Créditos: Paolina Albani
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MLP le apunta a las alcaldías y diputaciones como medida de resistencia ante la exclusión de su binomio del proceso electoral.

Por Paolina Albani

En sesión extraordinaria, el jueves 13 de abril, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegaron por mayoría, el amparo presentado por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) para impugnar la decisión del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de dejarlos fuera de las elecciones generales 2023. Con este fallo, parece cimentarse la teoría de expertos políticos y de sociedad civil de que el bloqueo es parte de un fraude electoral anticipado.

Este nuevo revés de la Corte, del cual todavía se desconocen los motivos de los magistrados, se alinea al resultado que el binomio del MLP ya anticipaba. Sobre todo, porque, en los últimos años, las cortes se han alineado a las mafias para recuperar la cooptación imperante antes de la llegada de la CICIG en 2007, de acuerdo con Alejandro Flores, antropólogo y sociólogo.

Como resultado, el MLP ha anunciado que seguirá la ruta legal para hacer valer su participación política, con un nuevo recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El bloqueo como forma de criminalización

Cabrera conversó recientemente con Prensa Comunitaria. Dijo que este bloqueo es parte de la criminalización y el hostigamiento que las mafias hacen contra la lucha de los pueblos defensores de derechos humanos y de la tierra.

“Hay miedo de parte de las mafias y del sistema por la propuesta política para erradicar la corrupción, los privilegios e iniciar la refundación del Estado”, afirmó Cabrera al ser consultada por la decisión de la corte.

Para la aspirante a la Presidencia, esa exclusión no solo es en contra de ella o de Rodas sino en contra “de las grandes mayorías”, señaló. “La CSJ, el TSE y la CC están cooptados por los criminales, hasta la PDH -Procuraduría de Derechos Humanos-. No esperamos… -mayor respaldo de ellos-. De lo contrario, ya hubieran resuelto. Vemos como Guatemala viola su propia Constitución”, agregó.

“Estamos luchando por hacer cambios estructurales. Ya es una costumbre que el sistema viola los derechos de los pueblos. No nos quita el sueño si nos inscriben o no nos inscriben. Nuestra trinchera de lucha está en las alcaldías y diputaciones. En el Congreso tenemos que apuntar los pueblos. Seguiremos luchando en base a la decisión de la asamblea”, acotó Cabrera en una transmisión en vivo, momentos antes.

Un día antes de la resolución de la corte, el Mirador Electoral señalaba que habían detectado varios casos en donde “se limitó la participación ciudadana a través del finiquito -como en el caso del MLP-” y que este proceso electoral definirá si el modelo actual cambiará o profundizará su crisis.

“Ya se está perdiendo la legitimidad del proceso electoral y eso es sumamente delicado”, advirtió Eddie Cux, de Acción de Ciudadana y miembro del mirador.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que el TSE que ha negado la inscripción al MLP, Podemos y otros más, es el mismo que ha permitido que personajes cuestionados por sus vínculos o por prohibiciones constitucionales (como los familiares inmediatos a un jefe de facto y los ministros de culto, por nombrar algunos) se postulen en la elección.

Edgar Gutiérrez, analista político, ha mencionado en sus columnas de opinión que el fraude es una especie de guerra sucia o “elecciones sucias”, resultado de la demolición de las instituciones y del asalto dirigido por el actual presidente, Alejandro Giammattei, junto al denominado grupo Pacto de Corruptos.

Hasta ahora, la batalla legal del MLP para validar su derecho a elegir y ser electos ha probado ser infructuosa. El siguiente paso, la CC, augura un resultado similar.

“No vamos a tener una respuesta diferente en la CC. El argumento fue que estaba mal planteado el recurso, vemos una clara decisión política de no dejar competir al binomio del MLP y que pase a segunda vuelta.

Se están violando esos derechos ciudadanos de poder elegir a quien consideramos la persona idónea para ocupar un cargo de la administración pública”, refirió Lins Tillit, directora del Colectivo Alas de Mariposa e integrante del Mirador Electoral en Twitter Space el pasado 13 de abril.

Los finalistas de 2019, los excluidos en 2023

Para entender el bloqueo del MLP hace falta examinar el pasado reciente. En las elecciones de 2019, Edmund Mulet del partido Humanista quedó en tercer lugar, Thelma Cabrera del MLP en cuarto y en quinto lugar se posicionó Roberto Arzú, con la coalición PAN-Podemos.

Estos mismos nombres han sido los aspirantes que han sufrido el bloqueo político previo a las votaciones de este año. Las justificaciones son por fallas “administrativas” de los aspirantes, por ejemplo, por no conseguir el finiquito, pero los excluidos han señalado que el sector privado y el pacto de corruptos están detrás de la obstaculización.

En el caso del binomio del MLP, la inscripción les fue negada por el Registro de Ciudadanos, el 28 de enero de 2023, aun cuando cumplieron con los requisitos de ley, entre ellos, la entrega del finiquito a Jordán Rodas.

Luego se supo que la negativa del registro se basó en la existencia de dos reparos de parte de la contraloría por una denuncia del procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, contra Rodas. Una denuncia cuyo contenido sigue sin ser claro, pero que ha tenido el peso suficiente para sacar de la jugada a una de las propuestas políticas más progresistas.

Para Rodas la respuesta es bastante simple: “hay un gran temor hacia este binomio que es una opción diferente para los guatemaltecos”.

“Anular el Estado de derecho sirve cuando hay una defensa corporativa de intereses mafiosos y el enemigo externo está identificado con nombre y apellido para su neutralización”, ha escrito Gutiérrez.

La batalla legal que inició el MLP, desde enero de este año, para hacer valer su derecho y participación política no ha tenido demasiado éxito. Por eso, han apostado a la estrategia mediática internacional para visibilizar hacia fuera el fraude electoral y conseguir apoyos en el exterior.

A raíz de esto, instancias como el Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA en inglés), por nombrar a algunos, han hecho llamados al gobierno de Guatemala para garantizar un proceso electoral democrático y transparente.

Pero, de este lado del mundo, esos llamamientos han tenido poco o nulo impacto.

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