El criterio del TSE para favorecer a Manuel Baldizón contradice al asumido en otros casos. Mientras que con Baldizón se alegó soberanía y presunción de inocencia, en los casos de un diputado y de un alcalde, que enfrentan acusaciones de Estados Unidos, los magistrados coincidieron en que existe un compromiso con ese país para la lucha contra la impunidad.
Por Alexander Valdéz
El pasado fin de semana se confirmó que el candidato a diputado Manuel Baldizón, fue inscrito por orden del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y tiene activos dos procesos penales en Guatemala.
En relación con Baldizón, tres de los cinco magistrados consideraron que el hecho de que exista sentencia emitida en el extranjero, esta no tiene por qué tener repercusión en Guatemala.
“La soberanía de un Estado se manifiesta, entre otras cosas, a través del ejercicio exclusivo del poder jurisdiccional”, indica parte del fallo que permite la participación de Baldizón en las elecciones de este año.
Según la acusación que hizo en EE. UU. Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”.
Baldizón no solo fue condenado por ese señalamiento, actualmente enfrenta dos procesos por corrupción; el caso Transurbano y Odebrecht; por el segundo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que no se había opuesto a su libertad, solicitó que vuelva a prisión.
La resolución tuvo los votos disidentes de los magistrados Ranulfo Rafael Rojas Cetina y de Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños. La presidenta Irma Elizabeth Palencia Orellana, Mynor Custodio Franco Flores y Álvaro Ricardo Cordón Paredes, estuvieron a favor.
Baldizón y sus hijos buscan ocupar curul en el Congreso de la República por el partido político Cambio.
Las contradicciones
A diferencia de Baldizón, quienes no corrieron la misma suerte fue el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Freddy Freddy Arnoldo Salazar Flores y el alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, ambos fueron pedidos en extradición en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, por esa razón el TSE no permitió que fueran inscritos.
Tanto Salazar Flores como Marroquín Tupas, buscan participar en las elecciones generales. El diputado del Parlacen aspira a una curul en el Congreso y el alcalde intenta reelegirse en el cargo.
El TSE negó la inscripción de estos dos candidatos por la acusación que hizo EE.UU.. En estos casos sí se tomó en cuenta la acusación en otro país y lo tipificado en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que establece que un requisito indispensable de un aspirante a cargo público es la idoneidad y honradez.
“Existe un compromiso bilateral entre Estados, de cooperar en el combate de la criminalidad, principio de la justicia universal, lo que propicia la protección de los ciudadanos, así como el mantenimiento de la paz y el orden público; en ese sentido, debe interpretarse de conformidad a los compromisos internacionales que los gobiernos de la República de Guatemala y de los Estados Unidos de América han adquiridos para la lucha contra la impunidad y los hechos delictivos de principio universal”, fue el fallo dictado por el Registro de Ciudadanos y ratificado por el pleno del TSE en ambos casos.
“Ausencia de criterios”
El abogado Edgar Ortiz expuso que ha existido una ausencia de criterios para la inscripción o exclusión de determinados aspirantes. “Yo quiero reaccionar a una cuestión central de esa resolución: la ausencia de criterios claros para rechazar candidaturas”, puntualizó.
Ortiz puso como ejemplo los casos de Baldizón y Jaime Martínez Loayza, condenado por corrupción y candidato a alcalde de Jutiapa por el partido Valor-Unionista. “En los casos Baldizón (expediente 930-2023) y Martínez Lohayza (expediente 392-2023) el TSE establece que una sentencia penal pasada o un proceso penal en curso, no desvirtúan la “idoneidad” y por tanto no inhabilitan las candidaturas”.
Sin embargo, ejemplifica lo anterior con lo resuelto en el caso de Freddy Arnoldo Salazar Flores, quien es requerido en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, y a quién el TSE no permitió inscribirse por esa acusación.
“En otro caso (Freddy Salazar) decidió que un candidato con proceso de extradición pendiente no puede participar. ¿Y la soberanía y la presunción de inocencia mencionadas antes?”, agregó.
A esa afirmación se suma la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEGT), que expuso que las contradicciones en la inscripción de candidatos ponen en peligro la credibilidad de las elecciones.
“Estas contradicciones e incoherencias a la hora de inscribir o denegar inscripción de candidatos ponen en peligro la credibilidad del proceso electoral. El TSE, como autoridad llamada a defender y garantizar la legalidad y legitimidad de las elecciones, debe comprometerse a garantizar la aplicación consistente y estandarizada de criterios para calificar las candidaturas que sean sometidas a su consideración. De lo contrario, el entorno de desconfianza y confusión castigará la integridad del proceso electoral 2023”.
Impugnan inscripción
El partido Podemos es el único que de momento ha impugnado la inscripción de Baldizón. Consideran que dicha inscripción violenta el artículo 113 de la Constitución Política de la República en el que se establece la idoneidad y así también se violenta el principio y el derecho de igualdad.
“Parece una aberración jurídica que se esté realizando eso por parte del Tribunal Supremo Electoral. También nos apoyamos en dos votos razonados de 2 magistrados del Tribunal que ellos mismos se incorporan dentro de la resolución, en los datos que establecen cómo fue que Manuel Baldizón y para qué recibió dinero proveniente del narcotráfico”, afirmó Pineda.
Por esa agrupación, Roberto Arzú y David Pineda buscan participar como binomio presidencial, sin embargo, al igual que Thelma Cabrera y Jordán Rodas, no fueron inscritos y su pelea continúa en las Cortes del país.
Al rechazo de la inscripción de Baldizón se sumó el Cacif, que a través de un comunicado hizo un llamado al TSE a cumplir la Constitución en las resoluciones para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular.
“Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”, comunicó el Cacif.
A estos casos de discrecionalidad en las inscripciones se suman los casos de Zury Ríos y la del candidato vicepresidencial de la UNE, Romeo Guerra, ambos con prohibición constitucional según el Artículo 116, pero cuyas candidaturas fueron avaladas por el TSE.
