Una misión internacional de juristas independientes visitó el departamento de Alta Verapaz, tras informes recientes de Naciones Unidas y de la sociedad civil sobre desalojos violentos y criminalización en contra de defensores de la tierra. Luego de la visita, señalan la necesidad de que Guatemala tome medidas urgentes para proteger a los pueblos indígenas con un marco legal adecuado a estándares internacionales.
Por Regina Pérez
Siete expertas y expertos internacionales visitaron el departamento de Alta Verapaz para verificar la situación de las comunidades indígenas que han sido afectadas por desalojos y la criminalización de dirigentes comunitarios. Tras la visita emitirán un informe, sin embargo, manifestaron su preocupación por las “fallas sistemáticas” en la protección de los derechos indígenas y consideran que Guatemala debe hacer una revisión de sus leyes a favor de estos pueblos.
Guatemala necesita urgentemente un marco jurídico de protección de pueblos indígenas, dijo Silvana Baldovino, directora de Programas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Según Baldovino, la falta de un esquema de protección a derechos colectivos a pueblos indígenas lleva a una serie de despojos porque no hay reconocimiento de su derecho a la tierra.
El año pasado, en el departamento, ubicado al norte del país, se registraron diversos desalojos, entre ellos el de la comunidad Nuevo Chicoyou, en la finca San Luis, que el ejército reclama como propia y el intento de desalojo en Pancoc, Los Encinos y Monjón, en Purulhá, por mencionar algunos casos.
Daniel Cerqueira, Director de Programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), indicó que el marco legal de Guatemala no está acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas de las comunidades por tener la tenencia ancestral de sus territorios, bajo el derecho internacional son los propietarios reales, al margen de que otras personas reclaman un título propio, manifestó.
La abogada Camila Zapata Besso, también integrante de la misión, mencionó que durante la visita pudieron reunirse con personas y comunidades donde casi todos sus miembros están criminalizados.
#Criminalización 🚨 Expertos piden medidas jurídicas para proteger a pueblos indígenas en Alta Verapaz
👉🏽Una misión independiente visitó Alta Verapaz y observó "fallas sistémicas" en la protección de los derechos de pueblos indígenas y criminalización.
👇🏽Hilo🧵
📷 Regina Pérez pic.twitter.com/ebU02BtmsJ— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) March 31, 2023
No vamos a dar los nombres de los individuos para asegurarnos de su protección, pero hemos visitado a una persona que fue encarcelada por nueve meses, pendiente de acusación por usurpación, que en la primera instancia fue declarado inocente porque no hubo prueba de que la propiedad donde supuestamente ocurrió la usurpación era privada, dijo Zapata. Sin embargo, esta sola criminalización conllevó a encarcelamiento de nueve meses y a violaciones a sus derechos, señaló la abogada.
Las y los miembros de la misión internacional expresaron preocupación por varios temas, entre ellos la criminalización de comunidades y personas, el desalojo y desplazamiento de pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y la falta de reconocimiento legal de sus derechos colectivos, la incapacidad del Estado para impedir el uso de la fuerza y el uso de la violencia en los desalojos.
A esto se suma un drástico aumento de la pobreza con el debilitamiento de la soberanía alimentaria y el acceso limitado al agua y los recursos naturales, señalaron en un comunicado de prensa.
La visita de los juristas se da en un contexto en que las acciones de actores estatales en Guatemala han levantado alarmas a nivel internacional, especialmente en el tema de la justicia.
Al desalojo masivo de pueblos indígenas en Alta Verapaz hay que agregar un desplazamiento involuntario de operadores de justicia que hoy ni siquiera viven en Guatemala, dijo Cerqueira de la DPLF.
Durante la misión, las y los expertos pudieron reunirse con organizaciones de la sociedad civil, representantes del gobierno, personas que están en prisión, abogadas y abogados de las comunidades afectadas, el sector diplomático y el sector privado.
El informe sobre la visita será publicado en septiembre de este año, adelantó Zapata.
