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Vecinos de Asunción Mita pidieron el cierre del proyecto minero Cerro Blanco debido al impacto que este tendrá en la comunidad y en las fuentes de agua que abastecen al municipio y las cuales comparten con El Salvador. La solicitud se realizó durante una reunión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. En el encuentro la ministra de Ambiente, Patricia Orantes señaló que han presentado tres denuncias y que trabajan con la Contraloría General de Cuentas el proceso que podría llevar a anular la licencia.

Por Prensa Comunitaria

“¡Paren la minería, la minería extractiva! ¡No nos desamparen! Vayan al lugar, y no ahí está pues, a menos de 90 kilómetros. Si quieren, yo los acompaño. Ustedes son representantes nuestros, por el amor de Dios. Acciones son las que necesitamos que tomen hoy. Si ustedes hoy no lo hacen ¿a cuántos van a matar? a ¿cuántos van a llevar en su conciencia? El tener oro en mis pies no me significa comprar la vida. Yo solo vine a exponerles la desgracia a la que nos están llevando y espero que tomen la decisión de salvarnos”, dijo Edgar Arturo Ramírez uno de los pobladores de Asunción Mita, Jutiapa, ante la reactivación del proyecto minero Cerro Blanco. Ramírez fue uno de los representantes de los pobladores que acudió este miércoles 24 de abril a una reunión organizada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

La actividad contó con la presencia del presidente del Congreso, Nery Ramos, quien es representante del distrito de Jutiapa y también asistieron la ministra de Ambiente, Patricia Orantes y el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Orantes, dio a conocer durante la citación que presentó tres denuncias ante el Ministerio Público (MP) por aparentes anomalías en el expediente que autorizó a la minera cambiar la explotación de modalidad subterránea a cielo abierto.

“Haciendo una auditoría interna dentro del Ministerio se vio que todo el proceso para autorizar esa licencia del 9 de enero tuvo enormes anomalías que dan vergüenza. Firmas falsificadas, sellos falsificados, folios extraídos y por eso hay denuncias ante el Ministerio Público y es por eso que estamos levantando un proceso junto a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para terminar de auditar, hacer el dictamen correspondiente y seguir el proceso que tenemos que seguir, yo asumo que vamos a tener que anular esa licencia”, expresó la ministra de Ambiente.

Por su parte, el presidente del Congreso, Nery Ramos, declaró al término de la reunión que dará seguimiento “a la toma de decisión que corresponde a las autoridades de Ambiente y Energía y Minas para solucionar ese conflicto lo antes posible”.

Entregan acuerdo

Los diputados del Parlacen entregaron al Congreso una resolución en la que solicitan que los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Energía y Minas cancelen los permisos para la operación del proyecto minero en la que tanto guatemaltecos como salvadoreños comparten la preocupación.

“Recomendamos al Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República de Guatemala, reconsiderar la resolución por medio la cual se autorizó la licencia ambiental, que autoriza el proyecto minero Cerro Blanco (Asunción Mita, Jutiapa), para la explotación minera a cielo abierto, y de realizar una auditoría ambiental del proyecto, para que se verifique la situación actual y el cumplimiento de las medidas de mitigación y prevención establecidas en las leyes ambientales de la República de Guatemala, procurando la preservación de los recursos naturales hídricos y terrestres de ambos países”, señala la resolución aprobada por el Parlacen en la sesión mensual de marzo.

Carlos Barreda, diputado por Guatemala al Parlacen declaró que el documento fue aprobado por 89 de 126 diputados del ente centroamericano y que además invita a la instalación de una “comisión binacional entre Guatemala y El Salvador, al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que evite la contaminación, y procure la protección y preservación de las cuencas compartidas”.

Polémico proyecto minero

En 2007, la empresa Entremares S.A., dueña del proyecto extractivo, obtuvo el permiso para operar el proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa.

