad. La Policía Nacional Civil (PNC) brinda seguridad a periodistas a nivel nacional que pueden ser víctimas de amenazas o atentados”, agregó y reiteró el compromiso de respetar la libertad de prensa “dentro de los límites propios del derecho de la libertad de expresión”.
