La investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales determinó que el programa utilizado para generar los datos, duplicó los resultados que aparecían en las casillas 11 a la 16 con los de la 21 a la 26.
Por Alexander Valdéz
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal comenzó el juicio contra exdirectivos de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Adolfo Castillo González y Beny Obdulio Román Chanquín, exdirector y exsubdirector, respectivamente.
Los extrabajadores del TSE fueron capturados el 7 de agosto de 2019, cinco días antes de la segunda vuelta, que ganó Alejandro Giammattei. Ese día, la Fiscalía de Delitos Electorales explicó que estas personas pudieron haber cometido el delito de incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos.
En el primer día de audiencia, la Fiscalía de Delitos Electorales emitió sus argumentos iniciales. “Omitieron velar por el adecuado funcionamiento de la base de datos del TSE, toda vez, que tenían la obligación laboral de ejercer control, supervisión y verificación del control de transmisión de resultados electorales preliminares”, dijo el MP.
En esta etapa del proceso penal, la fiscalía deberá probar la culpabilidad de los dos acusados en los delitos por los que se presentó la acusación. La fiscalía presentará medios de prueba material y documentales.
Fallos del TSE
Las irregularidades detectadas por el Ministerio Público (MP) se conocieron durante la transmisión de resultados de la primera vuelta. La investigación determinó que el programa utilizado para generar los datos, duplicó los resultados que aparecían en las casillas 11 a la 16 con los de la 21 a la 26.
Desde el día de las votaciones, hubo señalamientos contra el TSE, ya que no cuadraban las actas digitadas con lo que aparecía en el sistema. Mientras que en otros casos se repetían los datos.
Durante el proceso de revisión de actas electorales, una comisión del TSE y de fiscales informáticos de las diferentes agrupaciones políticas confirmaron las irregularidades en la suma de los votos emitidos y que luego fueron digitalizados.
Los propios acusados reconocieron las fallas en el sistema informático, y justificaron que ello había sido informado previamente al pleno de magistrados de aquel momento. El MP incluso presentó antejuicio contra los togados, pero la CSJ no aceptó para su trámite la solicitud de retiro de inmunidad.
