Integrantes del Bufete para Pueblos Indígenas señalaron que el decreto crea “tipos penales desproporcionados” y solo protege los intereses empresariales mientras criminaliza a comunidades.
Por Isela Espinoza
Organizaciones de la sociedad civil presentaron este lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del decreto 8-2023 que pena el robo de energía eléctrica, agua o gas con hasta 12 años de prisión.
El pasado 22 de marzo, el Congreso aprobó con 105 votos a favor, el decreto que contiene reformas al Código Penal y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada en donde contempla el aumento de las multas y penas de cárcel por el hurto, instalación o conexión ilegal de energía eléctrica y agua.
Juan Castro, abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, afirmó que con la acción presentada buscan dejar sin efecto los artículos incluidos en el decreto 8-2023, ya que no fueron analizados y criminalizan cualquier tipo de resistencia que realicen las comunidades ante el cobro excesivo o poco acceso a la electricidad.
“El Congreso debería conocer la realidad antes de emitir una ley que solo va a proteger al individuo que es dueño de una empresa frente al interés común, eso es contrario a la Constitución”, dijo. Además, el abogado recordó que la privatización de la energía eléctrica aumentó la problemática en las comunidades para acceder a este servicio público.
Entre las reformas que incluye el decreto se encuentra la modificación del artículo 249 bis del Código Penal respecto del hurto de fluidos como energía eléctrica, agua, gas o fuerza de una instalación será sancionado con dos a cuatro años de prisión y una multa de Q10 mil. Anteriormente, el artículo establecía una multa de Q2 mil a Q 3 mil y una pena de prisión de uno a seis años.
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También adiciona que, si el delito de hurto de fluido cometido por grupos delictivos organizados u organización criminal será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de Q100 mil y quien cometiera el delito de hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q5 mil a Q10 mil.
“El Estado lejos de sentarse a resolver este problema lo que hace es incrementar penas y eso no resuelve nada”, afirmó Castro al advertir que se podrían generar nuevos conflictos.
Los abogados que presentaron la inconstitucionalidad realizaron una conferencia de prensa afuera de la Corte de Constitucionalidad para solicitar a los magistrados que analicen sus argumentos planteados en la medida. Además, enfatizaron que las penas no van acorde a los hechos y criminalizan la pobreza de las comunidades.