La posición del terreno complicó la operatividad del proyecto por estar sobre una superficie geotermal ocasionando que los túneles de la mina se inundaran en repetidas ocasiones cuando se realizaron las excavaciones. Al ver esto, la empresa solicitó un permiso de dos años para suspender sus operaciones. Luego de este tiempo, si no empezaba a funcionar debía de ser cancelada y cerrada, de acuerdo a la Ley de Minería.

Pero la cancelación nunca llegó y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) habría mantenido vigente la licencia de explotación bajo el argumento de que los túneles estaban en “fase de mantenimiento”.

Poco después, la empresa Entremares se asoció con la minera Goldcorp, también empresa canadiense, pero para 2013, vendió sus acciones porque el proyecto seguía inundándose. Las acciones fueron compradas por Bluestone Resources.

Para diciembre de 2021, Bluestone Resources presentó ante las autoridades gubernamentales una propuesta para reactivar la mina utilizando una actualización del mismo estudio de impacto ambiental que presentaron hace 14 años, pero con un evidente cambio: la mina ya no sería subterránea sino a cielo abierto.

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La población de Asunción Mita pide respetar el “No” al proyecto minero Cerro Blanco

El rechazo de los vecinos a Cerro Blanco

El 18 de septiembre de 2022, organizaciones y población de Asunción Mita realizaron una Consulta Municipal de vecinos basada en el Código Municipal en la que se preguntó a los habitantes si estaban de acuerdo o no con el proyecto minero.

Un total de 7 mil 481 personas votaron por el NO a la minería, mientras 904 votaron por el SÍ, el resultado de la Consulta Municipal de vecinos es vinculante de forma directa.

En septiembre de 2023, la transnacional presentó una acción de inconstitucionalidad contra tres de los artículos del Reglamento de la Consulta Municipal en la que se basó el plebiscito sobre minería a la población de Asunción Mita.

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Cómo el gobierno de Giammattei salió a la defensa de la mina a la que un pueblo ya dijo NO

La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender los artículos, temporalmente, y eso dejó sin efecto los resultados, pero también la participación del Concejo Municipal, la Iglesia católica, y los vecinos que conformaron la Comisión de Coordinación.

En octubre de 2023, la CC emitió otro fallo favorable a la minera, en la que le permitió continuar gestionando el permiso para reactivar la mina a cielo abierto.

Lo controversial del caso es que a escasos cinco días de que finalizara el gobierno de Alejandro Giammattei, el 9 de enero pasado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le aprobó a la minera modificar el instrumento ambiental. Luego de esto, Bluestone emitió un comunicado en el que anunció que iniciaría la explotación de oro y plata.

Además, la transnacional señaló que el MEM también actualizó la licencia aprobada de Cerro Blanco para que coincida con la modalidad de explotación a cielo abierto.

Advierten sobre riesgos en la salud y el ambiente

En noviembre de 2022, el medio de comunicación La Voz de América publicó un extenso artículo en el que advertía sobre los riesgos ambientales y de salud en caso Guatemala autorizara a la minera realizar la explotación minera de Cerro Blanco a cielo abierto.

El medio de comunicación consultó a la bióloga salvadoreña e investigadora de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), Cidia Cortés, quien advirtió que uno de los principales problemas con la extracción minera a cielo abierto es la liberación del gas radón, una de los principales gases que producen cáncer.

El reportaje de la Voz de América también advierte que la minera tiene planeado verter en los ríos Ostúa y Lempa los líquidos sobrantes de la actividad minera.

A las autoridades de El Salvador les preocupa la contaminación del río Lempa, ya que uno de sus afluentes tiene conexión con el lago de Güija, lo que pondría en peligro a más de 3 millones de personas que viven cerca de la orilla del río.

El 24 de enero pasado la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, dio a conocer al embajador de Guatemala, Rubén Nájera, la preocupación de El Salvador y la contaminación de las aguas del río y pidió la conformación de una instancia binacional por la autorización del proyecto minero a cielo abierto.

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