El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, opinó que con la condena que recibió Manuel Baldizón en Estados Unidos por lavado de dinero, su presunción de inocencia fue quebrantada. Sin embargo, no fue un obstáculo para que magistrados del TSE permitieran su inscripción.
Por Regina Pérez
Tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideran que Manuel Baldizón condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, puede participar como candidato a diputado en la casilla uno del listado nacional por el partido CAMBIO, con el argumento de que no hay una sentencia en su contra.
La magistrada Irma Palencia, presidenta del TSE, el magistrado Mynor Franco y el magistrado suplente Álvaro Ricardo Cordón, declararon procedente la inscripción de Baldizón, quien además enfrenta dos procesos penales en Guatemala. Uno por el caso Odebrecht y el segundo por el caso Transurbano. En tanto los magistrados Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera votaron de manera razonada.
De acuerdo con la resolución de los magistrados, quienes conocieron un recurso de nulidad presentado por el secretario general de CAMBIO, Edwin Flores, no existe un pronunciamiento judicial firme sobre el candidato que le impida participar en las elecciones generales. Flores argumentó que “es falso que Manuel Antonio Baldizón hubiera sido condenado en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero”.
En cuanto a las causas penales a las que Baldizón está ligado a proceso en Guatemala, Flores hizo referencia a la resolución emitida en otro caso por el TSE que indica que “no se aceptará simplemente la existencia de procesos penales sin resolución firme para impedir la inscripción de un candidato” y exigió el mismo tratamiento legal para el precandidato.
Entre los informes circunstanciados enviados al TSE por la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público (MP) señalan que no existen registros sobre sentencias condenatorias y/o beneficio de medidas desjudicializadoras dictadas en contra de Baldizón, ni aparece registrado ninguna otra causa penal.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó por su parte que el aludido está sujeto a un proceso penal, el cual se decretó en reserva el 7 de octubre de 2022, así como en otra carpeta judicial a la que tampoco se puede acceder a información por estar bajo reserva.
Resulta evidente que no existe un pronunciamiento judicial firme que permita a este Tribunal restringir el ejercicio de los deberes y derechos políticos del ciudadano Manuel Baldizón por lo que, en tanto no exista sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, este órgano tiene la obligación de garantizar sus derechos, anotaron los magistrados, tras lo cual declararon procedente la inscripción.
Lo anterior contrasta con otras actuaciones del TSE, especialmente en el caso del exprocurador Jordán Rodas, candidato a la vicepresidencia del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), cuya inscripción fue denegada luego de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) notificara que Rodas tenía una denuncia en su contra.
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Hasta la fecha, se desconoce el avance de dicha denuncia en el MP, sin embargo ha sido determinante para impedir su participación en las elecciones generales de 2023.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), indicó que esto evidencia la discrecionalidad del TSE en cómo ha resuelto las peticiones de inscripción. De forma hipócrita se navega con la bandera del debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia, lo cual debe de respetarse pero en todos los casos, señaló.
De acuerdo con el exfiscal, los dos procesos a los cuales Baldizón está ligado en Guatemala están relacionados a una condena en Estados Unidos, en la cual él reconoció que con fondos del narcotráfico financió su campaña política en el país, en 2015. Con ello, la presunción de inocencia ya fue quebrantada porque él mismo se declaró responsable de esas ilegalidades y no obstante, se denota los compromisos que tienen los distintos magistrados con ese personaje, dijo Sandoval.
Baldizón intentó llegar a la presidencia en 2011 y 2015 por el partido Libertad Democrática Renovada (LÍDER).
El excandidato a la presidencia fue deportado de Estados Unidos en octubre de 2022, tras lo cual fue ligado a dos procesos penales en Guatemala, pero salió en prisión en enero de 2023 luego de pagar una millonaria fianza y el 15 de febrero la FECI, a cargo de Rafael Curruchiche, pidió que se le revocaran las medidas sustitutivas.
Aunado a los dos procesos penales, Baldizón tiene investigaciones en su contra por bienes inmuebles que presuntamente adquirió de forma ilícita y que están bajo control del Juzgado de Extinción de Dominio.
El exfiscal recordó que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Baldizón también tiene magistrados que operan a su favor, ya que al menos la mitad de sus integrantes fueron electos por diputados de su partido, el extinto LÍDER, en el Congreso, en 2014.
En sus argumentos para denegar la inscripción de Baldizón, los magistrados Aguilera y Rojas manifestaron que haber sido condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, contraviene el artículo 113 de la Constitución sobre el requisito de honradez, así como existir limitante por las acciones en el MP por la supuesta comisión de los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.