Los expertos, que en marzo visitaron comunidades indígenas de Alta Verapaz, solicitaron al Gobierno garantizar los derechos de la población afectada por la violencia ejercida en los intentos de desalojo.
Por Isela Espinoza
La Delegación Independiente de Abogados Internacionales (IDIL) manifestó este martes su preocupación sobre un “inminente desalojo” de la comunidad maya q´eqchi´, Lajeb Kej, ubicada en Tucurú, Alta Verapaz.
Camila Zapata Besso, una de los siete expertos del IDIL que en marzo de este año visitó Alta Verapaz, comentó que la comunidad está integrada por 186 personas, en su mayoría mujeres y niños. “Hemos instado al Estado guatemalteco que cese los planes para el desalojamiento forzoso de la comunidad de su tierra ancestral”, escribió en Twitter.
En 2022, en ese departamento del norte del país se registraron varios desalojos, entre ellos el de la comunidad Nuevo Chicoyou, en la finca San Luis, que el ejército reclama como propia y el intento de desalojo en Pancoc, Los Encinos y Monjón, en Purulhá.
En un comunicado compartido a Prensa Comunitaria, el IDIL recordó que durante su visita a las comunidades indígenas “observó de primera mano el deterioro de la situación de derechos humanos” debido a los desalojos y la criminalización a organizaciones indígenas cuyos integrantes han sido amenazados por la defensa de su territorio.
En cuanto a la comunidad Lajeb Kej, la organización de abogados independientes especializados en derechos humanos, dijo que la “tierra ancestral ocupada por los pobladores es disputada por finqueros y otros agentes privados”. Además, su población vive en condiciones de pobreza extrema, dependen de la tierra y sus recursos para subsistir.
“El río Polochic atraviesa dicho territorio y ha sido contaminado por instalaciones hidroeléctricas y plantaciones de monocultivos, motivo por el cual el acceso al agua es mínimo o nulo”, se lee en el documento.
La reacción del IDIL se da luego de recibir información sobre los intentos de desalojo que se han realizado hasta el momento. Estos han implicado el uso de la violencia por parte de grupos armados que han disparado contra la población. Además de reportarse destrucción de sus bienes y viviendas.
“El IDIL está monitoreando esta situación y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de Guatemala. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que se tomen medidas urgentes para suspender el desalojo de la comunidad de Lajeb Kej y garantizar sus derechos”, agrega el comunicado.
Durante una conferencia de prensa que realizaron los expertos, luego de su visita y reuniones con miembros de la sociedad civil y funcionarios, señalaron las “fallas sistemáticas” en la protección de los derechos indígenas y consideraron que Guatemala debe hacer una revisión de sus leyes a favor de estos pueblos.
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