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Créditos: Crédito Eslly Melgarejo.
Tiempo de lectura: 5 minutos

La tarde de este 20 de mayo, el candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad con miras a que esta lo proteja y revierta la decisión de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que suspendió su inscripción de forma provisional y la de los candidatos a diputaciones y alcaldías de su partido. Con ello, han arreciado las voces que denuncian el fraude electoral a poco más de un mes de las votaciones.

 

Por Paolina Albani

Los simpatizantes de Carlos Pineda llegaron puntuales a la convocatoria que este lanzó en redes sociales en donde anunció que el 20 de mayo, apelaría la decisión de la Sala. Al menos cien personas le esperaron pacientemente, afuera de la Corte de Constitucionalidad (CC), mostrando carteles con mensajes de apoyo y haciendo sonar silbatos y vuvuzelas. Para el fin de la jornada la suma incrementaría a unas 300 personas.

Pineda llegó acompañado de un fuerte contingente de guardaespaldas que llevaban camisas y gorras del partido en un intento por disimular que estaban ahí para protegerlo. Estos le abrieron el camino hacia la apretada entrada de la Corte, entre empujones de la gente que buscaba saludarlo y expresarle su apoyo.

Instantes después, salió del máximo órgano constitucional y rodeado de la gente que llegó a acompañarle, hicieron camino hacia el Parque Central, en la zona 1 de la ciudad. Ahí, subido en la palangana de un picop, siguió ondeando la bandera a petición de la gente de su partido, quienes le grababan en un intento por hacerlo ver como prócer contra el fraude.

Crédito Emmanuel Andres

Las escasas palabras que dio estuvieron dirigidas a fortalecer esa imagen.

“Nadie puede comprarme, mi único compromiso es con el pueblo de Guatemala”, expresó.

Luego aseguró que “la Corte de Constitucionalidad es el último bastión de la esperanza que tenemos actualmente. Las cortes deben obrar con justicia. Hay un Dios que nos está viendo y él tiene control de todo. Yo no estoy aquí por mí mismo”.

La decisión de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo surgió luego de que el partido Cambio, que está vinculado a la familia de Manuel Baldizón, quien ha sido candidato a la presidencia en las elecciones de 2015, pero que también fue extraditado y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, en 2019. A su regreso, él y sus hijo fundaron el partido Cambio. Con este partido accionaron contra la postulación de Pineda y de todos los aspirantes inscritos para alcaldías y diputaciones de Prosperidad Ciudadana.

Una fuente interna del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dicho que el fallo en las asambleas fue que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no se pueden cambiar los comité hasta que estén afiliados por 30 días hábiles y Prosperidad Ciudadana, en el segundo día de afiliados, se nombró como parte de un comité.

De acuerdo al amparo presentado por Cambio, hubo varias omisiones en las asambleas nacionales de Prosperidad Ciudadana, entre ellas, informes económicos, listados de formas de los delegados presentes.

Desde entonces, la participación de Pineda y de la totalidad de los candidatos a las diputaciones y alcaldías de ese partido, pende de un hilo delgado. No solo por la suspensión de su inscripción, sino que el jueves 25 de mayo, el TSE deberá enviar a las imprentas los listados definitivos de los candidatos que serán incluidos en las boletas de votación.

El martes pasado, 16 de mayo, el TSE y los fiscales de los partidos políticos decidieron que se incluyan los nombres de los candidatos que no tienen su inscripción en firme solo si una corte los ampara provisionalmente. Si para este fecha, Pineda y su partido no han conseguido el respaldo de la CC, quedarán fuera de las papeletas y fuera de las votaciones.

Todo ello ha sumado a la preocupación de varias voces quienes continúan denunciando el fraude electoral. Una de ellas ha sido Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien en su cuenta de Twitter publicó:

“Seguimos con preocupación la decisión de suspender la candidatura del candidato presidencial Carlos Pineda. Esta decisión forma parte de un patrón más amplio de bloqueo de candidatos y pone en riesgo los derechos de los guatemaltecos a participar en elecciones libres”.

Los terceros excluidos

Crédito Eslly Melgarejo

El binomio presidencial conformado por Carlos Pineda y Efraín Orozco es el tercero en ser excluido de participar en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 25 de junio.

En enero de este año, a principio de la convocatoria, el TSE se negó a inscribir al binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, alegando una falla administrativa en la postulación cuando invalidó el finiquito que Rodas presentó por un par de denuncias que aún no se aclaran, hechas por el actual procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova y sucesor de Rodas.

El entonces vicepresidenciable del MLP, quien ya había obtenido su finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en diciembre de 2022, y su presidenciable Cabrera, denunciaron la exclusión a nivel internacional, la cual catalogaron como la semilla del fraude electoral.

Desde Guatemala, acudieron a las cortes, e internacionalmente, hicieron una gira para llamar la atención de otros países y organismos vigilantes de las elecciones. Esto provocó que organizaciones se pronunciaran a favor de la inscripción del MLP y que solicitaran al TSE que garantizara un proceso transparente, pero nada fue suficiente.

Las cortes les negaron la participación.

En 2019, el MLP había sido uno de los partidos finalistas, ocupando el cuarto lugar en el primer intento e incluso ganó las elecciones en el extranjero, específicamente, en Estados Unidos, en donde se estima hay entre 3 y 4 millones de migrantes guatemaltecos.

En los primeros meses del año, algunas encuestas mostraron que Cabrera y Rodas podrían liderar la delantera en las elecciones frente a las candidatas conservadoras Zury Ríos de Valor y Sandra Torres de la UNE, quienes de forma combinada llevan más una década insistiendo en su postulación.

Por su lado, Torres ha buscado la presidencia desde 2011, de manera oficial, desde 2015, siendo finalista y pasando a segunda vuelta en las últimas dos elecciones. Dos elecciones que no ha ganado como resultado del antivoto y que ha dado la victoria de Jimmy Morales y a Alejandro Giammattei.

A Ríos, por otro lado, le tomó una elección conseguir ser inscrita como candidata a pesar de tener una prohibición constitucional por ser la hija del exdictador José Efraín Ríos Montt. Para 2022, consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la abriera camino a las elecciones de este año al reconocer que sus derechos fueron violentados al negarle la participación en las elecciones de 2019.

Las encuestas de inicio de 2023 también mostraron una mayor aceptación de la gente a favor de Roberto Arzú, presidenciable del partido Podemos.

En febrero pasado, el TSE hizo lo mismo al revocar la inscripción de Roberto Arzú. Él mismo ha reconocido que el bloqueo proviene de disputas con grupos de la élite económica que fue aliada de su padre, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, pero, sobre todo, de su hermano, el diputado y candidato a la reelección, Álvaro Arzú Escobar, por el partido Unionista.

El equipo legal de Arzú ha insistido en las cortes para hacer valer su derecho a participar, sin demasiado éxito. Aunque consiguieron recusar a los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y dejar la decisión en manos de los suplentes, la corte ya ha aplazado la fecha para dar un fallo. 

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